Bartolo Rodarte Hernández

Expediente 532/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
532/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Bartolo Rodarte Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, a cinco de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa el oficio de cuenta, signado por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, de cuyo contenido se advierte que se acusa recibo del oficio por medio del cual, por haberse declarado legalmente incompetente este órgano jurisdiccional remitió el juicio de derechos 532/2021, así como que se aceptó la competencia y se asumió el conocimiento de dicho asunto. Bajo esas condiciones y al no existir diligencias pendientes por desahogar, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se determina que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por lo que una vez que transcurra el término de seis meses a que el citado punto vigésimo se refiere, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Notifíquese. ...

  2. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Bartolo Rodarte Hernández, contra actos de los Magistrados de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 18, y 21 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 532/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. De un estudio integral efectuado al escrito de demanda y anexos, se advierte que se reclama de los magistrados integrantes de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la sentencia definitiva de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 723/19-23-01-4, que declaró la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en el último considerando de dicho fallo. Para sostener dicha premisa es necesario transcribir el contenido del artículo 47, primer párrafo y 170, fracción I ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.)" En ese orden de ideas, atendiendo a que la parte quejosa reclama la sentencia definitiva de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 723/19-23-01-4, que declaró la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en el último considerando de dicho fallo; se colige que tal determinación se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una sentencia definitiva dictada por un tribunal administrativo que decidió el juicio en lo principal. Es aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/2014 (10a.), con registro 2005544, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, página 908, que se transcribe a continuación. "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, POR RAZÓN DE TERRITORIO, PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. REGLA PARA DETERMINARLA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose de sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio contencioso administrativo federal, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo promovido en su contra, debe fijarse atendiendo a la regla general prevista por el artículo 34, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto es, de acuerdo al domicilio donde reside la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que dictó la sentencia o resolución reclamada, como se prevé para el caso del recurso de revisión en materia contencioso administrativa, no así al lugar donde se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pues, además de que la regla especial de competencia prevista en el último párrafo del citado numeral no es acorde con la naturaleza del juicio de amparo directo, la citada regla general permite agilizar su trámite y resolución, evitando sentencias contradictorias y eventualmente conflictos competenciales por razón de territorio, cuando el juicio de amparo directo y el recurso de revisión deba resolverlos el mismo Tribunal Colegiado de Circuito, al derivar del propio juicio contencioso administrativo federal, o bien, por interponerse contra la misma resolución." Lo anterior máxime que, en el caso a estudio, al quejoso le asiste la suplencia de la queja deficiente en relación a la resolución definitiva reclamada, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, Bartolo Rodarte Hernández es actor en el juicio de nulidad 723/19-23-01-4, en el que se dilucidaron cuestiones atinentes al monto de pensión que recibe como trabajador jubilado. Por ello, la institución jurídica de la suplencia de la queja sí opera en su favor, pues al hacerlo en favor de un trabajador en activo, con mayor razón debe aplicarse al pensionado, porque no puede concluirse que sólo el trabajador activo es destinatario de tal institución jurídica y, en cambio, el ya pensionado, sin fuerza física para desempeñar la labor y mermado en sus ingresos -pues la pensión no comprende todos los conceptos que se perciben en activo- así como en su salud, ya no es merecedor de ese beneficio. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia XI.5o.(III Región) J/7 (10a.) aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, que indica: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DEL TRABAJADOR PENSIONADO. De una interpretación amplia y razonable de la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, generada a través de un ejercicio argumentativo concatenado y sólido obligado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por el método de interpretación a partir de los principios (de interpretación conforme a la Constitución, de equidad y justicia distributiva y donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir), el teleológico, el de autoridad, el histórico evolutivo, el a fortiori y el de reductio ad absurdum, derivados de los criterios gramatical y funcional, se concluye que la suplencia de la queja deficiente obligada por la citada norma ordinaria, aplica en favor del trabajador pensionado. En efecto, al tratarse de un juicio en el que la litis se refiere a la cuantificación de la