Basilio Alfredo Tager Gamboa
Expediente 498/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Basilio Alfredo Tager Gamboa
- Comision Nacional de Agua
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual, remite respuesta en atención a la consulta formulada por este Juzgado Federal, a fin de determinar qué Órgano Jurisdiccional es competente para conocer el expediente *******el que se agrega a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Ahora bien, vista la certificación que antecede, tomando en consideración que el término que señala el ****el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, y únicamente se tiene como autoridad responsable en el presente asunto a la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en *** aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a lo siguiente: De la lectura íntegra de la demanda se observa que la promovente de amparo señala reclama de la autoridad responsable Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, lo siguiente: ".De la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, A.C., en su calidad de autoridad ejecutora, reclamó el oficio de 12 de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual pretende cobrar el suministro de agua potable, manifestando la inminente suspensión del servicio, sin contar con facultades para ello." En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia señalada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al artículo 1° fracción I y 5° fracción II, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Lo que encuentra sustento además en la jurisprudencia P./J. 92/2001, sustentada por el Pleno de la Corte, visible en la página 693 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 2001, Tomo XIV, registro 189353, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.", a partir de la cual se establece la posibilidad de advertir que en casos como el que así se analiza se evidencie de manera notoria y manifiesta que no está acreditado el carácter de autoridad del particular que se señala como responsable. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia PC.IV.A. J/45 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1641 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, registro 2019934, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Ello, pues como lo definen los criterios invocados al tratarse de una asociación civil señalada a quien se imputa el acto reclamado, se logra advertir que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, lo procedente es desechar la demanda. Así, la parte quejosa reclama el oficio a través del cual se realiza el cobro del suministro del servicio de agua potable en el Departamento 502, Torre A, Clúster 3, del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, ubicado en paseo de las Flores S/N, Palo Escrito, en Emiliano Zapata, Morelos, y la posible suspensión ante el incumplimiento de no cubrir con las cuotas establecidas para dicho suministro en el fraccionamiento. Por tanto, es evidente que no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, pues deriva de una relación regida por sus estatutos que existe entre la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil perteneciente al Departamento 502, Torre A, Clúster 3, del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, ubicado en paseo de las Flores S/N, Palo Escrito, en Emiliano Zapata, Morelos y la parte quejosa. Esto es así, a virtud de que la parte quejosa acredita ser colona del Conjunto Urbano Paraíso Country Club. Conforme lo anterior, resulta evidente que entre el peticionario de amparo y la Asociación de Colonos existe una relación regida por los estatutos aludidos y, lo reclamado a las autoridades responsables, se materializa en el contexto de una relación sustanciada entre la promovente y las personas que refiere fungen como administrador, presidente, secretario y tesorero de la mesa directiva de la Asociación de Colonos. Por tanto, se torna patente para este Juzgado Federal, que en la especie se está en presencia de una relación entre particulares, actuando en un plano de igualdad. En tal virtud, es inconcuso que los actos no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables -como se explicó- no tienen ese carácter. Para lo cual, conviene remitirse al texto de los artículos mencionados, que son del tenor siguiente: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5º. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Precisado lo anterior, se colige que, para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, el referido acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo y tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de autoridad, como se verá a continuación. Adicionalmente, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1º fracción I y 5º fracción II ambos de la Ley de Amparo transcritos, es dable inferir que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Al hilo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la procedencia del juicio de derechos humanos se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo expuesto, se aprecia que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Para el Alto Tribunal, resulta innegable que el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, no todo acto emitido por una mesa directiva de una Asociación de Colonos constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Luego, destacó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, dijo, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Constitución General de la República. Además, sostuvo que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, como lo estableció la Superioridad, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De las anteriores consideraciones, la Segunda Sala en comento llegó