Bárbara Ramírez Ballester
Expediente 1561/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1561/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Bárbara Ramírez Ballester
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el que solicita copias certificadas de todas las actuaciones contenidas en el juicio de amparo en que se actúa. En su atención, remítanse vía estafeta las copias certificadas que solicita, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio procedente del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el que informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda, radicándolo como juicio de amparo indirecto 1464/2022. En consecuencia, remítanse vía interconexión las constancias recibidas posteriormente al proveído de tres de octubre del año en curso contenidas en el presente juicio, para los efectos legales conducentes. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro de ley al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de dictada en el presente asunto, que CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En tal virtud, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 192, 193, 195 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que informe el cumplimiento que haya dado al fallo de referencia, ello dentro del plazo de tres días siguientes al de la notificación de este proveído, en los siguientes términos: ".SÉPTIMO. Efectos del amparo. Así, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por la parte quejosa contra la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para el efecto de que dentro del juicio laboral 1351/2014: 1. Señale fecha cercana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, acorde al término previsto por el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Ordene la notificación de dicho proveído a la parte actora. Bajo el apercibimiento que de ser omiso a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente las gestiones que se encuentran llevando a cabo para dar cumplimiento al fallo protector y justificar la causa de su retraso, lo que deberá acreditar con constancias fehacientes, las personas que ostenten los cargos de las autoridades requeridas, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Además, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, esto es, se ordenará que se abra el incidente de inejecución de sentencia, y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Turno, para la substanciación del incidente de mérito, sin perjuicio de que éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del numeral 198 del ordenamiento legal en cita, esto es, separación del cargo de las autoridades omisas. Notifíquese.
- Principal
Vista el escrito que antecede, se tiene a María Guadalupe Osnaya Mauries en representación de Bárbara Ramírez Ballester, Julio César Salas Silva, Alexander Santana Batista y Beatriz Corria García, de nacionalidad cubana, promoviendo amparo contra actos que reclaman del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y otras. Fórmese expediente y regístrese con el número 1561/2022-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Con fundamento en los artículos 15, 125, 126, 127, fracción II, 162 y 164, de la Ley de Amparo, se concede a Bárbara Ramírez Ballester, Julio César Salas Silva, Alexander Santana Batista y Beatriz Corria García, la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados: En atención a la naturaleza de los actos reclamados, este órgano de control constitucional concede la suspensión de oficio y/o plano, para los términos siguientes: Los quejosos quedan a disposición de la autoridad migratoria correspondiente para que se continúe con el procedimiento respectivo, tomando en consideración lo previsto en el capítulo VI "De los Derechos de los Alojados en las Estaciones Migratorios" de la Ley de Migración. Mientras los quejosos estén alojados en la estancia migratoria, se le garantice los derechos que la legislación de dicha materia prevé en su artículo 109, los que, de manera enunciativa más no limitativa, son: se le facilite un traductor o intérprete, en caso de que no hable o no entienda el español; acceda a comunicación telefónica; reciba los alimentos y artículos de aseo necesarios, así como medicamentos en caso de ser necesarios; pueda ser visitado por su representante; y, todas aquellas acciones que tengan como fin conservar la dignidad, vida e integridad física de los quejosos. Se precisa y reitera que, en términos de los artículos 150 y 163 de la Ley de Amparo, el efecto de esta medida cautelar no impide la continuación del procedimiento de donde emana el acto reclamado y su finalidad, pues éste es de orden público y no es susceptible de suspenderse, por lo tanto, la medida suspensional no incide sobre los actos que dan por concluida la medida privativa de libertad, como puede ser su extinción o terminación por las causas legales, ni sobre los diversos actos que le son coetáneos, como la resolución migratoria o la puesta en libertad de los(a) quejosos(a). Con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, dado que la suspensión tiene por objeto de que no se ejecute la deportación, para efectos de operatividad de la medida cautelar decretada en favor de Bárbara Ramírez Ballester, Julio César Salas Silva, Alexander Santana Batista y Beatriz Corria García, los quejosos quedan a disposición del órgano de control constitucional competente por lo que hace a su libertad personal, en