Baudelia Medina Islas
Expediente 521/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2020
Partes del expediente
- Baudelia Medina Islas
Actuaciones
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio 16244-VI suscrito por la actuaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, del que se desprende que el citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por esta autoridad, de igual forma, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 521/2020-XII, promovido por la quejosa BAUDELIA MEDINA ISLAS, del que se desprende que le correspondió el número 554/2020-IV, de su índice. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Julio César Sarmiento Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, seis de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por BAUDELIA MADINA ISLAS, contra el acto y la autoridad que en la misma se precisan. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 521/2020-XII. Genérese el expediente electrónico e impreso. La parte quejosa solicitó la apertura del incidente de suspensión; sin embargo, no se atenderá su solicitud, por el sentido que se le dará al siguiente proveído. Incompetencia Ahora bien, la promovente de amparo, en su escrito inicial de demanda, reclama del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación número Dos del Sistema Penal Acusatorio Región III de Santa María del Oro, Nayarit, el siguiente acto reclamado: "La omisión para acordar las solicitudes formuladas por la suscrita recibidas con fecha siete de agosto de dos mil veinte". Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo, que se plantea, en términos de lo dispuesto por los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo; así como del numeral 37, fracción I, inciso b), y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, en el presente asunto, de la demanda de amparo y de los anexos que la acompañan, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la omisión del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación número Dos del Sistema Penal Acusatorio Región III de Santa María del Oro, Nayarit, para acordar las solicitudes formuladas por la suscrita recibidas con fecha siete de agosto de dos mil veinte, en el cual se solicita la devolución de un bien inmueble que fue asegurado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación NAY/SMO-III/RH/4311/2019 de su índice; asimismo, la promovente considera que con ello se violaron en su perjuicio el derecho humano tutelado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. Los artículos 51, fracción I, y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen lo siguiente: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.. "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y (ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la interpretación gramatical del precepto legal transcrito en primer término, se advierte que los Jueces de Distrito en Materia Penal conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal, contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Por otro lado, de la disposición transcrita en segundo término, se desprende que los Juzgados de Distrito Especializados en Materia Administrativa conocerán de los amparos que se promuevan cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden. Ilustra lo anterior, por analogía la tesis en materia penal P. XII/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, julio de 2001, página 7, registro 189338, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO ESPECIALIZADO EN ESA MATERIA EL CONOCIMIENTO DE UN RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE UNA SENTENCIA QUE DETERMINE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ FACULTADO PARA DICTAR MEDIDAS TENDENTES A ASEGURAR LOS BIENES RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN DE UN DELITO. Es competente un Tribunal Colegiado en Materia Penal para conocer del recurso de revisión en el que se reclama la resolución dictada por un Juez de Distrito que niegue el amparo al peticionario de garantías, al estimar que el Ministerio Público se encuentra legalmente facultado para dictar medidas tendentes a asegurar los bienes relacionados con la investigación de un ilícito. Ello es así, porque los actos procedimentales emitidos en la etapa de la averiguación previa por el Ministerio Público, consistentes en el aseguramiento, conservación y retención de bienes relacionados con la investigación de un delito tienen naturaleza intrínsecamente penal, pues aunque el titular del Ministerio Público es una autoridad administrativa que tiene a su cargo la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, cuando actúa en la fase de averiguación previa, que forma parte del procedimiento penal, lo hace en ejercicio del imperio que le otorgan los artículos 20, fracción X, 21 y 102 de la Constitución Federal, por lo que su proceder como titular exclusivo de la acción penal y encargado de aportar al juzgador las pruebas relacionadas con la acreditación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del procesado, apoyándose en disposiciones aplicables en materia penal, sólo puede ser calificado como una actividad de contenido penal. Esto es, cuando se trata de actos o abstenciones del Ministerio Público en la averiguación previa, no es suficiente estimar que por tratarse de una autoridad administrativa, los actos que emita revistan también ese carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto, se debe atender a la naturaleza del mismo, de modo que si éste se sujeta a disposiciones de naturaleza penal, debe considerarse que corresponde a esa materia aunque provenga de una autoridad administrativa.". En el caso, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación número Dos del Sistema Penal Acusatorio Región III de Santa María del Oro, Nayarit, para acordar las solicitudes formuladas por la suscrita recibidas con fecha siete de agosto de dos mil veinte, en el cual se solicita la devolución de un bien inmueble que fue asegurado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación NAY/SMO-III/RH/4311/2019 de su índice, de ahí que, como se dijo, el acto reclamado proviene de una carpeta de investigación que en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas o denuncias que originan la apertura de una carpeta de investigación, por ende, se concluye que el acto reclamado, al derivar de una carpeta de investigación que es una etapa correspondiente al proceso penal, quien debe conocer del asunto es un juez especializado en dicha materia. De ahí que se está en presencia de actos de naturaleza penal. Por tanto, se estima que, respecto del acto reclamado precisado, debe conocer un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Nayarit en turno, y no uno en materia administrativa. Esto es así, porque además de lo expuesto en párrafos precedentes, el acto reclamado reseñado no constituye resoluciones dictadas en un procedimiento del orden administrativo, ni se trata de un amparo contra leyes en materia administrativa, razón por la cual no se actualizan los supuestos contenidos en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por ese motivo este Juzgado de Distrito es incompetente en razón de la materia, para conocer del juicio de amparo de mérito. En consecuencia, atento a lo dispuesto en el ordinal 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase la demanda de amparo promovida por BAUDELIA MEDINA ISLAS, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Nayarit, para que a su vez la remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio del promovente y autorizado Se tiene como domicilio de los promoventes para recibir notificaciones el que mencionan en la demanda de amparo. Por autorizado a ********************, en términos del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuenta con cédula profesional debidamente registrada ante el Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas, previa acreditación de la personalidad del solicitante en autos; siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo, reservada o confidencial. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se habilitan días y horas inhábiles a fin de que realice las notificaciones de carácter personal, acatando el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. Notifíquese; y, personalmente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ, Secretario que autoriza y da fe.iniciales
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