pensión de un trabajador retirado, -derecho humano de segunda generación- la interpretación conforme debe optimizarlo en su favor. Así, la equidad y justicia distributiva -que obligan a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales- permiten estimar que en la etapa de retiro, el trabajador pensionado sigue colocado en desventaja y desigualdad respecto de su contraparte -sea el patrón o una institución de seguridad social- por lo que debe, con mayor razón, seguir siendo sujeto del beneficio de la suplencia de la queja deficiente; asimismo, si el legislador no distinguió que sólo tratándose de trabajadores en activo procedía la suplencia de la queja deficiente, el juzgador no debe dar dicho alcance restrictivo a la norma; además, la finalidad de la disposición a la que se le da sentido, estriba en lograr que el trabajador tenga la misma oportunidad de defensa que su contraparte en el juicio de amparo; teleología que, en contradictorios sobre concesión o cuantificación de haberes pensionarios, subsiste en favor de los trabajadores pensionados, dado que su condición de desigualdad no desaparece por el solo hecho de serlo y entrar en una etapa en la que, incluso, sus condiciones físicas y económicas se ven mermadas. Además, en términos del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" y del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el derecho de toda persona a disfrutar de una seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que le imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa, es un principio de equidad aplicable entre las partes contendientes en un juicio donde estén de por medio los derechos de la clase reconocida jurídicamente como más desfavorecida en esa relación, pues como así lo estimó la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6524/63, del que derivó la tesis de rubro: "SEGURO SOCIAL, LOS TRABAJADORES JUBILADOS GOZAN DE LOS BENEFICIOS DEL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXXXII, Quinta Parte, página 31, es inexacto que la relación de trabajo concluya con la jubilación que se otorga a un trabajador; amén de que, históricamente, la suplencia de la queja deficiente en materia laboral permite determinar que opera en favor de los trabajadores en retiro en toda su amplitud, debido a que si tal institución opera en favor del trabajador en activo y de sus beneficiarios, con mayor razón debe aplicarse al pensionado, pues de no estimarlo así, se llegaría al absurdo de que sólo el trabajador activo es destinatario de ella y, en cambio, ya pensionado, sin fuerza física para desempeñar la labor y mermado en sus ingresos (pues la pensión no comprende todos los conceptos que se perciben en activo) y en su salud ya no es merecedor de ese beneficio; considerarlo de esa forma, iría contra los derechos humanos de dignidad y seguridad social de todo pensionado, así como del principio de progresividad previsto en el artículo 1o. de la Carta Magna." Sin que se pierda de vista que, además de la sentencia definitiva, la parte quejosa reclama los actos consistentes en las resoluciones de veintiocho de mayo de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad demandada en el juicio de origen, en cumplimiento a la sentencia definitiva reclamada; así como la determinación de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la queja por defecto en el cumplimiento de la supracitada sentencia. Sin embargo, toda vez que en el caso, la sentencia definitiva fue señalada como acto reclamado, se colige que los actos posteriores al dictado de la misma que resultan ser consecuencia de dicho fallo, como lo son las determinaciones reclamadas de veintiocho de mayo de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, se encuentran subdjudice a lo que en su caso se resuelva en relación a la resolución que puso fin al juicio. De ahí que por el momento exista imposibilidad para entrar al estudio de los diversos actos reclamados. Por ende, será hasta en tanto la superioridad resuelva sobre la procedencia del amparo en contra de la resolución definitiva reclamada, que se pueda emitir una determinación sobre los actos reclamados en la etapa de ejecución de la sentencia tildada de inconstitucional. Se invoca por identidad jurídica, la tesis de la otrora tercera Sala de nuestro máximo tribunal en el país, con registro 269673, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXVII, Cuarta Parte, página 56, con el rubro y contenido siguiente: "SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA. NO CAUSAN ESTADO MIENTRAS EXISTA PENDIENTE EL JUICIO DE AMPARO CORRESPONDIENTE. Es cierto que de acuerdo con el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, la sentencia de segunda instancia pone término al juicio y, por lo tanto, causa ejecutoria por ministerio de la ley. Esto es verdad, sin embargo, únicamente en cuanto que no admite ya ningún recurso ordinario establecido por la ley común, puesto que el citado precepto nada dice, ni existe disposición alguna en el Código Procesal Civil, en relación a los fallos de segunda grado. Empero, la fracción III del artículo 107 constitucional, dispone que el amparo directo es procedente contra sentencias definitivas, dictadas en el juicio del orden civil, respecto de las cuales se han agotado los recursos ordinarios establecidos por la ley. Por tanto, cuando procede el amparo directo contra sentencias de segunda instancia, tiene que admitirse que el fallo que está impugnado en la vía extraordinaria, no causa estado sino hasta que su tramitación concluye por la resolución que recae en el juicio de amparo correspondiente, y mientras esto no ocurre, el pleito continua subjudice." Por lo ya expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara carecer legalmente de competencia para conocer y resolver la demanda de amparo planteada; por ende, se ordena remitirla