Bardo Israel Quispe Sanchez

Expediente 1434/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1434/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Bardo Israel Quispe Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos la diligencia de ratificación de firma del quejoso ........., respecto del escrito presentado el once de octubre del año en curso, por el que pretende ampliar la demanda de amparo respecto de las siguientes autoridades y actos reclamados: Ahora, por cuanto hace a las autoridades señaladas como responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Al respecto, dígasele que no ha lugar a admitir la ampliación de demanda que pretende respecto de dichas autoridades, en razón de que su ofrecimiento deviene extemporáneo. Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17 de la citada ley. En ese sentido, como ya se dijo, resulta improcedente el juicio de amparo planteado, en atención a lo previsto en los numerales señalados en el párrafo que antecede, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Por su parte, el numeral 17 de la legislación en cita ordena: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo que no se promueva dentro del término de quince días que marca el artículo 17 transcrito, deviene improcedente, salvo las excepciones contenidas en este numeral, las cuales evidentemente no se actualizan en el caso. En efecto, desde la presentación del escrito de demanda el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, el promovente, señaló como acto reclamado ".la inconstitucional orden de verificación de vehículo de procedencia extranjera número CVV2100007/2023 contenido en el oficio SPF-SI-CGEN-YASF-DCE-1322/2023 de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés dictada dentro del expediente administrativo CPA2130007/2023 en el cual se pretende verificar el vehículo al propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera marca DODGE línea CHARGER tipo 2 puertas color morado con placas de circulación HBZ397-E, del Estado de Guerrero, de cuya existencia se desprenden a su vez otros actos de autoridad.", por lo que desde esa fecha tuvo conocimiento de la existencia del acto que aquí reclama; máxime que, en el capítulo de hechos, el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente: Por tanto, al manifestar que el día tres de agosto de dos mil veintitrés el promovente recibió en la puerta de su domicilio copia de la orden de verificación del vehículo de procedencia extranjera número CVV2100007/2023 contenido en el oficio SPF-SI-CGEN-YASF-DCE-1322/2023 de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés así como copia del procedimiento administrativo CPA2130007/2023, es evidente que a la fecha de la presentación de la ampliación que demanda que pretende (once de octubre de dos mil veintitrés), ha trascurrido en exceso el término de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la indicada ampliación de demanda respecto de las autoridades Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ya que les reclama la inconstitucionalidad del artículo 178, primer párrafo de la Ley Aduanera, con motivo de su primer acto de aplicación -resolución del procedimiento administrativo CPA2130007/2023-, del cual como ya se dijo, tuvo conocimiento desde el tres de agosto de dos mil veintitrés. Por otra parte, en relación a la prueba pericial de grafoscopía y documentoscopía que ofrece, dígasele que no ha lugar a admitir la misma, en razón de que su ofrecimiento deviene extemporáneo, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, la referida prueba debió anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Para evidenciar lo anterior, es oportuno traer a contexto el artículo 119 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia. Del numeral transcrito se advierte que para el ofrecimiento oportuno de dicha probanza o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deben ofrecerse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de su ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, lapso que no es predeterminado, sino que puede ser tan extenso como los días que medien entre el auto admisorio en que se señale la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y la propia fecha fijada. Ello, en virtud de que el citado precepto sólo prevé el término final de dicho plazo, pues dispone que "deberá de ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles." En el caso, en el auto admisorio de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se señaló la audiencia constitucional para el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; por lo tanto, es evidente que el ofrecimiento no se realizó dentro del término legal previsto para ello, no obstante que las indicadas pruebas las pudo anunciar desde el día siguiente a su notificación respecto de la admisión de demanda. Las mencionadas consideraciones se pueden observar en la jurisprudencia 2a./J. 79/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 2017572 de contenido siguiente: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. Se afirma lo anterior, dado que en el escrito inicial de demanda, el aquí quejoso, señaló bajo protesta de decir verdad, en el capítulo referente a los hechos lo siguiente: De lo que se advierte que desde la presentación de demanda el quejoso manifiesta que en la orden de verificación del vehículo de procedencia extranjera número CVV2100007/2023 contenido en el oficio SPF-SI-CGEN-Yasf-DCE-1322/2023 de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés, obra una firma que manifiesta no es suya; razón por la cual, se