Bartola Hernandez Toranca
Expediente 910/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Bartola Hernandez Toranca
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta, con el que la autoridad Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, acusa recibo del diverso 25619/2023 con que se le notificó el acuerdo de nueve de octubre de este año, de lo que se toma conocimiento para los fines legales procedentes. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. ARCHIVO Hágase la anotación de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Y RELEVANCIA DOCUMENTAL En atención a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, aunado a que no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo y notificada la fecha de visita de inspección que corresponda, deberá destruirse y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.). DEVOLUCION DE CONSTANCIAS De igual forma, en razón que resulta innecesario seguir conservando el tomo de pruebas que obra por separado, devuélvase a Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para los efectos legales procedentes. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, con la que la Actuaria Judicial de la adscripción informa la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de veinticinco de septiembre de este año, por los motivos que indica; por lo tanto, al tratarse de una imposibilidad de carácter permanente para realizar la notificación en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como el diverso de veinticinco de los actuales y los subsecuentes, incluso los que por su naturaleza deban notificarse de manera personal, por lista de acuerdos, hasta en tanto precise domicilio donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés que dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta y anexos que lo acompañan, enviados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, de cuya lectura se advierte que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *********, radicada en ese Tribunal Colegiado con el número de amparo directo 750/2023. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. En ese tenor, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; por tanto, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo con el número de juicio 910/2023 de este índice. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por el Tribunal responsable, fórmense el tomo I de pruebas para su mejor consulta y manejo, respetando su folio de origen. En la inteligencia, que de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, tales constancias deberán digitalizarse para que formen parte del expediente electrónico de este juicio. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por lo tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento legal, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El primero de los artículos transcritos establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos de la oferente, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales y aun cuando no obtenga una sentencia favorable, tiene su derecho expedito para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. HECHOS En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de doce de mayo de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca ********* del índice de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por medio de la cual confirma el auto de once de enero de este año, dictado en el juicio ordinario civil ********* de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, en la que ordenó reponer el procedimiento, a efecto de emplazar legalmente a las partes demandadas en reconvención. CONCLUSIÓN Se concluye que el acto aquí reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino únicamente derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa, obtiene una resolución favorable a sus intereses al dictarse sentencia en el juicio ordinario civil que se sigue en su contra. Ello es así, pues el hecho que la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, haya confirmado el auto de once de enero de este año, en el que se ordenó reponer el procedimiento, a efecto de emplazar legalmente a las partes demandadas en reconvención, no causa a las aquí quejosas un agravio inmediato y preponderante a sus derechos, sino que únicamente tiene efectos intraprocesales. Es así, pues la actuación combatida solo trae como consecuencia que en el juicio ordinario, se subsane la deficiencia que el juez natural advirtió en los emplazamientos inicialmente efectuados y, a partir de ahí, se integre correctamente la relación jurídico-procesal, desahogándose las fases conducentes hasta el dictado de la sentencia definitiva con la que culmine ese procedimiento, sin que ello genere una afectación en grado predominante y superior a quien pide amparo que permita instar esta vía. Máxime que lo anterior no implica que vayan a obtener una resolución desfavorable a sus intereses. De ahí que, se considera que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional, establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones los criterios siguientes: "Época: Novena Época Registro: 184249 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Mayo de 2003 Materia(s): Común Tesis: VI.2º.C. J/231 Página: 1186 VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. Registro digital: 170244 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 23/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 593 Tipo: Jurisprudencia "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 180415 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. LVII/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, página 9 Tipo: Aislada "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012245 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 87/2016 (10a.) Página: 1180 RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. No obstante, se considera que no es del todo aplicable al caso concreto, toda vez que la Sala señalada como responsable anexó a su informe justificado los autos originales del toca en el que se dictó la resolución reclamada, lo que permitió a este Juzgado de Distrito determinar que el acto aquí reclamado tiene efectos meramente procesales. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, origen de este juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. Por otra parte, téngase como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, debido a que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República; asimismo, se autoriza en términos restringidos del referido numeral a la restante persona que indica, esto es, para consultar y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente. REPRESENTANTE COMÚN Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a *********, sin perjuicio que con posterioridad la parte promovente realice nueva designación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. EXHORTACIÓN A TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este juicio. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo
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