al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizada en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Patricia Mayela Hernández Vaca (6700815) toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no contar con ese requisito se tiene como autorizada únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Ana María Aparicio Escobedo, así como a Guillermo Rodríguez Pérez, por así solicitarlo el quejoso; y como domicilio para tal fin el que señala en su ocurso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Bartolo Rodarte Hernández, contra actos de los Magistrados de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 18, y 21 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 532/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. De un estudio integral efectuado al escrito de demanda y anexos, se advierte que se reclama de los magistrados integrantes de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la sentencia definitiva de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 723/19-23-01-4, que declaró la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en el último considerando de dicho fallo. Para sostener dicha premisa es necesario transcribir el contenido del artículo 47, primer párrafo y 170, fracción I ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.)" En ese orden de ideas, atendiendo a que la parte quejosa reclama la sentencia definitiva de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 723/19-23-01-4, que declaró la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en el último considerando de dicho fallo; se colige que tal determinación se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una sentencia definitiva dictada por un tribunal administrativo que decidió el juicio en lo principal. Es aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/2014 (10a.), con registro 2005544, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, página 908, que se transcribe a continuación. "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, POR RAZÓN DE TERRITORIO, PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. REGLA PARA DETERMINARLA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose de sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio contencioso administrativo federal, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo promovido en su contra, debe fijarse atendiendo a la regla general prevista por el artículo 34, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto es, de acuerdo al domicilio donde reside la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que dictó la sentencia o resolución reclamada, como se prevé para el caso del recurso de revisión en materia contencioso administrativa, no así al lugar donde se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pues, además de que la regla especial de competencia prevista en el último párrafo del citado numeral no es acorde con la naturaleza del juicio de amparo directo, la citada regla general permite agilizar su trámite y resolución, evitando sentencias contradictorias y eventualmente conflictos competenciales por razón de territorio, cuando el juicio de amparo directo y el recurso de revisión deba resolverlos el mismo Tribunal Colegiado de Circuito, al derivar del propio juicio contencioso administrativo federal, o bien, por interponerse contra la misma resolución." Lo anterior máxime que, en el caso a estudio, al quejoso le asiste la suplencia de la queja deficiente en relación a la resolución definitiva reclamada, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, Bartolo Rodarte Hernández es actor en el juicio de nulidad 723/19-23-01-4, en el que se dilucidaron cuestiones atinentes al monto de pensión que recibe como trabajador jubilado. Por ello, la institución jurídica de la suplencia de la queja sí opera en su favor, pues al hacerlo en favor de un trabajador en activo, con mayor razón debe aplicarse al pensionado, porque no puede concluirse que sólo el trabajador activo es destinatario de tal institución jurídica y, en cambio, el ya pensionado, sin fuerza física para desempeñar la labor y mermado en sus ingresos -pues la pensión no comprende todos los conceptos que se perciben en activo- así como en su salud, ya no es merecedor de ese beneficio. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia XI.5o.(III Región) J/7 (10a.) aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, que indica: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DEL TRABAJADOR PENSIONADO. De una interpretación amplia y razonable de la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, generada a través de un ejercicio argumentativo concatenado y sólido obligado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por el método de interpretación a partir de los principios (de interpretación conforme a la Constitución, de equidad y justicia distributiva y donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir), el teleológico, el de autoridad, el histórico evolutivo, el a fortiori y el de reductio ad absurdum, derivados de los criterios gramatical y funcional, se concluye que la suplencia de la queja deficiente obligada por la citada norma ordinaria, aplica en favor del trabajador pensionado. En efecto, al tratarse de un juicio en el que la litis se refiere a la cuantificación de la pensión de un trabajador retirado, -derecho humano de segunda generación- la interpretación conforme debe optimizarlo en su favor. Así, la equidad y justicia distributiva -que obligan a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales- permiten estimar que en la etapa de retiro, el trabajador pensionado sigue colocado en desventaja y desigualdad respecto de su contraparte -sea el patrón o una institución de seguridad social- por lo que debe, con mayor razón, seguir siendo sujeto del beneficio de la suplencia de la queja deficiente; asimismo, si el legislador