Barnet del Jesus Solis Cobos

Expediente 492/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
492/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Barnet del Jesus Solis Cobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Tercero y Presidente de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio del cual, por los motivos que expone, solicita se ordene la devolución del toca civil 214/2022, de su índice, mismo que remitió junto con su informe justificado; por tanto, como lo solicita la autoridad ocursante y toda vez que en proveído de quince de mayo del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido, devuélvase al Magistrado Tercero y Presidente de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el toca civil 214/2022, de su índice, el cual remitió junto con su informe justificado para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, concretamente de la diligencia levantada el doce de los corrientes, en la que el directo quejoso ********************, ratificó el desistimiento del presente juicio de amparo; en consecuencia, como lo solicitó el citado peticionario de amparo, se le tiene por desistido de la prosecución del presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que se deja insubsistente la sentencia dictada el tres de mayo del presente año, que había negado el amparo y la protección de la Justicia al quejoso, para todos los efectos a que haya lugar Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Ahora bien, al existir solicitud expresa de la parte quejosa, en el sentido de no continuar con la demanda de amparo, no es necesario esperar a que transcurra el término a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena devolver a la sala responsable el toca 214/2022, que remitió en apoyo a su informe justificado. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo octavo del acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por autorización otorgada en sesión de ocho de mayo de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2129/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso Barnet del Jesús Solís Cobos, mediante el cual manifiesta su deseo de desistirse de la prosecución del presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, prevéngase al citado ocursante, a fin de que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante la presencia judicial a ratificar el contenido y firma del escrito de cuenta, pues la ratificación que dice contener el propio escrito de cuenta no es idónea para otorgar seguridad jurídica a ese acto, por lo cual debe acudir ante este órgano jurisdiccional a ratificarlo apercibido para el caso de no cumplir lo anterior, se tendrá por no hecha la manifestación plasmada en su ocurso y se continuará con el trámite del presente juicio. Tiene aplicación al caso por identidad de razón, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por la quejosa ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si la quejosa en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Sin soslayar que el tres de mayo del año en curso, se dictó sentencia, pero ésta no ha causado ejecutoria, por lo que aun es factible el desistimiento del juicio. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.FPR

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las diez horas con nueve minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 492/2023-VIII, promovido por Barnet del Jesús Solís Cobos, por propio derecho, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informe justificado rendido por el Presidente de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que obra agregado en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido en tiempo y forma el informe de ley de la autoridad responsable para ser tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales remitidas por la responsable que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el toca 214/2022 que a su vez contiene copias certificadas del juicio 182/2017, así como la instrumental y presuncional ofrecidas por la parte quejosa. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se desahogan la pruebas documental e instrumental, la primera remitida por la autoridad al rendir su respectivo y la instrumental ofrecida por el quejoso, pues ya obran en autos y dada su naturaleza jurídica; asimismo, se admite la presuncional, la cual se tomará en cuenta en sentencia. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no formularon alegatos y la Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento; por lo que, la Jueza acuerda: por perdido el derecho del quejoso, tercero interesado y representación para formular alegatos. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 492/2023-VIII promovido por Barnet del Jesús Solís Cobos, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que Barnet del Jesús Solís Cobos, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se emplazó a la tercera interesada, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto una determinación emitida por autoridad en materia civil, cuya ejecución podría tener lugar en esta entidad federativa, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De una revisión integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo siguiente: - La resolución de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el toca 214/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de trece de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio extraordinario hipotecario 182/2017, en la cual modificó el aludido proveído recurrido y determinó no reconocer la personalidad del quejoso como albacea y heredero de su progenitor Barnet del Carmen Solís Fuente (parte actora en el juicio de origen. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de su Presidente, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias del toca 214/2022, así como copias certificadas del expediente 182/2017, mismas que fueron remitidas por la autoridad responsable, y, al tratarse de documentales públicas, revisten valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo; por tanto, se tiene por existente el acto que se atribuye a la responsable, sirviendo de apoyo la jurisprudencia 305 de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este órgano de control constitucional no advierte que se haya actualizado alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, así como tampoco se advierte que las partes haya hecho valer alguna de la referidas causales. Por lo que al no existir causa alguna que haga improcedente el presente juicio de amparo, se procederá realizar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al análisis del acto reclamado, a fin lograr una mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que se aprecian de las constancias remitidas por la responsable, valoradas previamente. - El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, la Jueza Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, dictó sentencia en el juicio extraordinario hipotecario 182/2017, en el que condenó a la demandada Guadalupe del Rocio May Hoil, al pagar de diversas prestaciones a favor de la parte actora Barnet del Carmen Solís Fuente, y ordenó el trance y remate del bien hipotecado consistente en el predio quinientos noventa y cuatro, letra "C" de la calle sesenta y cuatro, letra "J" de la Colonia Melitón Salazar en esta ciudad. Dicha sentencia causó ejecutoria el trece de julio de dos mil diecisiete. -El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se aprobó con ciertos ajustes, la planilla de liquidación presentada por el actor y se condenó a la demandada al pago de $24,890.52 (veinticuatro mil ochocientos noventa pesos 52/100 moneda nacional). -Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte, el aquí quejoso Barnet del Jesús Solís Cobos, compareció a juicio, manifestó ser descendiente del acreedor Barnet del Carmen Solís Fuente, que éste falleció el dieciocho de enero de dos mil veinte, y que en su testamento público abierto otorgado en el acta número doscientos cuatro, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Notaria Público treinta y tres del Estado de Yucatán, lo designó como heredero de todos sus bienes y también fue nombrado albacea. Agregó que junto con su mentora como legataria de un inmueble, de manera extrajudicial realizaron denuncia parcial de la sucesión testamentaria de Barnet del Carmen Solís Fuente, aceptación del cargo de albacea designado, lo que fue protocolizado en acta ciento treinta y nueve, de cinco de marzo de dos mil veinte, ante la fe del Notario Público número veinticuatro del Estado. En virtud de lo anterior, solicito declarar fallecido a su progenitor y reconocerlo como albacea y heredero de la sucesión testamentaria de su ascendiente. -En auto de veinte de octubre de dos mil veinte, no se accedió a reconocer a Barnet del Jesús Solís Cobos, como heredero, albacea general y ejecutor de la disposición testamentaria de su padre Barnet del Carmen Solís Fuente, porque esencialmente se consideró que el acta ciento treinta y nueve, no se exhibió completa, pues no se presentaron los anexos descritos al pie de la misma. -Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós, el aquí quejoso, manifestó exhibir copia certificada de la escritura que contiene la protocolización de inventario de los derechos hereditarios de la sucesión de su padre y que entre ellos estaba el crédito y procedimiento del juicio de origen; y nuevamente pidió que se le reconociera como albacea y heredero del derecho de cobro del juicio de origen. -En auto de trece de mayo de dos mil veintidós, el a quo no accedió a reconocerle la personalidad que ostentó, pues señaló que el documento exhibido no resultaba idóneo. -Contra dicho proveído, el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el toca 214/2022, la cual modificó el auto recurrido únicamente a fin de fundar y motivarlo, pero no el sentido de la resolución, es decir en lo tocante a no reconocerle la personalidad al quejoso que ostenta como heredero y