Bárbara Mori Ochoa
Expediente 811/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Bárbara Mori Ochoa
- Bárbara Mori Ochoa y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de tres de agosto de este año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, ..., se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Notifíquese.
- Principal
Radicación de la demanda. Vista; la demanda de amparo recibida vía electrónica con evidencia criptográfica que promueven Jorge García García, Elena Álvarez Solorio, Michelle Bárcena Hernández, por propio derecho y Bárbara Mori Ochoa, por conducto de su apoderado legal Oscar Samuel Aguirre Barrios, personalidad que acredita con la copia que adjunta a su escrito del poder general para pleitos y cobranzas, las que expresa bajo protesta de decir verdad, son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos; manifestación efectuada acorde a lo establecido en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; contra actos del Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Consideraciones previas. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar su procedencia o improcedencia. "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte la posibilidad de desechar una demanda de amparo indirecto, cuando del análisis de su contenido, incluyendo los anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable; entendiéndose por lo primero, lo que no requiere de mayor demostración, y por lo segundo, de lo que se tiene certeza y plena convicción. Así es, de acuerdo con el artículo 113 invocado, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la Jurisprudencia V.2o. J/75, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, Registro digital: 215188, página 77, cuyo rubro a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia infructuoso, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Fundamentos para desechar la demanda respecto de la quejosa Bárbara Mori Ochoa. Este Juzgado considera que por cuando a la demanda de amparo de Bárbara Mori Ochoa presentada por su apoderado legal Óscar Samuel Aguirre Barrios, en el caso en estudio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de la materia, en virtud de que existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio con los actos reclamados en el juicio de amparo 749/2023, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en razón de que fue promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades y contra los mismos actos, en forma precedente a la actual demanda. En efecto, el citado artículo 61, fracción X de la Ley de la materia, a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de otro juicio pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualiza esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad se las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La causa de improcedencia del juicio de amparo que regula la fracción transcrita, tiene su origen en la figura jurídica de la litispendencia. Esta hipótesis de improcedencia del amparo pretende evitar que se pronuncien dos sentencias contradictorias sobre la misma materia, así como la proliferación de juicios de amparo, cuya controversia gire en torno a la misma litis o causa. Así, la litispendencia en el juicio de amparo opera cuando se actualizan las hipótesis siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Que dicho juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese tenor, los principios que se aplican a la litispendencia son los de la unidad del proceso del conocimiento y el de la economía procesal, además, la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, tomando en consideración que la institución se configura cuando una controversia anterior se encuentra pendiente de resolución en el mismo Juzgado o Tribunal o en otro diferente y en ambos conflictos existe una identidad de los elementos del litigio planteado en los dos procesos. Esta identidad se refiere a los sujetos, el objeto y la pretensión. En resumen, se produce la litispendencia cuando una misma causa litigiosa se propone ante dos jueces diversos, o cuando la misma causa se presenta varias veces, ante el mismo Juzgador. También se ha considerado que, la institución se produce con el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia firme. Por los argumentos expuestos y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción X, en relación con los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Fundamentos para desechar la demanda por cuanto a Jorge García García, Elena Álvarez Solorio y Michelle Bárcenas Hernández. Este Juzgado considera que respecto a la demanda presentada por los quejosos referidos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra disponen lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro los plazos previstos. (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." Conviene señalar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, derivan necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las fracciones del artículo 61 antes mencionado, sólo establezcan algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos, no son los únicos que pueden estimarse para decretar la improcedencia del juicio de amparo, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el diverso artículo 107 de la Ley de la materia, establece que todos aquellos supuestos por los que procede el juicio de amparo indirecto, por lo que si no se está en ninguno de esos supuestos, es evidente que el juicio de amparo indirecto intentado, resulta improcedente. Ahora, cabe destacar que la figura del tercero extraño stricto sensu, se refiere a la persona (física o moral) ajena a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio de origen, y no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo; en ese supuesto, el perfecto tercero extraño en comento acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. Mientras tanto, la figura del tercero extraño a juicio por equiparación, se identifica con la persona (física o moral) que, siendo parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al respecto por encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental alega en el juicio de amparo. Asimismo, es de resaltar que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño, sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, del ordenamiento legal invocado, persona extraña es, en principio, aquella que no h Precisado lo anterior y para justificar la actualización de la causa de improcedencia que se estudia, conviene precisar que en este Juzgado se encuentran registrados los juicios de amparo 418/2023, 322/2023 y 745/2023, los cuales se citan como hecho notorio, que fueron promovidos por los propios quejosos Jorge García García, Elena Álvarez Solorio y Michelle Bárcena Hernández, contra actos derivados del juicio especial hipotecario 130/2008 radicado ante la propia autoridad responsable Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Jorge García García. El juicio de amparo 418/2023 fue promovido por el mencionado quejoso y fue admitido a trámite mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés y el siete de junio posterior le fue concedida la suspensión definitiva de los actos reclamados, como se aprecia de las siguientes imágenes: (..) Elena Álvarez Solorio. La demanda que dio origen al juicio de amparo 322/2023 fue promovida por la citada quejosa y se radicó en auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, asunto que se resolvió al dictarse sentencia definitiva el veintidós de junio de este año, resolviendo sobreseer en el juicio. (.) Michelle Bárcena Hernández. En la demanda que dio origen al juicio de amparo 745/2023, promovido también por ésta quejosa, se manifestó que el once de mayo de dos mil veintitrés se llevó a cabo el lanzamiento: No obstante lo anteriormente evidenciado, Jorge García García, Elena Álvarez Solorio y Michelle Bárcena Hernández instaron el presente juicio de amparo indirecto reclamando sustancialmente la inscripción de la adjudicación por remate judicial de catorce de marzo de dos mil diecinueve y el auto de veintiséis de enero de este año, ambos dictados en el juicio especial hipotecario 130/2008, sin embargo, como se ha demostrado, no tienen el carácter de terceros extraños, en virtud de que se encuentran inmiscuidos en la relación jurídico procesal dentro del referido juicio civil, al ser la parte quejosa en los juicios de amparo previamente promovidos 418/2023, 322/2023 y 745/2023 del índice de este Juzgado. Lo que basta para que pierdan el carácter de terceros extraños al juicio por equiparación que en esta vía constitucional ostentan, en razón de que por conocer el juicio pueden combatir cualquier determinación a través de los medios de impugnación que estimen pertinentes, incluso el amparo, pero no con la calidad con que se ostentan. Es decir, el juicio de amparo resulta improcedente cuando la parte quejosa se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación y no obstante que no haya sido llamada o llamada ilegalmente a juicio, se advierta que se ha integrado como parte formal en la relación jurídico procesal dentro del juicio. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la referida causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, en relación con los diversos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoriamente improcedente, presentada por Jorge García García, Elena Álvarez Solorio y Michelle Bárcena Hernández. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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