advierte que el promovente tenía conocimiento de dicha firma, pudiendo ofrecer las pruebas periciales correspondientes desde la presentación del escrito inicial de demanda. Sobre ese contexto, se arriba a la convicción de que lo procedente es desechar la prueba pericial ofrecida, dado que deviene extemporánea. En otro orden de ideas, referente a los actos que reclama en su escrito de ampliación al Director de Comercio Exterior, consistentes en: Dígase que no ha lugar a proveer de conformidad en virtud de que dichos actos ya fueron reclamados en el escrito inicial de demanda, por lo que de admitirse, resultaría ocioso. Finalmente, referente a la autoridades señaladas como responsables Oficiales del Comercio Exterior habilitados como verificadores Luis Fernando Domínguez Valenzuela y Jorge Armando Cabrera Liceaga con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto a las nuevas autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONABLES: Oficiales del Comercio Exterior habilitados como verificadores .......... ACTOS RECLAMADOS: La ilegal notificación de la inconstitucional orden de orden de verificación del vehículo de procedencia extranjera número CVV2100007/2023 contenido en el oficio SPF-SI-CGEN-YASF-DCE-1322/2023 de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés" En tales condiciones, se admite a trámite la ampliación de amparo de referencia. Por tanto, con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de tener signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, deberán remitir su informe a través de dicho sistema, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. Hágase saber a las autoridades responsables, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, reformado mediante el diverso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas Administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se REQUIERE a las autoridades responsables que los documentos que remitan, lo hagan debidamente digitalizados, a fin de integrar el expediente electrónico. Asimismo, se REQUIERE a las autoridades responsables para que bajo su más estricta responsabilidad informen si la documentación que envíen contiene información clasificada como confidencial o reservada, deberá hacerlo del conocimiento a este juzgado por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuestos por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 113, 114. 116 y 117 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el entendido de que aquellos documentos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que encuentren bajo resguardo en la secretaria de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del Acuerdos 12/2020. En tales condiciones, SE REQUIERE a las autoridades responsables para que tramiten y obtengan la firma electrónica, y de esa forma estén en condiciones de rendir informes y en general de intervenir en el juicio en forma electrónica. De igual manera, se precisa que en caso de que las autoridades responsables rindan su informe de ley vía electrónica DEBERÁ contar con la respectiva evidencia criptográfica; y, de adjuntar documentos al mismo, DEBERÁN realizar la protesta de decir verdad con relación a que tales documentos electrónicos son copia íntegra e inalterada de su documento impreso, como lo establece el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, deberán manifestar si fueron exhibidos en original o copias certificadas o simples. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se DIFIERE ANTICIPADAMENTE la audiencia constitucional y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Apercíbase a las autoridades responsables que la omisión a rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso k) de la ley de la materia, córrase traslado con copia simple del escrito de ampliación de la demanda a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado en materia de amparos. Finalmente, se comisiona al oficial judicial A adscrito a este Juzgado Federal para realizar las gestiones necesarias a efecto de registrar a las nuevas autoridades responsables dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    CITATORIO QUEJOSO San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos la diligencia de ratificación de firma del quejoso ........., respecto del escrito presentado el once de octubre del año en curso, por el que pretende ampliar la demanda de amparo respecto de las siguientes autoridades y actos reclamados: Ahora, por cuanto hace a las autoridades señaladas como responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Al respecto, dígasele que no ha lugar a admitir la ampliación de demanda que pretende respecto de dichas autoridades, en razón de que su ofrecimiento deviene extemporáneo. Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17 de la citada ley. En ese sentido, como ya se dijo, resulta improcedente el juicio de amparo planteado, en atención a lo previsto en los numerales señalados en el párrafo que antecede, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Por su parte, el numeral 17 de la legislación en cita ordena: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo que no se promueva dentro del término de quince días que marca el artículo 17 transcrito, deviene improcedente, salvo las excepciones contenidas en este numeral, las cuales evidentemente no se actualizan en el caso. En efecto, desde la presentación del escrito de demanda el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, el promovente, señaló como acto reclamado ".la inconstitucional orden de verificación de vehículo de procedencia extranjera número