no distinguió que sólo tratándose de trabajadores en activo procedía la suplencia de la queja deficiente, el juzgador no debe dar dicho alcance restrictivo a la norma; además, la finalidad de la disposición a la que se le da sentido, estriba en lograr que el trabajador tenga la misma oportunidad de defensa que su contraparte en el juicio de amparo; teleología que, en contradictorios sobre concesión o cuantificación de haberes pensionarios, subsiste en favor de los trabajadores pensionados, dado que su condición de desigualdad no desaparece por el solo hecho de serlo y entrar en una etapa en la que, incluso, sus condiciones físicas y económicas se ven mermadas. Además, en términos del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" y del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el derecho de toda persona a disfrutar de una seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que le imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa, es un principio de equidad aplicable entre las partes contendientes en un juicio donde estén de por medio los derechos de la clase reconocida jurídicamente como más desfavorecida en esa relación, pues como así lo estimó la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6524/63, del que derivó la tesis de rubro: "SEGURO SOCIAL, LOS TRABAJADORES JUBILADOS GOZAN DE LOS BENEFICIOS DEL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXXXII, Quinta Parte, página 31, es inexacto que la relación de trabajo concluya con la jubilación que se otorga a un trabajador; amén de que, históricamente, la suplencia de la queja deficiente en materia laboral permite determinar que opera en favor de los trabajadores en retiro en toda su amplitud, debido a que si tal institución opera en favor del trabajador en activo y de sus beneficiarios, con mayor razón debe aplicarse al pensionado, pues de no estimarlo así, se llegaría al absurdo de que sólo el trabajador activo es destinatario de ella y, en cambio, ya pensionado, sin fuerza física para desempeñar la labor y mermado en sus ingresos (pues la pensión no comprende todos los conceptos que se perciben en activo) y en su salud ya no es merecedor de ese beneficio; considerarlo de esa forma, iría contra los derechos humanos de dignidad y seguridad social de todo pensionado, así como del principio de progresividad previsto en el artículo 1o. de la Carta Magna." Sin que se pierda de vista que, además de la sentencia definitiva, la parte quejosa reclama los actos consistentes en las resoluciones de veintiocho de mayo de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad demandada en el juicio de origen, en cumplimiento a la sentencia definitiva reclamada; así como la determinación de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la queja por defecto en el cumplimiento de la supracitada sentencia. Sin embargo, toda vez que en el caso, la sentencia definitiva fue señalada como acto reclamado, se colige que los actos posteriores al dictado de la misma que resultan ser consecuencia de dicho fallo, como lo son las determinaciones reclamadas de veintiocho de mayo de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, se encuentran subdjudice a lo que en su caso se resuelva en relación a la resolución que puso fin al juicio. De ahí que por el momento exista imposibilidad para entrar al estudio de los diversos actos reclamados. Por ende, será hasta en tanto la superioridad resuelva sobre la procedencia del amparo en contra de la resolución definitiva reclamada, que se pueda emitir una determinación sobre los actos reclamados en la etapa de ejecución de la sentencia tildada de inconstitucional. Se invoca por identidad jurídica, la tesis de la otrora tercera Sala de nuestro máximo tribunal en el país, con registro 269673, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXVII, Cuarta Parte, página 56, con el rubro y contenido siguiente: "SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA. NO CAUSAN ESTADO MIENTRAS EXISTA PENDIENTE EL JUICIO DE AMPARO CORRESPONDIENTE. Es cierto que de acuerdo con el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, la sentencia de segunda instancia pone término al juicio y, por lo tanto, causa ejecutoria por ministerio de la ley. Esto es verdad, sin embargo, únicamente en cuanto que no admite ya ningún recurso ordinario establecido por la ley común, puesto que el citado precepto nada dice, ni existe disposición alguna en el Código Procesal Civil, en relación a los fallos de segunda grado. Empero, la fracción III del artículo 107 constitucional, dispone que el amparo directo es procedente contra sentencias definitivas, dictadas en el juicio del orden civil, respecto de las cuales se han agotado los recursos ordinarios establecidos por la ley. Por tanto, cuando procede el amparo directo contra sentencias de segunda instancia, tiene que admitirse que el fallo que está impugnado en la vía extraordinaria, no causa estado sino hasta que su tramitación concluye por la resolución que recae en el juicio de amparo correspondiente, y mientras esto no ocurre, el pleito continua subjudice." Por lo ya expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara carecer legalmente de competencia para conocer y resolver la demanda de amparo planteada; por ende, se ordena remitirla al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizada en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Patricia Mayela Hernández Vaca (6700815) toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no contar con ese requisito se tiene como autorizada únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Ana María Aparicio Escobedo, así como a Guillermo Rodríguez Pérez, por así solicitarlo el quejoso; y como domicilio para tal fin el que señala en su ocurso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...

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