Bartolomé Redondo Villa
Expediente 1353/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bartolomé Redondo Villa
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que, en la especie, en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por Bartolomé Redondo Villa; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, archívese el presente asunto como concluido, (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
"...Vista la razón actuarial de tres de diciembre de dos mil veintiuno, suscrita por la actuaria judicial adscrita, llevador del presente expediente, de donde se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó su demanda intentada por los razonamientos ahí expuestos. En consecuencia, se ordena realizar la notificación del auto de referencia, así como las subsecuentes notificaciones dirigidas a la parte quejosa en el presente juicio, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos ..." AUTO DE 1-12-21 "... Demanda Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1353/2021. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6°, del mismo cuerpo de leyes ... se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, es decir, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que legitima a una persona para promover el juicio de amparo. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, y que motivó el presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso se duele de la omisión de dar respuesta a su petición presentada por escrito ante el director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. De ahí que se estima, no existe una afectación en la esfera jurídica de la justiciable que lo legitime para instar el juicio de amparo, ya que la afectación al derecho de petición se actualiza cuando la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a la petición que se le formula, dentro del plazo razonable que la ley le concede para tal efecto. Así, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, asimismo, el numeral 13 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece cuando no exista plazo señalado por la ley para dar respuesta a una petición, la autoridad responsable dispone de diez días para ello. Bajo esa idea, la Segunda Sala de la Suprema de la Justicia de la Nación, ha establecido criterio respecto de que la expresión "breve término" a que hace referencia el aludido precepto constitucional, debe entenderse como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Luego, del ordenamiento constitucional y tesis transcritos se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se estima que no existe afectación al derecho de petición de la quejosa, puesto que de la fecha en que presentó la petición y la de la presentación de la demanda de amparo, solo mediaron ocho días hábiles; ello, en virtud que su petición la realizó el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno y la demanda de amparo la presentó el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, quien la remitió a este órgano jurisdiccional ese mismo día; descontando sábado y domingo por ser inhábiles; por ende, se considera que la responsable no ha incurrido en la omisión de dar contestación a su petición, puesto que actualmente transcurre el plazo de diez días que la ley concede para ello, y ante lo cual, no existe una afectación a la esfera jurídica del justiciable que lo legitime a promover juicio de amparo en contra de la omisión planteada. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo ..."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1353/2021. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6°, del mismo cuerpo de leyes, que disponen: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)". De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, es decir, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que legitima a una persona para promover el juicio de amparo. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, y que motivó el presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso se duele de la omisión de dar respuesta a su petición presentada por escrito ante el director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. De ahí que se estima, no existe una afectación en la esfera jurídica de la justiciable que lo legitime para instar el juicio de amparo, ya que la afectación al derecho de petición se actualiza cuando la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a la petición que se le formula, dentro del plazo razonable que la ley le concede para tal efecto. Así, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, asimismo, el numeral 13 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece cuando no exista plazo señalado por la ley para dar respuesta a una petición, la autoridad responsable dispone de diez días para ello2. Bajo esa idea, la Segunda Sala de la Suprema de la Justicia de la Nación, ha establecido criterio respecto de que la expresión "breve término" a que hace referencia el aludido precepto constitucional, debe entenderse como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Así lo definió en la siguiente tesis, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. (.) Luego, del ordenamiento constitucional y tesis transcritos se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se estima que no existe afectación al derecho de petición de la quejosa, puesto que de la fecha en que presentó la petición y la de la presentación de la demanda de amparo, solo mediaron ocho días hábiles; ello, en virtud que su petición la realizó el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno y la demanda de amparo la presentó el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, quien la remitió a este órgano jurisdiccional ese mismo día; descontando sábado y domingo por ser inhábiles; por ende, se considera que la responsable no ha incurrido en la omisión de dar contestación a su petición, puesto que actualmente transcurre el plazo de diez días que la ley concede para ello, y ante lo cual, no existe una afectación a la esfera jurídica del justiciable que lo legitime a promover juicio de amparo en contra de la omisión planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633, Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. (.) En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio Se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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