CVV2100007/2023 contenido en el oficio SPF-SI-CGEN-YASF-DCE-1322/2023 de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés dictada dentro del expediente administrativo CPA2130007/2023 en el cual se pretende verificar el vehículo al propietario, poseedor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera marca DODGE línea CHARGER tipo 2 puertas color morado con placas de circulación HBZ397-E, del Estado de Guerrero, de cuya existencia se desprenden a su vez otros actos de autoridad.", por lo que desde esa fecha tuvo conocimiento de la existencia del acto que aquí reclama; máxime que, en el capítulo de hechos, el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente: Por tanto, al manifestar que el día tres de agosto de dos mil veintitrés el promovente recibió en la puerta de su domicilio copia de la orden de verificación del vehículo de procedencia extranjera número CVV2100007/2023 contenido en el oficio SPF-SI-CGEN-YASF-DCE-1322/2023 de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés así como copia del procedimiento administrativo CPA2130007/2023, es evidente que a la fecha de la presentación de la ampliación que demanda que pretende (once de octubre de dos mil veintitrés), ha trascurrido en exceso el término de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la indicada ampliación de demanda respecto de las autoridades Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ya que les reclama la inconstitucionalidad del artículo 178, primer párrafo de la Ley Aduanera, con motivo de su primer acto de aplicación -resolución del procedimiento administrativo CPA2130007/2023-, del cual como ya se dijo, tuvo conocimiento desde el tres de agosto de dos mil veintitrés. Por otra parte, en relación a la prueba pericial de grafoscopía y documentoscopía que ofrece, dígasele que no ha lugar a admitir la misma, en razón de que su ofrecimiento deviene extemporáneo, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, la referida prueba debió anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Para evidenciar lo anterior, es oportuno traer a contexto el artículo 119 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia. Del numeral transcrito se advierte que para el ofrecimiento oportuno de dicha probanza o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deben ofrecerse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de su ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, lapso que no es predeterminado, sino que puede ser tan extenso como los días que medien entre el auto admisorio en que se señale la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y la propia fecha fijada. Ello, en virtud de que el citado precepto sólo prevé el término final de dicho plazo, pues dispone que "deberá de ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles." En el caso, en el auto admisorio de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se señaló la audiencia constitucional para el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; por lo tanto, es evidente que el ofrecimiento no se realizó dentro del término legal previsto para ello, no obstante que las indicadas pruebas las pudo anunciar desde el día siguiente a su notificación respecto de la admisión de demanda. Las mencionadas consideraciones se pueden observar en la jurisprudencia 2a./J. 79/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 2017572 de contenido siguiente: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. Se afirma lo anterior, dado que en el escrito inicial de demanda, el aquí quejoso, señaló bajo protesta de decir verdad, en el capítulo referente a los hechos lo siguiente: De lo que se advierte que desde la presentación de demanda el quejoso manifiesta que en la orden de verificación del vehículo de procedencia extranjera número CVV2100007/2023 contenido en el oficio SPF-SI-CGEN-Yasf-DCE-1322/2023 de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés, obra una firma que manifiesta no es suya; razón por la cual, se advierte que el promovente tenía conocimiento de dicha firma, pudiendo ofrecer las pruebas periciales correspondientes desde la presentación del escrito inicial de demanda. Sobre ese contexto, se arriba a la convicción de que lo procedente es desechar la prueba pericial ofrecida, dado que deviene extemporánea. En otro orden de ideas, referente a los actos que reclama en su escrito de ampliación al Director de Comercio Exterior, consistentes en: Dígase que no ha lugar a proveer de conformidad en virtud de que dichos actos ya fueron reclamados en el escrito inicial de demanda, por lo que de admitirse, resultaría ocioso. Finalmente, referente a la autoridades señaladas como responsables Oficiales del Comercio Exterior habilitados como verificadores Luis Fernando Domínguez Valenzuela y Jorge Armando Cabrera Liceaga con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto a las nuevas autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONABLES: Oficiales del Comercio Exterior habilitados como verificadores .......... ACTOS RECLAMADOS: La ilegal notificación de la inconstitucional orden de orden de verificación del vehículo de procedencia extranjera número CVV2100007/2023 contenido en el oficio SPF-SI-CGEN-YASF-DCE-1322/2023 de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés" En tales condiciones, se admite a trámite la ampliación de amparo de referencia. Por tanto, con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de tener signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, deberán remitir su informe a través de dicho sistema, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. Hágase saber a las autoridades responsables, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, reformado mediante el diverso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas Administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se REQUIERE a las autoridades responsables que los documentos que remitan, lo hagan debidamente digitalizados, a fin de integrar el expediente electrónico. Asimismo, se REQUIERE a las autoridades responsables para que bajo su más estricta responsabilidad informen si la documentación que envíen contiene información clasificada como confidencial o reservada, deberá hacerlo del conocimiento a este juzgado por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuestos por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 113, 114. 