Barbara Salazar Bello
Expediente 371/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Barbara Salazar Bello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de junio de dos mil veintitrés. Glósese a los presentes autos el oficio 5426/2023 remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por Ángel Francisco Herrera Villanueva, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, contra de la sentencia firmada el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, formándose el toca 384/2023. NOTIFÍQUESE.
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Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en contra de la sentencia firmada el veintiséis de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno: 1. El expediente físico del juicio de amparo 371/2023-l. 2. El original del escrito de revisión y de expresión de agravios. 3. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Asimismo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, mediante el cual comunica que se concedió el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo ******************** del índice de dicho órgano jurisdiccional. En atención al contenido del oficio en comento, hágase del conocimiento al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, a fin que proceda a efectuar vinculación pertinente el expediente electrónico de referencia. Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo. CÚMPLASE.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 371/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán. (...) QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En la especie se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo aplicable, debido a que la quejosa no demostró su interés jurídico para instar la protección constitucional. En estrecha relación con tal regla de improcedencia en mención, emerge lo dispuesto en el artículo 6° de dicho ordenamiento en cuanto a que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado; disposición que se refleja en el plano secundario la fracción I del numeral 107 de la Carta Magna, que estatuye que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el diverso numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los numerales antes transcritos se puede advertir que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Orienta esta determinación, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598 del Libro 64, Marzo de 2019 Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con Registro digital: 2019456, que dispone: [.] Conforme el criterio antes citado, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones, siendo que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En tal virtud, atendiendo al reclamo de la parte quejosa, se procede a establecer si tiene interés jurídico para instar la protección federal, toda vez que acude a este tribunal a reclamar la negativa de devolverle un bien mueble que aduce es de su propiedad así como la entrega de éste a una diversa persona. En efecto, si la parte quejosa invoca un derecho sustantivo pues se ostenta propietario de un bien mueble, resulta inconcuso que debe analizarse si la parte quejosa le asiste un interés jurídico para instar la protección constitucional. Lo anterior es así, pues en el presente asunto, la quejosa Barbara Salazar Bello, reclama la retención del vehículo de la marca Toyota, tipo Corolla Sedan, modelo 2021, Base CVT 2021, clave vehicular 0520235, número de motor 2ZR3389870, con número de serie 5YFBPRBE8MP236683, color Dark Blue, la negativa verbal de efectuar su devolución, así como la entrega del citado vehículo a una diversa persona. Sin embargo, la peticionaria del amparo no exhibió un documento eficaz e idóneo para acreditar el derecho subjetivamente tutelado por la norma respecto del vehículo automotor que refiere, no obstante que la quejosa exhibió con la demanda de amparo la factura KA9590, con número de referencia 11001311, y folio interno 8990, expedida por Liderazgo Automotriz de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que el vehículo materia de la litis constitucional fue entregado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós a Edwin Orlando Polanco May, como apoderado de Promotora Caribeña, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora, de la constancia con número de folio 135370, se aprecia que la autoridad responsable entregó el mueble en cuestión ya que previamente el interesado acreditó su propiedad con una carta factura; como puede apreciarse, la autoridad responsable accedió a la devolución del vehículo automotor solicitado bajo la premisa de que se acreditó la propiedad del mismo. Así, al actualizarse un conflicto de intereses con relación a la documentación que fue exhibida por la quejosa y la exhibida ante la autoridad responsable por la parte tercera interesada para lograr la entrega del vehículo, el documento ofrecido por la quejosa no resulta idóneo para demostrar su interés jurídico. Se insiste, al encontrarse la factura exhibida por la quejosa en contradicción con la diversa documentación exhibida por la tercera interesada ante la autoridad responsable, dicha documental no podría ser considerada en este juicio para demostrar su interés jurídico porque conllevaría al análisis del derecho de propiedad que aduce le asiste al mencionado quejoso, lo cual debe realizarse por conducto de los órganos jurisdiccionales competentes. Orienta lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Primer Circuito, visible en la 521, del Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con Registro digital: 199708. [.] Asimismo, resulta aplicable en lo que interesa la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo LXVIII, página 920, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con Registro digital: 353754, que establece: [.] En las condiciones apuntadas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, con términos del diverso 63, fracción V de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: [.] SEXTO. Estudio y resolución del incidente de objeción de documentos. Es innecesario efectuar el estudio de los motivos de inconformidad expuestos por la incidentista, debido a que la acción incidental planteada ha quedado sin materia con lo resuelto en el considerando que antecede. Es oportuno señalar que en términos del precepto 122 de la ley de la materia, el incidente que nos ocupa tiene por objeto establecer únicamente para los efectos del juicio de amparo, la autenticidad de un documento que se tilda de falso. En ese orden de ideas, se estima que dicha incidencia no puede tener el alcance calificar la idoneidad del documento con el cual se pretende demostrar la propiedad del bien de que se trate, ni tampoco sobre el derecho de un tercero que impugne la falsedad del documento con base en el cual se transmitió la propiedad del vehículo, ya que como se establecido en el considerando precedente las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de amparo; por ello, el incidente de objeción de documento debe quedar sin materia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Barbara Salazar Bello, contra el acto de la autoridad responsable, por el motivo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se declara sin materia el incidente de objeción de documento hecho valer por la parte tercero interesada, atento a las razones expuestas en el considerando sexto esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito signado por ********************, quien se ostenta autorizado en términos amplios de la parte tercero interesada, el cual se agrega únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en el presente asunto, no se le tiene reconocido tal carácter. NOTIFÍQUESE.
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