Bartola Castrejón Castrejón
Expediente 1172/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1172/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos
- Bartola Castrejón Castrejón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de la Sección de Amparos de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; en atención a su contenido, se informa que el veintinueve de abril de dos mil veintidós, causo ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva, se determinó negarlas. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el Secretario de la sección de Amparos de la Sala del Segundo Circuito Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual solicita se le informe si la sentencia definitiva dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria; al respecto, dígase que con esta fecha la citada sentencia ha causado ejecutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Notificación por lista a los terceros. Vista la certificación que anteceden, se evidencia que ya trascurrió el término de tres días concedido a los terceros interesados antes mencionados, en auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a fin de que señalaran domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; sin que hayan manifestado nada al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación de la sentencia de siete de diciembre del año en curso, la del presente proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las que tengan el carácter de personales se les practiquen mediante lista de acuerdos electrónica y física que se fije en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. Finalmente, vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos la razón actuarial suscrita por la fedataria de la adscripción, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a los terceros interesados la sentencia de siete de diciembre del año en curso; sin que haya lugar, a proveer al respecto de dicha notificación, toda vez que con esta fecha se está ordenando la notificación de los terceros interesados por lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe SENTENCIA DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO: "...R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Sala del Segundo Circuito, Bartola Castrejón Castrejón, promovió amparo directo, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Magistrados Integrantes de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, con residencia en Jojutla. Acto reclamado: ".la resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno del toca penal 24/2021-5-OP dentro del recurso de apelación interpuesto por el fiscal en contra del auto de no vinculación a proceso dictado en fecha once de diciembre de dos mil veinte." SEGUNDO. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia de los tribunales colegiados en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, remitido al día hábil siguiente, por turno al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, recibió el informe justificado que rinde la Sala del Segundo circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, manifestando que es cierto el acto reclamado. TERCERO. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el amparo directo 133/2021, la superioridad, declaró su incompetencia para conocer del juicio de amparo y remitió los autos a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, oficio 3890/2021, que recibió su fecha. CUARTO. El veinticinco de junio del año en curso, esta autoridad recibió el oficio 3890/2021, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1172/2021, sin necesidad de requerir a la responsable su informe justificado y emplazar al tercero interesado pues tal requisito procesal estaba satisfecho, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La resolución de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el toca penal 24/2021-5-OP, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra el auto de no vinculación a proceso de once de diciembre de dos mil veinte, emitido por la Juez de Control, en la causa penal JCJ/135/2020, confirmándolo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, con residencia en Jojutla, al rendir el informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, la certeza del acto reclamado se corrobora con el disco versátil digital (DVD) que remitió la Sala responsable relativo a las audiencias de formulación de imputación y de vinculación, toda vez que tiene la naturaleza de prueba documental pública, acorde con la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, ya que se estima que el acto que reclama la parte quejosa, deviene de otro consentido. En efecto, lo preceptos de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Al respecto, resulta necesario citar la jurisprudencia número VI 2 J/99, visible en la página 96, tomo VII, febrero de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; cuyo rubro y texto indican: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". La transcripción de los preceptos y criterio jurisprudencial que anteceden, revela que para los efectos del juicio constitucional, se reputan actos derivados de otros consentidos, aquellos que en el procedimiento mismo en el que tienen lugar, son el resultado de otros que no fueron oportunamente atacados, es decir, que tienen como premisa indispensable la existencia de un acto anterior consentido, de tal modo que el posterior, sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Por tanto, las condiciones necesarias para que opere la improcedencia del amparo, por reclamarse en él actos derivados de otros consentidos son las siguientes: a) Que entre los actos consentidos y los actos derivados exista una relación de causalidad; esto es, que los segundos no puedan realizarse sin los primeros; y, b) Que el acto origen del reclamado se hubiera notificado al quejoso, pues