116 y 117 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el entendido de que aquellos documentos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que encuentren bajo resguardo en la secretaria de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del Acuerdos 12/2020. En tales condiciones, SE REQUIERE a las autoridades responsables para que tramiten y obtengan la firma electrónica, y de esa forma estén en condiciones de rendir informes y en general de intervenir en el juicio en forma electrónica. De igual manera, se precisa que en caso de que las autoridades responsables rindan su informe de ley vía electrónica DEBERÁ contar con la respectiva evidencia criptográfica; y, de adjuntar documentos al mismo, DEBERÁN realizar la protesta de decir verdad con relación a que tales documentos electrónicos son copia íntegra e inalterada de su documento impreso, como lo establece el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, deberán manifestar si fueron exhibidos en original o copias certificadas o simples. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se DIFIERE ANTICIPADAMENTE la audiencia constitucional y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Apercíbase a las autoridades responsables que la omisión a rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso k) de la ley de la materia, córrase traslado con copia simple del escrito de ampliación de la demanda a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado en materia de amparos. Finalmente, se comisiona al oficial judicial A adscrito a este Juzgado Federal para realizar las gestiones necesarias a efecto de registrar a las nuevas autoridades responsables dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio recibido vía electrónica de la Apoderada del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo copia certificada de diversas constancias, entre ellas del oficio SGPES/159/2023, a través del cual notificó a la aquí quejosa la resolución que recayó a su solicitud de pensión por jubilación con clave de trámite *******. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con la citadas constancias, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no efectuar manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito presentado por quien dice ser ..............., mediante el cual pretende desahogar el requerimiento de once de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, una vez analizado el escrito de cuenta, se advierte que, la firma que lo calza tiene diferencia visible con la firma plasmada en la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a .............z, para que dentro del plazo de tres días, al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se constituya en el local que ocupa este Juzgado Federal, con identificación oficial vigente y copia de la misma, para que ante la presencia Judicial ratifique la firma que calza su escrito de cuenta, toda vez que difiere notoriamente con la del escrito inicial de demanda; tal como se advierte a continuación: ESCRITO DE DEMANDA ESCRITO DE CUENTA Con el apercibimiento, que de no dar cumplimiento en el plazo establecido, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Es aplicable a la anterior determinación la Tesis de Jurisprudencia 24(7/89) sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo III, Primera Parte, página 385, de rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRABA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.". Cabe señalar que lo manifestado en el escrito de cuenta se entiende realizado bajo protesta de decir verdad, lo que implica que el promovente expone ante la autoridad Federal, con toda sujeción a la verdad, que lo descrito en dicho ocurso es cierto, pues de no hacerlo así debe ser sancionado. En tal virtud, se hace del conocimiento al quejoso y a sus autorizados, el contenido del artículo 231, fracción IV, del Código Penal Federal, que prevé: "Artículo 231.- Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los delitos siguientes: (.) IV.- Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley." Ello, en razón a que el juicio de amparo es una institución de buena fe y en atención a que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Así, aunque la expresión "acceso a la justicia" no se advierte en la redacción de esas normas, se concluye que es el modo simple para identificar el método o medio adecuado para materializar el contenido de éstas en favor de los gobernados, pues al estar previsto en la parte dogmática de la Constitución Federal, dicho término constituye un derecho fundamental que, además, ha sido reconocido y ratificado en el instrumento internacional mencionado como una potestad inherente a la persona. Notifíquese en términos de ley.

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