albacea de la sucesión del padre del quejoso. Dicha determinación constituye el acto reclamado. En la referida resolución, la sala responsable con apoyo en los artículos 570, 595, 840, 841, 844, y 850 del Código de Familia del Estado de Yucatán, describió los tipos de sucesión, señaló que en el caso, se trata de una testamentaria, además, expuso en qué consiste la figura del albacea y al respecto, indicó que es la persona encargada de cumplir con la voluntad del autor de la herencia en los términos del testamento, que se trata de un cargo voluntario, que puede aceptarse o no. Abundó en que hay dos momentos claves para su constitución que son la designación y la aceptación, ésta última que debe ser expresa, pues el albacea cuenta con plazos expresamente establecidos en la ley para realizar determinadas acciones en el ejercicio de sus funciones y que para lograr acreditar el nombramiento, es necesario probar los elementos aludidos. Luego, que en el caso, la documentación exhibida por el promovente exhibida con su escrito de cuatro de abril de dos mil veintitrés, consistente en un acta, no se apreciaba que el apelante, aquí quejoso, haya aceptado el cargo de albacea, así como se le hubiere discernido, por lo que ese instrumento resultaba insuficiente para acreditar la personalidad que ostenta. Señaló que el documento idóneo con que el albacea debe justificar su carácter, consiste en la diligencia -copia certificada o testimonio de la escritura pública original- en la que conste la aceptación de dicho cargo por parte del albacea y el discernimiento por parte de la autoridad competente. Además, que no pasaba desapercibido que pretendía se le reconociera como heredero universal de la sucesión testamentaria de su progenitor, pero que es el albacea quien tiene la legitimación para comparecer dentro de juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 859, fracciones II y IV del Código de Familia para el Estado, pues es quien tiene la obligación de asegurar los bienes de la herencia y defender en juicio y fuera de él, la herencia y validez del testamento, en tanto, se verifica la partición y adjudicación de los derechos hereditarios pues con ello cesa su encargo y que no obraba en autos, constancia de la partición y adjudicación de los derechos hereditarios. Por otro lado, que era procedente el argumento relativo a que existía una indebida motivación y fundamentación, pues la jurisprudencia de rubro "PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA" no era suficiente para tal efecto, ya que aunque la faculta a estudiar de oficio la personalidad, con ello no determina las causas por las que no se reconoce y que el precepto adecuado es el numeral 15, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles en Yucatán, que dispone que con el primer escrito, se debe acompañar el documento con el que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en juicio. Además, determinó infundado el agravio relativo a que los documentos que obraban en juicio eran suficientes para reconocer la personalidad que ostentaba como heredero y albacea, ya que conforme al citado numeral 15, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles en Yucatán, con el primer escrito, debía acompañar el documento con el que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en juicio; y que en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, en el que no se le reconoció la personalidad, resultaba consentido tácitamente ya que no fue recurrido. Conceptos de violación La parte quejosa señala que sí se cumplen a cabalidad los dos requisitos a que hace mención la autoridad responsable, pues contrario a lo resuelto, se pierde de vista que con la documental publica consistente en el acta ciento treinta y nueve de cinco de marzo de dos mil veinte, relativa a la escritura que contiene la denuncia de apertura de la sucesión testamentaria de su ascendiente, hizo constar en los antecedentes que él y su mentora iniciaron el trámite sucesorio, precisamente por existir y haberse validado el testamento público abierto, en el que se le designó como albacea, por lo que con eso se acredita el primer elemento o momento clave, ya que sí existe designación de albacea. Que el segundo elemento o momento clave también se acredita, pues en la referida acta consta que el quejoso compareció ante el notario y aceptó el cargo de albacea y que tan es así, que se le dio continuidad al trámite sucesorio, mediante acta ciento veinticinco de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en donde se llevó a cabo la protocolización del inventario de los derechos hereditarios. Agrega que la sala responsable pasó por alto que el notario ante quien se protocolizaron ambas actas tiene fe pública y en dichos documentos hizo constar la existencia del testamento e incluso lo tuvo consigo, aunado a que solicito al archivo notarial por escrito que certificara si el testamento que le fue presentado era el último registrado por el autor de la sucesión, lo cual se confirmó, por lo que cual es válido y si en dicho documento aparece que fue nombrado albacea de ese testamento es evidente que se acredita la designación de ese cargo. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación. Es así, pues es ajustada a derecho la resolución reclamada, toda vez que, en principio tal como expuso la autoridad responsable la documentación exhibida por el promovente con su escrito de cuatro de abril de dos mil veintitrés, consistente en el acta ciento veinticinco de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, no acredita que se le haya designado en el cargo de albacea, así como se le hubiere discernido, pues dicha documental si bien tuvo como objeto la protocolización del inventario de los derechos hereditarios de los créditos hipotecarios y de los procedimientos pertenecientes al juicio de sucesión testamentaria de Barnet del Carmen Solís Fuente, y en dicho documento se menciona que el inventario fue formulado por el albacea designado y heredero universal, el aquí quejoso Barnet del Jesús Solís Cobos, lo cierto es que esa mención, no acredita que efectivamente éste último haya sido designado con ese cargo en el testamento de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, toda vez que éste no fue exhibido. Ciertamente, contrario a lo que señala el quejoso, la documentación que tuvo a la vista la autoridad responsable que obra en los autos del juicio 182/2017, no acredita la designación de albacea, toda vez que al acta ciento veinticinco de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, no se acompañó el documento idóneo para tal efecto, como pudo ser la escritura que contiene el testamento otorgado por Barnet del Carmen Solís Fuente, el cual de acuerdo al relato de declaraciones contenido en el acta ciento treinta y nueve, de cinco de marzo de dos mil veinte, fue otorgado mediante diversa escritura pública doscientos cuatro de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, ante el Notario número treinta y tres del Estado. En efecto, si en el acta ciento treinta y nueve, de cinco de marzo de dos mil veinte, se afirma que en la diversa escritura pública doscientos cuatro de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, ante el Notario número treinta y tres del Estado, se otorgó el testamento público de Barnet del Carmen Solís Fuente, y se hizo la designación de albacea a favor del aquí quejoso, entonces, cuando menos ese documento debía ser exhibido para comprobar que efectivamente se hizo tal designación, pero como no fue presentada esa escritura que contiene el testamento, no era factible para la autoridad responsable comprobar que efectivamente se hizo tal designación de albacea a cargo de Barnet del Jesús Solís Cobos. Ahora, aunque en los antecedentes de esa acta se mencione que se inició el trámite sucesorio, y que a decir del quejoso ello implica la existencia y validación del testamento público abierto, en el que se le designó como albacea, ya que el Notario ante quien se protocolizan las actas goza de fe pública y que por ello se cumplió el primer requisito consistente en la designación del albacea, es infundado tal aserto por lo siguiente. El hecho de que los Notarios Públicos, gocen de fe pública, no los exenta de cumplir los requisitos legales para la validez de los actos que realizan, pues conforme a los numerales 96, 97, 104, 105 y 106 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, la protocolización se llevará a efecto consignando en el acta un resumen general del negocio y otro especial de cada uno de los documentos que se protocolicen, o reproduciendo fotográficamente en las hojas del protocolo el documento respectivo, o bien, transcribiendo íntegramente el documento o los documentos de cuya protocolización se trate, según hubiere sido ordenado por la autoridad o lo pidieren los interesados y se expresará el número de fojas que contenga cada uno de los documentos protocolizados. Cuando la protocolización se haga por resúmenes, se agregarán al apéndice del acta los originales de los documentos exhibidos o copias certificadas de los mismos. Por su parte, en los testimonios, el Notario los expedirá con su firma y sello que le sean solicitados de las actas notariales o escrituras públicas autorizadas, anotando su número de orden, de folios que lleven, el nombre de los interesados que lo soliciten y la fecha de su expedición y rubricará cada hoja del testimonio que contenga la transcripción del acta notarial o escritura pública de que se trate. Además, para que sean válidos los testimonios de los documentos que obren en el apéndice, el Notario deberá transcribirlos íntegramente en el testimonio; o compulsará lo conducente debidamente certificado por el Notario Público, o bien agregará original o copia fotostática de dichos documentos, debidamente certificado por el Notario Público. De lo anterior, es patente que para que la protocolización que lleven a cabo los Notarios de los actos que realicen, dé certeza y sea válida, deberán consignar el hecho o acto en