el lugar en que actualmente se encuentran privados de su libertad y a disposición de la autoridad responsable, para que, de ser procedente, se continúe con el respectivo procedimiento migratorio. No obstante, de conformidad con los citados preceptos, la suspensión decretada no tiene el alcance jurídico para otorgar la libertad deambulatoria a los quejosos, puesto que, en su caso y previa ratificación del ocurso inicial, así como de constatar el motivo por el que se encuentran privados de su libertad, dicha situación será valorada en el momento procesal oportuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del Tomo XXVI, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, con número de registro 170578, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." En la inteligencia que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables la medida que adopten a fin de que los quejosos reciban, de presentarse algún padecimiento, la atención médica adecuada bajo las circunstancias del caso concreto. Asimismo, las autoridades responsables deberán adoptar las medidas que estimen necesarias a fin de que salvaguarden en todo momento el orden público y seguridad del sitio donde se encuentra el quejoso, sólo en el caso de que se estuviera en presencia de situaciones de hecho y de derecho ajenas a aquellas que fueron proporcionadas por el promovente en su escrito de demanda. Es decir, si las autoridades responsables contaran con información distinta a la proporcionada por el promovente, que revelara algún grado de peligrosidad del quejoso; en ese sentido deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que se proteja tanto la integridad del agraviado, como el orden público y seguridad del sitio en el que deba ser resguardado. Lo anterior, no implica que las autoridades responsables, de considerarlo pertinente, determinen si el justiciable reúne los requisitos establecidos en la norma migratoria para su legal estadía en el país, por lo que el procedimiento respectivo debe continuar. Se requiere informe relativo a la suspensión de plano. Ante ello, de acuerdo con los artículos 143 y 154 de la ley de la materia, requiérase a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que, en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo, informe(n) y remita(n) fotocopia certificada de las constancias idóneas con las que acrediten el cumplimiento a esta medida cautelar. Apercibida de que, en caso de ser omisa, o bien, de no manifestar oportunamente el impedimento legal que le asista, la persona física que ocupe el cargo de la autoridad requerida, se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le hace saber que el informe de cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en este auto, es distinto al informe justificado que en su momento pudiera llegar a requerirse. EXHORTO Ahora bien, toda vez que los quejosos se encuentran detenidos en la Estación Migratoria en la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 297 fracción II, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ENVÍESE EXHORTO AL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que, en auxilio de las labores de este juzgado entregue los oficios dirigidos a las autoridades responsables, así como para que comisione a un actuario judicial adscrito para que se constituya en la Estancia Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en calle Jacarandas 726 (esquina calle Agujas), colonia El Vergel, Alcaldía Iztapalapa, código postal 09880, Ciudad de México, a fin de: Localizar a los quejosos y los requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor por María Guadalupe Osnaya Mauries. Los prevenga que de no ratificar la demanda dentro del plazo que se les concede, se tendrá por NO PRESENTADA y quedarán sin efectos las providencias que se hubiesen dictado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Deberá requerirlos para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, con fundamento en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, manifiesten la totalidad de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, entre ellos, deberán narrar los antecedentes de los actos reclamados, pues son ellas que sufren la afectación directa, como lo es 1) cuándo ingresaron y cuánto tiempo llevan dentro del territorio nacional; 2) con qué calidad ingresaron al territorio nacional y por cuánto tiempo; pues dichas circunstancias deben ser precisadas por las quejosos y no dejarlo a interpretación de este juzgado; puesto que dicha precisión forman parte de la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibidas de que de ser omisos en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Deberá requerirlos para que en el acto de la notificación manifiesten si es su deseo tener como su representante legal a María Guadalupe Osnaya Mauries. Asimismo, deberá requerir a las autoridades responsables informen la situación jurídica que actualmente guardan el quejoso, en relación con su libertad personal. Les notifique personalmente el presente proveído en su integridad. Así, como para que entregue los oficios que derivan del presente proveído, los cuales se anexan. Por otra parte, se concede al juzgado exhortado amplias facultades legales a efecto de que tome las medidas necesarias para que la comunicación oficial en que se actúa sea devuelta debidamente diligenciada, se habilita al juzgado que conozca de la presente comunicación, días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. SE DECLINA COMPETENCIA No obstante lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del asunto. Antecedentes. El promovente del amparo precisa que los actos reclamados son Al respecto, bajo protesta de decir verdad el promovente del amparo expuso que los quejosos Bárbara Ramírez Ballester, Julio César Salas Silva, Alexander Santana Batista y Beatriz Corria García, se encuentran detenidos en las instalaciones de la Estancia Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en calle Jacarandas 726 (esquina calle Agujas), colonia El Vergel, Alcaldía Iztapalapa, código postal 09880, Ciudad de México. Razones de la incompetencia. