Baroni Esaud Perales Huamani

Expediente 1545/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1545/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Baroni Esaud Perales Huamani
  • Titular encargado(a) de la Estación Migratoria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los autos y desprendiéndose de la certificación practicada por la Secretaria del Juzgado, que transcurrió el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo promovido por Baroni Esaud Perales Huamani y Oscar Keny Perales Huamani, por la cual se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho. Por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se hace constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de depuración, únicamente conservándose lo relativo a la concesión de la suspensión de plano, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el capítulo siete, apartado 7.4., del manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera se hace constar que este juicio no es de relevancia documental, de acuerdo al numeral 15 del mencionado Acuerdo. Así también, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; ello conforme al segundo párrafo del artículo 18 del indicado Acuerdo. De igual forma, se instruye a la Secretaria encargada del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional, certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, funge como nuevo titular de este órgano el licenciado Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez; de conformidad con la determinación aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, según oficio SEADS/670/2022; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por 1) Baroni Esaud Perales Huamani y 2) Oscar Keny Perales Huamani, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan, los oficios de cuenta que presentan el Director Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Baja California; y, Oficialía Mayor de la citada Fiscalía, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales en atención al requerimiento efectuado en veintidós de septiembre del año en curso, informan las gestiones inherentes al cumplimiento del fallo protector, anexando copia certificada de la minuta de trabajo de siete de septiembre del presente año, en la cual se llegaron a los siguiente acuerdos: "(.) PRIMERO.- Se acordó que derivado de la adición de la FGE, el acuerdo de colaboración firmado por la Gobernadora del Estado de Baja California, celebrado el día 06 de junio del 2022, y publicado en el periódico oficial del estado en fecha 12 de Agosto del 2022 en el cual se establecen las bases y lineamientos para el otorgamiento de los servicios de seguridad social a las fuerzas policiacas, se acordó realizar proyecto de contrato de prestación de servicios con ACERTA CONSULTORES, nombrando como responsable al C. Carlos Alberto Cerda. SEGUNDO.- Por parte del Mtro. Ricardo Daniel Garduño Barrera, Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado, gestionará carta de aceptación de servicio por parte de la Fiscalía General del Estado. TERCERO.- Derivado del análisis del proyecto de servicio de desarrollo modelo integral de pensiones y jubilaciones para el ecosistema de la fiscalía general del Estado de Baja California, se acordó que la empresa ACERTA firmará acuerdo de confidencialidad. CUARTO.- Por parte de las Direcciones de Capital Humano y Dirección de Recursos Financieros, Programación y Presupuesto, se entregará información requerida para integrar proyecto por parte de la Fiscalía General del Estado (.)" Motivo por el cual, dada la complejidad del asunto solicitan la ampliación de término concedido para realizar las gestiones inherentes al cumplimiento del fallo protector, reiterando que los quejosos hasta este momento tiene cubiertas las más elementales condiciones de seguridad social, en el entendido que se cumplirá cabalmente con la ejecutoria de mérito, es por ello, que solicitan también, se vincule al Gobierno del Estado de Baja California por conducto del Ejecutivo, para el cumplimiento de la sentencia en conjunto con esas autoridades. Por lo tanto, se tiene a las citadas autoridades responsables informando las gestiones inherentes al cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo y en la Jurisprudencia 57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procede a vincular a la autoridad PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria emitida en el recurso de inconformidad 10/2022, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, aun cuando no fue señalada como responsable en el presente juicio de amparo; sin embargo, dadas las manifestaciones vertidas por las responsables y las actuaciones que obran en autos, se advierte que tiene intervención en el cumplimiento de la sentencia, por lo que está obligada a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Lo anterior, obedece que en la ejecutoria de mérito emitida por el citado Tribunal Colegiado, en el recurso de inconformidad 10/2022 de su índice, se precisó que las autoridades responsables, debían realizar, lo siguiente: "(.) - Emitan la reglamentación correspondiente del sistema complementario de seguridad social de los Agentes Activos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, en concordancia con su obligación derivada del mandato contenido en el artículo 123, Apartado B, fracción III, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los artículos transitorios CUARTO y OCTAVO de la Ley de Seguridad Pública del Estado (.)" Es por ello, que, conviene puntualizar que la cualidad que debe tener todo juzgador en la presente fase de ejecución de la sentencia de amparo, específicamente en lo concerniente a la supervisión y substanciación en el cabal cumplimiento en el fallo protector, es precisamente velar por el derecho de acceso a la justicia a favor de la parte quejosa, esto es, la ejecución eficaz de la sentencia, debiendo adoptar una postura enérgica y celosa del fallo emitido, adoptando de oficio (dado que la ejecución de la sentencia es un tema de orden público) todas las medidas necesarias para promover el curso normal, continuo, expedito, práctico y efectivo cuyo fin esencial es el cumplimiento total de cada uno de los efectos concesorios de la sentencia de amparo, con base en los principios de congruencia, exhaustividad, seguridad jurídica y cosa juzgada. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la autoridad vinculada PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para que dentro del término de TRES DIAS contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, acredite las gestiones que haya realizado dentro del ámbito de su competencia, para que se lleve a cabo las gestiones inherentes al cumplimiento del fallo protector; o bien, informe el impedimento legal que tuviere para ello. Así también, a las autoridades responsables FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; y, OFICIALÍA MAYOR DE LA CITADA FISCALÍA, se les concede el término de DIEZ DIAS, dada la complejidad del asunto, para que acrediten las gestiones realizadas en seguimiento al Proyecto Servicio Profesional de Carrera; y, Proyecto de Programa de Retiro de Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior resulta necesario, para esta en posibilidad de proveer en cuanto a la calificación del cumplimiento al fallo protector en el presente asunto. Quedan APERCIBIDAS la autoridad vinculada, así como las citadas responsables, que en caso de omisión a este mandato judicial en el término que para tal efecto se les concede, se harán acreedoras a una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos disposiciones de la referida constitución en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo; y de igual manera, se podrá proceder en términos del numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa en relación con la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del citado informe se desprende lo siguiente: - Que acatan en todos sus términos la suspensión de plano emitida por este juzgado; - Que los quejosos no contaban con la documentación para acreditar su legal estancia en este país; - Que se les hicieron saber todos sus derechos contemplados en el Procedimiento Administrativo Migratorio, entre los cuales se encuentra el de solicitar asilo; - Que es totalmente falso que ante esa autoridad exista alguna orden de deportación y que tampoco se encuentran incomunicados, pues de ser así, no habrían tenido acceso a que un abogado le promoviera el presente juicio de amparo; En virtud de lo anterior, dese vista de a la parte quejosa, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. NOTIFIQUESE.

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