Bartolome Chan Xuluc
Expediente 805/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Bartolome Chan Xuluc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ****, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual pretende señalar como autorizada para oír y recibir documentos a *****. En atención a lo anterior, con fundamento en el arábigo 12 de la ley de la materia, no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado por el promovente; lo anterior, toda vez que no puede delegar a favor de terceros las facultades que le fueron conferidas por la parte quejosa, pues esa potestad únicamente le corresponde a los contendientes en el juicio.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta [folio 14060] signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso oficio suscrito por el apoderado legal de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo , por virtud del cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan del mismo y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable, las siguientes: ? Oficio AGEPRO/DG/SDG/CJ/DT/0541/X/18 de dieciocho de octubre de dos mil diediocho. ? Oficio AGEPRO/DG/CJ/DT/540/X/2018 de la misma data. ? Citatorio de diecisiete de octubre inmediato anterior. ? Copia simple de la credencial para votar expedida a nombre de ***. Mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional. De igual manera, se tienen por designados con el carácter de delegados, a los profesionistas que menciona en el informe de cuenta, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en el mismo. Asimismo, como lo solicita la oficiante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, mediante oficio que al efecto se gire, hágase la devolución del documento con el que acredita su personalidad y que en copia certificada acompaña al informe de cuenta, asentando copia autorizada del mismo en el presente expediente. Ahora, de la lectura del informe de cuenta se advierte que la responsable señala ser cierto el acto reclamado, ya que hasta el momento de la promoción del presente juicio de amparo no había dado contestación al escrito del quejoso, de veinte de febrero de dos mil dieciocho, presentado el dos de marzo siguiente; sin embargo, el dieciocho de octubre del año actual, la responsable dio contestación a las peticiones contenidas en el citado ocurso, ello mediante oficio AGEPRO/DG/CJ/DT/540/X/2018, notificado en la misma data. Lo que acredita con las constancias que anexa a su informe justificado, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden de ideas, tal como se advierte de las constancias anexas al oficio de cuenta, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, toda vez que el dieciocho de octubre del año actual, la responsable, mediante oficio AGEPRO/DG/CJ/DT/540/X/2018 notificado ese propio día, dio contestación al escrito del quejoso presentado el dos de marzo de esta anualidad. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el estudio de las causales de improcedencia, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, conviene precisar que el acto reclamado por la parte quejosa lo hizo consistir en: La omisión de la responsable de dar contestación a su escrito de veinte de febrero de dos mil dieciocho, presentado el dos de marzo siguiente, así como la notificación del acuerdo respectivo. En ese sentido, de conformidad con lo que se ha venido exponiendo, se observa que la responsable dio contestación al escrito del quejoso presentado el dos de marzo de esta anualidad, mediante oficio AGEPRO/DG/CJ/DT/540/X/2018, de dieciocho de octubre del año actual, el cual le fue notificado esa propia data; por tanto, tal circunstancia pone de manifiesto en forma notoria e indudable que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que a su vez actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra indica: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así, del aludido precepto legal se colige que el motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fueran afectados por el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para que se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de la Materia. De ahí que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino es necesario que, aun sin hacer lo anterior, destruya todos los efectos del acto, en forma total e incondicional de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ello es así, puesto que la razón que justifica la causal de improcedencia en comento, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no exista huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, se ha establecido la actualización de la causal de improcedencia aludida, pues la demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cinco de octubre del año actual, en tanto, que el dieciocho siguiente, el Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Directora de Titulación, dio contestación al escrito del quejoso presentado el dos de marzo del año en curso, ello mediante oficio AGEPRO/DG/CJ/DT/540/X/2018, el cual le fue notificado el mismo día de su expedición, tal como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales fueron debidamente valoradas. En efecto, al actualizarse la causal de improcedencia aludida de manera notoria, manifiesta e indudable, de tal forma que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo la tesis P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con las documentales de cuenta, en la medida que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Finalmente, glósese el diverso oficio de cuenta [folio 14101] suscrito por el apoderado legal de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo; en atención a las manifestaciones vertidas en el mismo, así como a lo acordado en párrafos precedentes, dígasele que se deja sin efectos el apercibimiento contenido en acuerdo de trece de los actuales, al haber dado cumplimiento a lo requerido en dicho proveído.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días, otorgado al Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en acuerdo de cinco de los actuales, a fin de que remitiera copia certificada, completa, legible y ordenada de las constancias que se acompañó a su oficio de veintinueve de octubre del año en curso, sin que hubiere dado cumplimiento. En ese contexto, requiérase nuevamente al Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir de que reciba la comunicación respectiva, cumpla con lo requerido, esto es, remita copia certificada, completa, legible y ordenada de las constancias que se acompañó al citado oficio de veintinueve de octubre inmediato anterior. En el entendido que subsiste el apercibimiento contenido en proveído de cinco de noviembre de esta anualidad.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la misma.
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