un acta, en la que asentarán un resumen general del negocio y otro especial de cada uno de los documentos que se protocolicen, o bien reproducirán fotográficamente en las hojas del protocolo el documento respectivo, o bien, transcribirán íntegramente el documento o los documentos de cuya protocolización se trate, pero cuando sea por resumen entonces deberán agregar al apéndice del acta los originales de los documentos exhibidos o copias certificadas de los mismos. Asimismo, para que los testimonios expedidos por los Notarios Públicos, sean válidos deben cumplir con ciertos requisitos, pues si hacen mención de un acto o hecho contenido en algún otro documento, deberán transcribirlo íntegramente, compulsaran lo conducente debidamente certificado o agregaran original o copia certificada del documento respectivo. Luego, en el caso, la copia certificada del acta ciento treinta y nueve, de cinco de marzo de dos mil veinte, que fue exhibida en el juicio de origen, no es apta para acreditar tal designación de albacea, toda vez que, tal como lo mencionó la sala responsable, en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, ese documento ya fue analizado por el juez de origen y se consideró que no daba certeza para acreditar la personalidad, que ostenta el quejoso Barnet del Jesús Solís Cobos, porque esa acta no se exhibió completa, pues no se presentaron los anexos descritos al pie de la misma, en donde se menciona que a ese testimonio se acumularon diez documentos con catorce fojas, pero no le fueron presentados al juez. Lo anterior evidencia que si el acta ciento treinta y nueve, de cinco de marzo de dos mil veinte, ya fue sujeta a análisis judicial mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, el cual no fue recurrido, entonces sigue rigiendo en el mismo sentido, pues no se ha superado la razón o motivación expresada por el juez para no darle certeza a ese documental, dado que con posterioridad a ese auto no se aprecia que se hayan exhibido los anexos descritos al pie del acta ciento treinta y nueve, es decir, los diez documentos que se afirmó por el Notario veinticuatro del Estado, que se acumularon a ese testimonio y que se afirma constan de catorce fojas. Además, si esos documentos que se afirma se acumularon al acta ciento treinta existen, ningún impedimento hay para que la parte quejosa los obtenga, pues en términos del numeral 106 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, tratándose de testamentos, y cuando el testador haya fallecido, los notarios públicos estarán obligados a proporcionar ulteriores testimonios a quienes aparezcan como herederos, legatarios o albaceas de la sucesión, por lo que en todo caso una vez obtenidos, podrá presentarlos ante el juez y con ellos acreditar el carácter que pretende le sea reconocido, pues mientras no prescriba el derecho a ejecutar la sentencia del juicio de origen, se encuentra en aptitud de exhibirlos para hacer valer los derechos que pretende. Sin embargo, como previo a la emisión del acto reclamado, no consta que los haya presentado, es evidente que el acta ciento treinta y nueve, de cinco de marzo de dos mil veinte, no acredita por sí misma la designación de albacea del quejoso; como tampoco lo acredita el diverso instrumento ciento veinticinco de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, que contiene la protocolización del inventario de los derechos hereditarios. Finalmente, no se soslaya que si bien del acta ciento treinta y nueve, de cinco de marzo de dos mil veinte, se aprecia que el quejoso aceptó el cargo de albacea, ello es insuficiente para tener por probado el diverso acto de la designación de ese cargo, pues se reitera que éste acto (designación), conforme a esa propia acta, se afirma que se hizo en diverso momento, esto es, en la escritura pública doscientos cuatro de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, ante el Notario número treinta y tres del Estado, se otorgó el testamento público de Barnet del Carmen Solís Fuente, la cual no fue exhibida, por lo cual la sala responsable no estuvo en aptitud de comprobar que el quejoso fue designado como albacea mediante el referido testamento. Corolario de lo anterior y por las razones expuestas, contrario a lo que señala el quejoso, de las constancias del juicio de origen, no queda acreditada su designación como albacea de la sucesión de Barnet del Carmen Solís Fuente y de ahí que resulten infundados los conceptos de violación. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer y dado que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia alguna que debiera suplirse oficiosamente de conformidad con la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de la materia, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Barnet del Jesús Solís Cobos, contra el acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA, NI PROTEGE a Barnet del Jesús Solís Cobos, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe

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