no podría decirse que dicho acto inicial fue consentido, si este no se dio a conocer al impetrante, de tal forma que estuviera en aptitud de impugnarlo. Ahora bien, de los antecedentes que informan las constancias allegadas al juicio, disco versátil DVD, destaca para efectos de esta resolución lo siguiente: Mediante diligencia de once de diciembre de dos mil veinte, la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, dictó auto de vinculación a proceso contra uno de los imputados, y de no vinculación a proceso a favor de Odilón Cásalez Vázquez, David Castrejón Virgen, Nelson Mondragón Lázaro, Joaquín Soriano Vázquez, Jesús Cásalez Pliego y Tuy Maldonado Hernández, por el hecho delictivo de despojo, en agravio de la víctima ahora quejosa, asimismo, al término de la diligencia la juez del proceso señaló que de lo resuelto quedaban notificadas las partes. Contra la resolución de no vinculación a proceso el fiscal interpuso recurso de apelación que seguido en su trámite conoció la Sala del Segundo Circuito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, en el toca penal 24/2021-5-OP, que resolvió confirmar la determinación de la Juez A quo, de no vinculación a proceso de los imputados aquí terceros interesados. La determinación de no vinculación que antecede constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la quejosa argumenta en síntesis que de los datos de prueba aportados se desprende la participación de los sujetos activos, por lo que fue aplicada de manera incongruente la exclusión a que hace referencia en numeral 23 fracción X del Código Penal, porque dice la Sala que los imputados actuaron en cumplimiento a una orden de ejecución a un acta de asamblea, ordenado por el Ayudante Municipal en ese entonces, sin embargo, la Ley Agraria no faculta al ayudante municipal a actuar de esa forma, así como no quedó acreditado que los imputados pertenezcan a una comunidad que se rija por usos y costumbres, así como que los imputados sean servidores públicos. En razón de lo anterior, la parte quejosa pretende que se le otorgue la protección de la justicia federal, para que se revoque la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Conformada así la controversia constitucional, se reitera que el acto reclamado, constituye un acto derivado de otro consentido, que lo es la resolución de no vinculación a proceso de once de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, a favor de los imputados Odilón Cásalez Vázquez, David Castrejón Virgen, Nelson Mondragón Lázaro, Joaquín Soriano Vázquez, Jesús Cásalez Pliego y Tuy Maldonado Hernández, por el delito de despojo, relativa a la causa penal JCJ/135/2020. En efecto, dado que este último acto no fue combatido por la parte quejosa, no obstante que quedó debidamente notificada del mismo, al concluir la diligencia de vinculación a proceso de Cenobio Cásalez Rivera, y de no vinculación a proceso de los aquí terceros interesados, de once de diciembre de dos mil veinte, al estar presente en la diligencia en su calidad de víctima, tan es así que la juez del proceso al concluir la diligencia hizo hincapié en que de lo resuelto quedaban notificadas las partes, lo que así se comprende, pues el numeral 82 fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala las formas de notificación como en audiencia que en el caso acontece. Por consiguiente, si a través de esta vía, la quejosa se duele de la sentencia de la sala responsable que confirma el auto de no vinculación a proceso en favor de los aquí terceros interesados de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, pero no impugnó el auto de no vinculación a proceso de los imputados terceros interesados de once de diciembre de dos mil veinte, es inconcuso que la sentencia impugnada de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, constituye un acto derivado de otro que en su momento consintió. Dicho de otra forma, el acto reclamado carece de autonomía e individualidad, ya que es consecuencia directa e inmediata del auto de no vinculación a proceso dictado a favor de los imputados Odilón Cásalez Vázquez, David Castrejón Virgen, Nelson Mondragón Lázaro, Joaquín Soriano Vázquez, Jesús Cásalez Pliego y Tuy Maldonado Hernández, de once de diciembre de dos mil veinte, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia previamente invocada. Al respecto, resulta aplicable en su parte conducente, la tesis III 1 A 11 K, consultable en la página 582, tomo III, mayo de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: 'El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.' Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Además, en el caso, la resolución de no vinculación a proceso emitida por la juez A quo, sí es apelable por la víctima, de acuerdo al siguiente criterio jurisprudencial 1 /J 54/2020 (10), Registro digital 2022501, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 295: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Hechos: En dos procesos penales en los que se decretó un auto de no vinculación a proceso, las víctimas impugnaron dicha determinación mediante el recurso de apelación. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de si el auto de no vinculación a proceso afecta la reparación del daño en perjuicio de la víctima u ofendido, y entonces resolvieron de forma diferenciada sobre la legitimación de las víctimas para apelar dicho auto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la víctima o parte ofendida del delito sí cuentan con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. El auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público. Esto legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación." Así como la tesis XV 5 2 P (10), Registro digital 2013253, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1697, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPROCEDENTE SI QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO ES LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EN SU CONTRA EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Cuando el Juez de primera instancia dicta un auto de no vinculación a proceso y decreta la libertad absoluta del inculpado, por no obrar algún elemento configurativo del delito materia de impugnación, y ello afecta directamente la reparación del daño o la responsabilidad civil, esa circunstancia se traduce en un agravio a la víctima u ofendido del delito impugnable mediante el recurso de apelación, conforme al artículo 398 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y los derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la resolución de segundo grado confirme dicho auto de no vinculación a proceso, el juicio de amparo indirecto promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que el auto de primera instancia haya sido apelado por la autoridad ministerial." Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy siete de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Sala del Segundo Circuito, Bartola Castrejón Castrejón, promovió amparo directo, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Magistrados Integrantes de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, con residencia en Jojutla. Acto reclamado: ".la resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno del toca penal 24/2021-5-OP dentro del recurso de apelación interpuesto por el fiscal en contra del auto de no vinculación a proceso dictado en fecha once de diciembre de dos mil veinte." SEGUNDO. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia de los tribunales colegiados en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, remitido al día hábil siguiente, por turno al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, recibió el informe justificado que rinde la Sala del Segundo circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, manifestando que es cierto el acto reclamado. TERCERO. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el amparo directo 133/2021, la superioridad, declaró su incompetencia para conocer del juicio de amparo y remitió los autos a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, oficio 3890/2021, que recibió su fecha. CUARTO. El veinticinco de junio del año en curso, esta autoridad recibió el oficio 3890/2021, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1172/2021, sin necesidad de requerir a la responsable su informe justificado y emplazar al tercero interesado pues tal requisito procesal estaba satisfecho, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La resolución de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el toca penal 24/2021-5-OP, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra el auto de no vinculación a proceso de once de diciembre de dos mil veinte, emitido por la Juez de Control, en la causa penal JCJ/135/2020, confirmándolo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, con residencia en Jojutla, al rendir el informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, la certeza del acto reclamado se corrobora con el disco versátil digital (DVD) que remitió la Sala responsable relativo a las audiencias de formulación de imputación y de vinculación, toda vez que tiene la naturaleza de prueba documental pública, acorde con la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, ya que se estima que el acto que reclama la parte quejosa, deviene de otro consentido. En efecto, lo preceptos de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Al respecto, resulta necesario citar la jurisprudencia número VI. 2o. J/99, visible en la página 96, tomo VII, febrero de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; cuyo rubro y texto indican: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". La transcripción de los preceptos y criterio jurisprudencial que anteceden, revela que para los efectos del juicio constitucional, se reputan actos derivados de otros consentidos, aquellos que en el procedimiento mismo en el que tienen lugar, son el resultado de otros que no fueron oportunamente atacados, es decir, que tienen como premisa indispensable la existencia de un acto anterior consentido, de tal modo que el posterior, sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Por tanto, las condiciones necesarias para que opere la improcedencia del amparo, por reclamarse en él actos derivados de otros consentidos son las siguientes: a) Que entre los actos consentidos y los actos derivados exista una relación de causalidad; esto es, que los segundos no puedan realizarse sin los primeros; y, b) Que el acto origen del reclamado se hubiera notificado al quejoso, pues no podría decirse que dicho acto inicial fue consentido, si este no se dio a conocer al impetrante, de tal forma que estuviera en aptitud de impugnarlo. Ahora bien, de los antecedentes que informan las constancias allegadas al juicio, disco versátil DVD, destaca para efectos de esta resolución lo siguiente: Mediante diligencia de once de diciembre de dos mil veinte, la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, dictó auto de vinculación a proceso contra uno de los imputados, y de no vinculación a proceso a favor de Odilón Cásalez Vázquez, David Castrejón Virgen, Nelson Mondragón Lázaro, Joaquín Soriano Vázquez, Jesús Cásalez Pliego y Tuy Maldonado Hernández, por el hecho delictivo de despojo, en agravio de la víctima ahora quejosa, asimismo, al término de la diligencia la juez del proceso señaló que de lo resuelto quedaban notificadas las partes. Contra la resolución de no vinculación a proceso el fiscal interpuso recurso de apelación que seguido en su trámite conoció la Sala del Segundo Circuito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, en el toca penal 24/2021-5-OP, que resolvió confirmar la determinación