Basilio Vicuña Méndez
Expediente 1048/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Basilio Vicuña Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Basilio Vicuña Méndez y Cristóbal Ramos Cámara; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1048/2022-7, promovido por *********, contra el acto que reclaman del Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio 9795/2022 recibido el veintinueve de junio de dos mil veintidós, por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco remitió el original del juicio de amparo 1047/2022-VII del índice del citado órgano federal. Constancias de las cuales se advierte que el citado homólogo federal, mediante auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, declinó competencia para conocer del asunto por conocimiento previo de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en el cual ********* presentaron demanda el veintidós de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común, en la cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO A).- La omisión de la autoridad responsable de dictar la resolución que en derecho corresponda en el toca civil 526/2018-II, deducido del juicio ordinario civil de responsabilidad civil de pagos de daños y perjuicios 210/2016, de índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2 Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1048/2022-7 se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza del acto reclamado, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de resolver el toca civil 526/2018-II, deducido del juicio ordinario civil de responsabilidad civil de pagos de daños y perjuicios 210/2016, de índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierta la omisión atribuida al Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, puesto que de las manifestaciones que se desprenden de su informe junto con las constancias que obran agregadas en autos -relacionadas en el apartado respectivo de la audiencia constitucional- se desprende que corresponde a diversa autoridad la obligación de dictar la sentencia que en derecho corresponda en el toca de apelación fuente del reclamo. Documentales públicas rendidas por las autoridades responsables adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Sin que sea óbice a este órgano de amparo que, por lo que atañe a imputación de establecer medidas tecnológicas o de otro tipo que permitan desarrollar el trámite procesal en materia jurisdiccional, escapa a las facultades inherentes de su encargo puesto es un hecho notorio que no cuenta con facultades para realizar actos jurisdiccionales. En virtud de lo anterior, se considera que el acto atribuido a la citada autoridad responsable deviene inexistente, por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El magistrado presidente de la Sala Civil responsable, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto sintetizado en el considerando segundo de esta ejecutoria. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las propias manifestaciones vertidas en el informe junto con la constancia que adjuntó al mismo, de la cual se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda -veintidós de junio de dos mil veintidós- efectivamente no se había resuelto el toca civil 526/2018-II de su índice; lo cual constituye la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable al encontrarse corroborado con la documental precitada. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, de la copia certificada remitida por el magistrado presidente de la Sala Civil responsable, se advierte que, mediante sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, resolvió el toca civil 526/201-II, relativo al recurso de apelación interpuesto por ********* -aquí quejosos-, por medio de la cual se revocó la sentencia definitiva de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, emitida en el juicio ordinario civil de Responsabilidad Civil de Pagos de Daños y Perjuicios 210/2016, del registro del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Circuito Judicial de Centro, Tabasco. Luego, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veintidós de junio de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable pues no se había emitido un acuerdo respecto del escrito por el cual promovió el incidente de reducción de pensión alimenticia en el expediente natural; sin embargo, en la data en que esta juzgadora resuelve este sumario constitucional, los efectos de dicho acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. Por tanto, en consideración a lo antes plasmado, surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada del toca civil 526/2018-II, que anexó a su informe justificado, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se dejan por cuerda separada al juicio, quedando a disposición de las partes para su consulta, en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada que anexó a su informe justificado, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.
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