a la conclusión de que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, que las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, teniendo facultades expeditas, ya sea por sí o por conducto de otras autoridades, para imponer dicha voluntad de manera unilateral, imperativa y coercitiva, frente a la del gobernado, teniendo desde luego como límite, la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de aquél. Las consideraciones vertidas anteriormente obran en la tesis P. XXVII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Ligado con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En ese sentido se advierte que en el caso se combate el oficio de doce de enero de dos mil veintiuno, signado por el Presidente de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, a través del cual pretende cobrar el suministro de agua potable en el inmueble ubicado en Departamento 502, Torre A, Clúster 3, del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, ubicado en paseo de las Flores S/N, Palo Escrito, en Emiliano Zapata, Morelos y la posible suspensión de dicho servicio ante el incumplimiento de pago. Sin embargo, no puede soslayarse que el incumplimiento del pago del servicio de suministro de agua acordado, convenido o fijado por los miembros de una asociación civil no puede constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; además, dicha asociación, por su naturaleza jurídica, constituye en sí misma un contrato plurilateral, por lo que puede ejecutar los acuerdos tomados en sus asambleas que obliguen a sus integrantes, aun ante la inconformidad de éstos, lo cual, de ocurrir, dará lugar a un conflicto entre particulares, al tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, pues el acto en cuestión no es unilateral, ya que la obligación emerge en tanto se acepta, expresa o implícitamente, por ingresar a la asociación. Tampoco es un acto imperativo, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad mayoritaria en la toma de decisiones obligatorias a los miembros de la asociación, también lo es que ello responde a la propia esencia de la entidad y esas medidas son instrumentales para satisfacer las necesidades comunes. Además de no constituir un acto coercitivo, ya que aun cuando puede llegarse a suspender el suministro de servicios, esto obedece al ejercicio legítimo del derecho de retención de la obligación que genera cualquier vínculo contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes, en cuyo caso, quedan a salvo los derechos del inconforme para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente. Lo anterior, con apoyo también en la tesis I.11o.C.38 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2747 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, registro 2022873, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR." Asimismo, sustenta lo anterior la tesis III.4o.(III Región) 16 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Pág. 1074, de rubro: "ASOCIACIÓN CIVIL DE COLONOS. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO LLEVA A CABO EL COBRO DE CUOTAS PARA AUXILIAR A LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE CORRESPONDEN ORIGINARIAMENTE A ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". Por tanto, una asociación civil de colonos no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando lleva a cabo el cobro de los pago del servicio de suministro de agua convenido o fijado por los miembros de la misma asociación civil, aún en el supuesto que éstas sean para auxiliar a los Ayuntamientos Municipales en la realización de servicios públicos que corresponden originariamente a éstos, pues como se indicó, ello invariablemente partirá de las decisiones asumidas por los integrantes de la asociación, en la formas y términos pactados en los instrumentos constitutivos, de ahí que en caso de inconformidad, se deba plantear el reclamo ante las instancias ordinarias correspondientes. Igual consideración establece el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la tesis XIX.1o.A.C.9 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Pág. 2633, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LAS ASOCIACIONES CIVILES DE COLONOS NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO SE LES ATRIBUYEN ACTOS RELACIONADOS CON EL FIN COMÚN PARA EL QUE FUERON CREADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).", respecto a las asociaciones civiles, pues advierte que éstas no pueden considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando se les imputan actos relacionados con el fin común para el que fueron creadas, como acaece en el particular. Esto es así, pues ese proceder no necesariamente equivale al de una autoridad, ni afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, máxime que dicha conducta no está determinada en una norma general sino, acaso, en el pacto constitutivo de la asociación civil y su reglamento. Así, es inconcuso que los actos no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables -como se explicó- no tienen ese carácter. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo por cuanto a las autoridades analizadas en el presente apartado al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 62, fracción XXIII con relación al 1º fracción I y 5º fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. Ser*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual comunica que no acepta la competencia declinada devolviendo el expediente del juicio de amparo 498/2021-III del índice de este juzgado; al respecto, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la autoridad oficiante. En esas condiciones y como este órgano de control constitucional no comparte el criterio que sostuvo el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, se provee lo siguiente: Toda vez que este Juzgado de Distrito insiste en no conocer del asunto por los motivos expuesto mediante proveído de catorce de mayo del año en curso, emitido en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 46, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, así como en el artículo 27 del Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus COVID-19, SE FORMULA CONSULTA A LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS, por los motivos que enseguida se expondrán, por lo que deberá remitirse al correo electrónico alejandra.mendoza.nunez@correo.cjf.gob.mx, las constancias digitalizadas del presente asunto y que sustentan la determinación de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, cabe precisar que atendiendo lo expuesto por la quejosa en su demanda, se solicitó al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, el acceso al expediente electrónico 30/2021, del que se obtiene que efectivamente en ese órgano jurisdiccional se radicó el aludido juicio de amparo promovido por José Alfredo Álvarez González, contra actos de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua, Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata (SICAPEZ) y Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, donde reclamó: "La inminente suspensión del servicio de agua potable, así como el oficio de doce de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se pretende cobrar el suministro del vital líquido"; además se advierte que mediante auto de quince de febrero del año en curso, determinó admitir la demanda de amparo en ese juicio, encontrándose señaladas las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, de la lectura integral la demanda de amparo, se desprende que en esta instancia constitucional, la quejosa Basilio Alfredfo Tager Gamboa, esencialmente reclama lo siguiente: 1. De la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua y Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata (SICAPEZ), en su calidad de autoridades ordenadoras, la inminente suspensión del servicio de agua potable por parte de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, A. C. 2. De la Asociación de Colonos Paraíso Country, A. C., en su calidad de autoridad ejecutora, reclamo el oficio de doce de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual pretende cobrar el suministro de agua potable, manifestando la inminente suspensión del servicio, sin contar con facultades para ello. Asimismo, de los antecedentes vertidos en el escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que el acto reclamado por su parte constituye el mismo acto reclamado por José Alfredo Álvarez González. Lo anterior, deja de manifiesto, que tanto los actos reclamados en el citado juicio de amparo 30/2021, como los reprochados en el presente expediente derivan del mismo oficio de doce de enero de dos mil veintiuno, emitido por la Asociación de Colonos Paraíso Country, A. C., No es óbice lo señalado por el juez remitente al no aceptar conocer del presente asunto, pues la circunstancia que cada uno de los colonos integrantes de dicha asociación, incluida la quejosa deba dejar de pagar su cuota por el servicio del agua para estimar materializado el acto reclamado, pues pasa por alto que la aquí promovente como el quejoso en el citado juicio de amparo 30/2021 de su índice, combaten el aludido oficio de doce de enero de dos mil veintiuno, emitido por la Asociación de Colonos Paraíso Country, A. C.; de ahí que la particularidad apuntada en nada varía el señalamiento del mismo acto reclamado, lo que de ser el caso solo incidirá en el análisis que de manera particular se haga en torno a cada uno de los promoventes frente al acto reclamado. En ese contexto, este juzgador considera que no es competente para conocer y resolver del presente asunto; en atención a que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. En el entendido que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, a partir de su entrada en vigor, (catorce de marzo de dos mil dieciséis) instauró nuevamente el turno o asignación de asuntos mediante el sistema de relación, conminando a los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común para que antes de que asignen asuntos de manera aleatoria, verifiquen si deben remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguna de las hipótesis siguientes: a) Que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado. b) Que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía. c) Que las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. En el caso que nos ocupa se surte la hipótesis marcada con el inciso c), ya que en la demanda se combaten los mismos actos de autoridad materia del diverso juicio de amparo 30/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, aunque el promovente de amparo sea diverso; ello con relación al criterio de turno por asuntos relacionado contenido en la fracción siguiente: ".IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; ..." Conforme a lo expuesto, se estima que el presente juicio de amparo indirecto encuadra en los supuestos previstos para regir su turno por el sistema de asuntos relacionados, dado que los actos que aquí se ventilan consisten en: El oficio de doce de enero de dos mil veintiuno, emitido por la Asociación de Colonos Paraíso Country, A. C., y como consecuencia de ello se pretende cobrar el suministro del vital líquido y cortar el mismo. En ese sentido, si se reclaman los mismos actos a las mismas autoridades responsables, aun y cuando la parte quejosa sea diversa, dicha competencia se surte a favor del Juez que conoció en primer lugar de tales actos reclamados, por lo que se surte el criterio de conocimiento previo en favor del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos al conocer el primer lugar de la demanda de amparo 30/2021, por los mismos actos reclamados. Pues la finalidad de que dicho asunto se resuelva por el mismo órgano jurisdiccional (Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos) es que es éste quien conoció en primer lugar de los actos reclamados en el juicio de amparo en que se actúa, conocimiento debe aprovecharse para determinar la competencia a efecto de conocer del asunto posterior derivado de aquéllos y evitar posibles sentencias contradictorias, por lo que se insiste en declinar competencia en su favor por razón de conocimiento previo. No pasa por alto que no existe un pronunciamiento de fondo del asunto, sin embargo, el conocimiento previo puede configurarse, aún en éste caso. