Basilio Gutiérrez Jiménez

Expediente 1061/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1061/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Basilio Gutiérrez Jiménez
  • Basilio Gutiérrez Jiménez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dicha autoridad incluso no estaría legitimada para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que la autoridad responsable sólo podrá interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a la autoridad responsable. Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial a que firme los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca en representación de dicha junta, mediante el cual rinde su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, consistente en copias certificadas del laudo y notificaciones realizadas a las partes, en el juicio laboral 589/2020 (3), de su índice. Ahora bien, visto el estado de autos, se desprende que los actos reclamados de forma esencial consisten en: la omisión de dictar y notificar el laudo dentro del expediente 589/2020(3), del índice de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; lo que en el caso ya aconteció, como se aprecia de las constancias que anexa la autoridad responsable a su informe. En ese contexto, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. Recuérdese que en el caso en estudio, el acto reclamado esencialmente consiste en la omisión de dictar y notificar el laudo dentro del expediente 589/2020(3), del índice de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Luego, la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto en razón que, en esta data, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en representación de dicha junta, informando que con fecha veinticinco de noviembre del año en curso, dictó el laudo respectivo; asimismo, en seis de diciembre del año en curso, realizó la notificación respectiva a la parte quejosa, y al efecto anexó las constancias conducentes. En esas circunstancias, se considera que al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la responsable dictara el laudo correspondiente y notificara el mismo, es por lo que se considera, han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse destruido por completo de forma total e incondicional; además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos las catorce horas con cinco minutos del día diez de diciembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. Al caso, cobra vigencia por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que pase inadvertido que en el presente asunto a la presente data, no obre constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada, pues se considera que la circunstancia de que, en este caso, se haya sobreseído no causa ningún a agravio a dicha parte, puesto que, como ya se analizó, la causa de improcedencia que se actualiza en el presente asunto es manifiesta e indudable. Asimismo, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuaria Judicial Adscrita para que firme los oficios que deriven de la presente resolución Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de Julio César Morales Carrasco, apoderado legal del quejoso Basilio Gutiérrez Jiménez, mediante el cual solicita se gire instrucciones al personal encargado de realizar las notificaciones en este órgano jurisdiccional, a efecto de que emplace a juicio a la autoridad señalada como responsable. En ese sentido, dígasele al ocursante que visto el estado procesal que guardan los autos, y la certificación de cuenta, se desprende: - Que mediante proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, se ordenó reexpedir el oficio 9434 de quince de octubre - De la revisión de las constancias que integran el expediente físico y electrónico del presente expediente, se advierte, que el veinticinco de noviembre de los actuales se notificó a la autoridad responsable "Junta Especial Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca", el proveído de quince de octubre del año en curso, mediante el cual se le solicitó su respectivo informe justificado. Por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable para rendir su respectivo informe, en atención al artículo 117, de la Ley de Amparo. Lo anterior para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se desprende: - Que mediante proveído de quince de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, y se pidió a la autoridad responsable su informe justificado. - Asimismo, mediante proveído de diez de noviembre de los corrientes, se ordenó reexpedir el oficio de mérito. - De la revisión del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como del expediente físico, no obra la constancia de notificación respectiva, ni el citado informe. En tales condiciones, a efecto de evitar mayores dilaciones en la integración del asunto, reexpídase el oficio de que se habla; por tanto, instrúyase al actuario judicial adscrito para que de inmediato lo entregue a su destinatario; y hecho lo anterior, entregue la constancia respectiva a esta Secretaría, debiendo incorporarla al expediente electrónico. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de Julio Cesar Morales Carrasco, apoderado de Basilio Gutiérrez Jiménez, parte quejosa en el presente asunto, por lo que en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos anteriores.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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