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, debido a que define, qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. En relación con lo anterior, es necesario conocer los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en los que se prevé lo siguiente: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las normas transcritas se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. Será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. Será competente el Juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Así las cosas, para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo es necesario establecer, en primer lugar, si el acto reclamado tiene una ejecución material, es decir, si trae aparejada alguna ejecución. En el caso, los actos impugnados son negativos, pues en ellos las autoridades están alojando de manera prolongada e indefinida a los quejosos en la Estancia Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en calle Jacarandas 726 (esquina calle Agujas), colonia El Vergel, Alcaldía Iztapalapa, código postal 09880, Ciudad de México, fuera del plazo establecido en el artículo 68 de la Ley de Migración y por ende del artículo 21 Constitucional; sin embargo, lo cierto es que dichos actos conllevan un principio de ejecución. En efecto, se trata de actos negativos con efectos positivos, pues aunque en apariencia, sólo conllevan un no hacer, una abstención o negativa por parte de la autoridad, en realidad producen consecuencias propias de un acto positivo sobre la esfera de derechos de la quejosa e, incluso, sobre su persona. Ahora, aun cuando dicho actuar constituye, en apariencia, un acto de carácter negativo, mientras la autoridad continúe con la negativa que se le combate, se seguirá ejecutando materialmente la afectación a los derechos de la quejosa. De esta manera, los actos reclamados conllevan un principio de ejecución, ya que los quejosos se encuentran bajo un procedimiento administrativo en la Estancia Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en calle Jacarandas 726m (esquina calle Agujas), colonia El Vergel, Alcaldía Iztapalapa, código postal 09880, Ciudad de México, se traduce e implica necesariamente una afectación positiva, en la medida en que tienen efectos que permiten su materialización sobre la quejosa. Una vez precisado lo anterior, debe atenderse a la regla prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el presente caso, la retención de los quejosos se realiza en la Ciudad de México, no así en el Estado de Hidalgo; es decir, Estancia Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en calle Jacarandas 726 (esquina calle Agujas), colonia El Vergel, Alcaldía Iztapalapa, código postal 09880, Ciudad de México, lugar que a decir del promovente del amparo se encuentran detenidos los quejosos, máxime que las autoridades responsables que señalan también tienen residencia en la Ciudad de México. Así las cosas, como se señaló, a pesar de que los quejosos se encuentran bajo un procedimiento administrativo en la Estancia Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en calle Jacarandas 726 (esquina calle Agujas), colonia El Vergel, Alcaldía Iztapalapa, código postal 09880, Ciudad de México, ello conlleva efectos positivos, que se traducen y se concretan en la Ciudad de México, lugar en el cual se encuentran retenidos los quejosos. Al respecto resulta aplicable, por analogía, la tesis l. 1o.P. 35 P (10a.), cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Conclusión. Por las razones expuestas este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito con residencia en la Ciudad de México, declina competencia a favor de un JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO. Por tanto, remítase el presente expediente, así como el escrito de demanda y anexos, fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se considera competente. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase la vía electrónica para oír y recibir notificaciones, a través del usuario "GuadalupeOsnaya". AUTORIZADO Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Guadalupe Osnaya Mauries, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único Profesionales de Derecho, ante los Órgano Jurisdiccionales. Reincorporación de Titular. Visto el estado que guardan los autos y en específico del contenido del oficio SEADS/476/2022 signado electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informa que en sesión ordinaria de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la reincorporación de Fredy Francisco Aguilar Pérez, como Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese vía electrónica al promovente del amparo y personalmente vía exhorto a los quejosos en el lugar donde se encuentra internos.
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