Barbara Rio de la Loza Robles
Expediente 925/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Barbara Rio de la Loza Robles
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda de veintidós de septiembre de este año; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Bárbara Río de la Loza Robles y Gerson Gonzalo Rodríguez Robles, en representación del menor de iniciales reservadas S.R.R. de la L., pero con evidencia criptográfica de Gerardo Fragoso García (autorizado); fórmese el expediente relativo con el número 925/2021-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley d e Amparo dispone que el juzgado de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Una vez sentado lo anterior, conviene acotar que los actos reclamados consisten esencialmente en: La omisión de aplicar congruentemente el mandato presidencial de acudir a clases presenciales "llueve, truene o relampaguee de treinta de agosto de dos mil veintiuno, la política nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov-2 para la prevención de la COVID-19 en México; La omisión de llamar, informar y/o notificar a la menor quejosa el lugar, horario y fecha para la aplicación de la vacuna autorizada por la COFEPRIS. La discriminación ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral y a la Salud. Los efectos y consecuencias de dichas omisiones. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. En los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado; en el entendido que, en todo caso, la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o, al haberlo presentado por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de su firmante. Ello obedece a que la firma tiene como función esencial no sólo identificar a su autor, sino también la de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que, a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Así, una vez recibida la demanda de amparo ante el órgano jurisdiccional, el Juzgado de Distrito tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquella externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o bien, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo dispone que la firma electrónica es el medio que permite al quejoso el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que, quien promueve sea parte. En la especie, la demanda de amparo de cuenta es firmada electrónicamente por Gerardo Fragoso García, quien figura como autorizado de la parte quejosa, por lo que este documento carece de la firma electrónica de los promoventes Bárbara Río de la Loza Robles y Gerson Gonzalo Rodríguez Robles en representación del menor de iniciales reservadas S.R.R. de la L. En otras palabras, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") con la que se envió, no corresponde a las referidas personas físicas como lo disponen los artículos 3 de la Ley de Amparo, 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el 10, 16, 17, 42 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que se presentó en el Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación. Sin que se esté en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17 y 42 del acuerdo mencionado en segundo término. Sin que en el caso se actualice alguna excepción de los previstos en el artículo 9 de la Ley de Amparo, pues no se promueve en términos del numeral 15 de la legislación de la materia, esto es, contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ya que los actos de que se duela la parte agraviada si bien aducen que se pone en riesgo la salud del menor, lo cierto es que como lo apuntan en el escrito de cuenta, se trata de un acto incierto que en este momento no produce tal afectación, atento a que acuden al amparo apuntando que el impúber es un posible candidato a la vacuna que pretenden le sea aplicada. Tampoco se soslaya que en la última foja de la demanda obra la imagen de una firma, no obstante, ésta sólo constituye la copia de una rúbrica, lo que implica que no sea autógrafa y, por tal motivo, no resulta posible para quien resuelve constatar su autenticidad ni la real voluntad de los promoventes; máxime que en este caso se optó por presentar el ocurso constitucional a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de ahí que sea imprescindible que sea sido firmado de manera electrónica y no autógrafa. No se soslaya que los promoventes aduzcan riesgo del menor para exponerse a contagiarse del virus Covid-19; empero, tal circunstancia no representa impedimento suficiente para que los agraviados no hayan firmado electrónicamente su demanda, ya que tiene a su alcance los medios necesarios para tramitar su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), incluso de manera remota (en línea), pues para tal propósito el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido los mecanismos necesarios para que los gobernados ya no asistan personalmente a los módulos físicos para su trámite, sino que basta con descargar una aplicación móvil para acceder a esa herramienta. A mayor abundamiento, se tiene que al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es un requisito indispensable que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. Por lo que en caso de que el quejoso y/o quien legalmente la represente, no cuenten con dicha firma electrónica debidamente registrada en el sistema de registro correspondiente, ello no obstaculiza irreparablemente su acceso a la justicia, pues aún existe la posibilidad de presentar la demanda por escrito y en el mismo ocurso solicitar el acceso a los servicios tecnológicos autorizando para ello, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales del derecho que cuenten con firma electrónica registrada en el sistema para que puedan continuar por esa vía con la tramitación del juicio de amparo y sus recursos, cuya solicitud puede válidamente revocarla en el momento que así lo decida. Por ello, no debe considerarse que esta determinación transgrede el derecho fundamental de la parte gobernada a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata los actos de autoridad de los que se duele, toda vez que la parte quejosa tiene a su alcance los medios necesarios para tramitar su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y con ello la posibilidad de hacer uso del servicio de impartición de justicia de forma más accesible. Ante ello, es evidente que no existe plasmada en la demanda de amparo la manifestación de voluntad de Bárbara Río de la Loza Robles y Gerson Gonzalo Rodríguez Robles, en representación del menor de iniciales reservadas S.R.R. de la L., para acudir a la presente instancia constitucional, pues tal ocurso, que fue presentado en línea, carece de su firma electrónica, que constituye el medio con el cual las partes en el juicio expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, pues con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, dado que con la que se remitió es por evidencia criptográfica pero de diversa persona, lo que implica que, ante la falta de firma electrónica de la parte quejosa, no existió dicha voluntad de ejercer la acción de amparo. Máxime que con la promoción del presente asunto se pretende la aplicación de una vacuna a un menor de edad, y ante el eventual otorgamiento de la medida cautelar peticionada, sus padres por ser quienes instarían en la vía constitucional, resultarían responsables de las consecuencias e implicaciones médicas que deriven en caso de concederse la suspensión solicitada, de ahí que deba promoverse directamente por los progenitores o quienes ostenten la legal representación del impúber, bajo su más estricta responsabilidad, y no por conducto de alguno de sus autorizados. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de sustento a lo anteriormente expuesto la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." Así como la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario que refiere; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Referente al correo electrónico y números telefónicos que señala toda vez que la citada ley no los contempla como un medio para oír y recibir notificaciones, se tienen únicamente por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA VÍA INTERNET Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de al usuario que refiere; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintiuno de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1238, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. También, se les informa que, previo a comparecer a recibir algún documento, valor o copias relacionadas con el presente asunto, deberán comunicarse con el personal del Juzgado vía telefónica al número y extensión indicado en párrafos anteriores, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, con relación al periodo de vigencia, para laborar de manera presencial (7:45 a.m. a 13:45 p.m.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente.
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