de la Juez A quo, de no vinculación a proceso de los imputados aquí terceros interesados. La determinación de no vinculación que antecede constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la quejosa argumenta en síntesis que de los datos de prueba aportados se desprende la participación de los sujetos activos, por lo que fue aplicada de manera incongruente la exclusión a que hace referencia en numeral 23 fracción X del Código Penal, porque dice la Sala que los imputados actuaron en cumplimiento a una orden de ejecución a un acta de asamblea, ordenado por el Ayudante Municipal en ese entonces, sin embargo, la Ley Agraria no faculta al ayudante municipal a actuar de esa forma, así como no quedó acreditado que los imputados pertenezcan a una comunidad que se rija por usos y costumbres, así como que los imputados sean servidores públicos. En razón de lo anterior, la parte quejosa pretende que se le otorgue la protección de la justicia federal, para que se revoque la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Conformada así la controversia constitucional, se reitera que el acto reclamado, constituye un acto derivado de otro consentido, que lo es la resolución de no vinculación a proceso de once de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, a favor de los imputados Odilón Cásalez Vázquez, David Castrejón Virgen, Nelson Mondragón Lázaro, Joaquín Soriano Vázquez, Jesús Cásalez Pliego y Tuy Maldonado Hernández, por el delito de despojo, relativa a la causa penal JCJ/135/2020. En efecto, dado que este último acto no fue combatido por la parte quejosa, no obstante que quedó debidamente notificada del mismo, al concluir la diligencia de vinculación a proceso de Cenobio Cásalez Rivera, y de no vinculación a proceso de los aquí terceros interesados, de once de diciembre de dos mil veinte, al estar presente en la diligencia en su calidad de víctima, tan es así que la juez del proceso al concluir la diligencia hizo hincapié en que de lo resuelto quedaban notificadas las partes, lo que así se comprende, pues el numeral 82 fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala las formas de notificación como en audiencia que en el caso acontece. Por consiguiente, si a través de esta vía, la quejosa se duele de la sentencia de la sala responsable que confirma el auto de no vinculación a proceso en favor de los aquí terceros interesados de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, pero no impugnó el auto de no vinculación a proceso de los imputados terceros interesados de once de diciembre de dos mil veinte, es inconcuso que la sentencia impugnada de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, constituye un acto derivado de otro que en su momento consintió. Dicho de otra forma, el acto reclamado carece de autonomía e individualidad, ya que es consecuencia directa e inmediata del auto de no vinculación a proceso dictado a favor de los imputados Odilón Cásalez Vázquez, David Castrejón Virgen, Nelson Mondragón Lázaro, Joaquín Soriano Vázquez, Jesús Cásalez Pliego y Tuy Maldonado Hernández, de once de diciembre de dos mil veinte, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia previamente invocada. Al respecto, resulta aplicable en su parte conducente, la tesis III.1o.A.11 K, consultable en la página 582, tomo III, mayo de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: 'El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.' Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Además, en el caso, la resolución de no vinculación a proceso emitida por la juez A quo, sí es apelable por la víctima, de acuerdo al siguiente criterio jurisprudencial 1a./J. 54/2020 (10a.), Registro digital 2022501, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 295: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Hechos: En dos procesos penales en los que se decretó un auto de no vinculación a proceso, las víctimas impugnaron dicha determinación mediante el recurso de apelación. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de si el auto de no vinculación a proceso afecta la reparación del daño en perjuicio de la víctima u ofendido, y entonces resolvieron de forma diferenciada sobre la legitimación de las víctimas para apelar dicho auto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la víctima o parte ofendida del delito sí cuentan con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. El auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público. Esto legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación." Así como la tesis XV.5o.2 P (10a.), Registro digital 2013253, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1697, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPROCEDENTE SI QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO ES LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EN SU CONTRA EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Cuando el Juez de primera instancia dicta un auto de no vinculación a proceso y decreta la libertad absoluta del inculpado, por no obrar algún elemento configurativo del delito materia de impugnación, y ello afecta directamente la reparación del daño o la responsabilidad civil, esa circunstancia se traduce en un agravio a la víctima u ofendido del delito impugnable mediante el recurso de apelación, conforme al artículo 398 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y los derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la resolución de segundo grado confirme dicho auto de no vinculación a proceso, el juicio de amparo indirecto promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que el auto de primera instancia haya sido apelado por la autoridad ministerial." Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy siete de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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