Bartola Mena Ramírez

Expediente 617/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
617/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Bartola Mena Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Bartola Mena Ramírez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 617/2022-8, promovido por **********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, Pleno y Actuario del citado órgano, por estimarlos violatorios de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de abril de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el veintiséis siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, Bartola Mena Ramírez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "(.) LA PARALIZACIÓN Y OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN NO DESAHOGAR LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DENTRO DEL JUICIO LABORAL 054/2007 ACUMULADO AL 194/2009." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Pleno del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 3 Actuario del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 617/2022-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de desahogar la audiencia incidental de liquidación dentro del juicio laboral 054/2007, acumulado al 194/2009, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y su notificación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DEL CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. El acto reclamado a la autoridad responsable Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, consistente en la omisión de desahogar la audiencia incidental de liquidación, en el juicio laboral número 504/2007 acumulado al 194/2009, es un acto inexistente, ello es así pues es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda aún no se había emitido acuerdo alguno en donde se ordene la respectiva notificación; por tanto, resulta evidente que la autoridad responsable a la fecha de presentación de la demanda no se encontraba en aptitud legal para notificar a las partes el desahogo que refiere, en consecuencia, el referido acto omisivo se reitera, es inexistente. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá´ dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO´ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó´ la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En ese tenor, respecto del aludido acto reclamado, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y el Pleno de éste, negaron el acto que se les reclama, pues así se advierte de su respectivo informe justificado rendido conjuntamente; lo que corroboró, con la documental que adjuntó al mismo el primero de los mencionados, misma que obra en autos, a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de no desahogar la audiencia incidental de liquidación dentro del juicio laboral 054/2007, acumulado al 194/2009, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. En el efecto, el artículo y fracción invocados, son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo sea improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese contexto, de la constancia remitida por la autoridad responsable al rendir su informe justificado de manera conjunta, relativa a la copia certificada del acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, se advierte que en el expediente laboral 54/2007, acumulado al 194/2009, señaló las doce horas del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo el desahogo de la audiencia incidental de liquidación. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veintidós de abril del año en curso, indudablemente existía la conducta de la autoridad responsable, pues no había señalado fecha para llevar a cabo el desahogo de la audiencia incidental de liquidación; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado, conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, materia común, página 210, con registro digital: 196820, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sirve de apoyo en lo conducente el criterio contenido en la jurisprudencia I.6o.T. J/31 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, Décima Época, Materias Común, Laboral, página 2224, con registro digital: 2013005, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La violación al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 885 a 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, por falta de pronunciamiento del laudo en los plazos establecidos en dichos preceptos, deja expedito el derecho del quejoso para exigir la responsabilidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; empero, por existir imposibilidad material de retrotraer el tiempo transcurrido y reponer al impetrante en el goce de dicho derecho violado, el concepto de violación que combata la dilación en el dictado del laudo resulta inoperante por no poder ser materia de estudio en el juicio de amparo directo". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. También, cabe aclarar que al dejarse de analizar los argumentos realizados por la parte peticionaria de amparo, no se transgrede disposición alguna de la Ley de Amparo, ya que se actualizó de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, lo que impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 70, Octubre de 1993, Octava Época, materia común, página 57, con registro digital 214593, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de abril mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto, de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós que obra en el expediente laboral 54/2007 acumulado al 194/2009 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones que remitiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS, posteriores a la notificación del presente proveído, informe detalladamente cual es la cantidad que actualmente se le adeuda al quejoso Félix Gilberto Silveira Cruz en autos del expediente laboral 192/2011. Ello en el entendido que el monto pendiente por liquidar debe estar relacionado con el laudo dictado el veinticuatro de junio de dos mil catorce, al que fue condenado el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco, en autos del juicio laboral de origen. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" Notifíquese.

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