Basilio Hernández Hernández
Expediente 483/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Basilio Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA QUEDADO FIRME el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional se abstenga de realizar el computo a que se alude en la certificación de cuenta a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia; ello, en virtud de que en el presente sumario constitucional se determinó sobreseer fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE-.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Común, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como pruebas de la responsable en comento las documentales que anexa a su informe, las que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, con las mismas fórmese el anexo uno. Ahora bien, de las constancias que acompañó la fiscal responsable se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando el quejoso exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con número de registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, con número de registro 173878, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el quejoso reclama la omisión de ordenar la devolución de una camioneta de su propiedad marca Chevrolet Cheyenne, cabina extendida, 4 x 4, cuatro puertas, modelo 2002, color azul índigo, número de serie 1GCEK19T92Z263931 y placas de circulación TC-7389-Z. Al respecto, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se desprende que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Común, con residencia en esta ciudad, en los autos de la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/01724/2021 de su índice, emitió el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordena la devolución del vehículo Chevrolet Cheyenne, cabina extendida, 4 x 4, cuatro puertas, modelo 2002, color azul índigo, número de serie 1GCEK19T92Z263931 y placas de circulación TC-7389-Z, acuerdo que fue notificado el diez de noviembre del año en curso. Documentales, a las cuales se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de ordenar la devolución del citado automotor; por tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En esa virtud, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada María Santos Flores Martínez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Delegado Regional VII de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; no obstante, que refiera que lo rinde en cumplimiento al oficio 14989/2021, emitido en el incidente de suspensión, ya que en el presente juicio de amparo no se aperturó dicha incidencia. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada María Santos Flores Martínez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia de *****************, de trece de octubre de dos mil veintiuno, por la que ratifica en su contenido y firma su escrito presentado el seis anterior. En esas condiciones, del contenido del escrito del promovente presentado el seis del mes en curso, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, y se acuerda lo siguiente: Admisión. Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 33 fracción IV, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo que promueve Basilio Hernández Hernández, en contra de actos del Delegado Regional VII de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y de otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 8, 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apertura del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, toda vez que no se solicita expresamente, y tampoco este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, por los que tenga que decretarse de oficio y de plano la medida cautelar correspondiente. Se cita por analogía la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 848, con número de registro 194751, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL QUEJOSO SEÑALE EL CAPÍTULO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Fecha y hora de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo y 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Informe justificado. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, que deberá rendir en el plazo de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, en el que exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; bajo el apercibimiento que de ser omisas en rendir dicho informe, se presumirá cierto el acto que se les atribuye, salvo prueba en contrario; haciendo de su conocimiento que puede rendir su respectivo informe justificado a la cuenta de correo oficial de este órgano jurisdiccional "7jdo9cto@correo.cjf.gob.mx". Sanción en caso de omitir la rendición del informe justificado. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en el supuesto de no rendir el informe justificado o rendirlo, pero sin remitir las constancias necesarias para la solución del juicio, podrá ser sancionada, en su caso, con una multa de cien a mil veces el valor diario de unidad de medida y actualización, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis número XXIV.2o.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de 2017, Tomo IV, página 2548, con número de registro 2013419, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APERCIBIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL SOLICITARLO SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE GENERA SU FALTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 117 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN." Intervención del Agente del Ministerio Público Federal, adscrito a este juzgado. En otro contexto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV y 26, fracción III de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con la copia del escrito de demanda de amparo y notificándole mediante lista de acuerdos las resoluciones que se emitan en el presente asunto. Resulta aplicable la jurisprudencia número VI. 3o. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, julio- diciembre de 1988, página 673, con número de registro 230793, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca." Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1988, página 334, con número de registro 230205, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. NOTIFICACIONES AL ADSCRITO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO. SURTEN EFECTOS POR LISTA." Causas de sobreseimiento. Hágase saber a las partes que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello conforme al artículo 251 de la Ley de Amparo. Pruebas. Ahora bien, en relación a los documentos que exhibe como prueba documental, que ofrece como medio de convicción, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahoga dada su propia y especial naturaleza, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia respectiva. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá´ presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante María Santos Flores Martínez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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