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes y constancias del expediente respectivo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Tesis: 2a./J. 51/2009 de rubro COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO b) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO A SU TEMPORALIDAD, refiere que el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado; b) se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía; y, c) las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por lo anterior, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiuno de mayo de dos mil quince y su reforma de catorce de marzo de dos mil dieciséis, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial de la Federación. Por identidad de razones jurídicas tiene aplicación la tesis XVII.2o.2 K (10a.), de la Décima Época, con número de registro: 2016445, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materia(s): Común, página: 3342 de rubro: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL TURNO DE LOS ASUNTOS." Por lo anterior se reitera que este juzgado Federal estima que corresponde al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, analizar el acto combatido por razón de turno (antecedente directo) y a efecto de garantizar la seguridad jurídica de las partes en conflicto. Ahora bien, toda vez que este tipo de conflictos no suspende la tramitación del juicio de amparo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince y su reforma de catorce de marzo de dos mil dieciséis, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se provee: PREVENCIÓN A efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la peticionaria de amparo para el efecto de que, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito bajo protesta de decir verdad, al que deberá acompañar copia para las partes, aclare su demanda en los términos que más adelante se detallan. ÚNICO. La impetrante de amparo señala como acto reclamado: ". 1.- De la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua y Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata (SICAPEZ), en su calidad de autoridades ordenadoras reclamo la inminente suspensión del servicio de agua potable por parte de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, A.C. 2.- De la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, A.C., en su calidad de autoridad ejecutora, reclamo el oficio de 12 de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual pretende cobrar el suministro de agua potable, manifestando la inminente suspensión del servicio, sin contar con facultades para ello." Sin embargo de la lectura de la demanda de amparo, en su capítulo de antecedentes refiere que: "En base a lo anterior, y al evidente abuso e irregularidades cometidas por el Consejo Directivo de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, A.C., en relación con las tarifas establecidas de su parte, de manera unilateral por el suministro del agua potable, he arribado a la determinación de no cubrir las cantidades de dinero por el suministro del vital líquido." De lo anterior se observa que los actos combatidos emanan del oficio de doce de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, A.C., en el que se hizo de su conocimiento las cuotas fijadas por el suministro de agua en dicho condominio y que de no cubrir tales pagos se le dejaría de abastecer de dicho líquido, el cual como refiere es una decisión unilateral del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, A.C. En tal virtud, es requisito necesario que la parte quejosa precise el acto que le atribuye a las diversas autoridades señaladas como responsables 1. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 2. Comisión Estatal del Agua, y 3. Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata (SICAPEZ); toda vez que de la demanda no se desprende algún acto en concreto que se les reclame, o bien que tengan intervención en la emisión del oficio combatido y en el inminente corte de suministro de agua que reclama, pues de lo narrado en la demanda, así como de las documentales anexas a su escrito, no se advierte la participación de dichas autoridades en el acto combatido; por tanto, se le requiere a efecto de que identifique el acto que le atribuye a cada una de las citadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página cincuenta y cuatro, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. Asimismo, encuentra apoyo por similitud, en la tesis I.4o.C. 26, sustentada por el Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.". APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa en el sentido que, de no subsanar la prevención, dentro del término que se le concede, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, únicamente se tendrá por designada como autoridad responsable a la restante autoridad por la que sí especificó expresamente el acto que le atribuye. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma a partir de las quince horas Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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