Barbára Denise García Maldonado

Expediente 1494/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1494/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Barbára Denise García Maldonado
  • Director Jurídico de la Alcaldía Benito Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    En la Ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental, ... Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1494/2022-VIII, promovido por Bárbara Denise García Maldonado, por propio derecho, contra actos del Director Jurídico de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México; y, ... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se NIEGA a Bárbara Denise García Maldonado, la suspensión definitiva solicitada, por lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veintidós. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter PERSONAL

  3. Principal

    Ciudad de México, a uno de diciembre de dos mil veintidós. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter ELECTRONICA

  4. Incidental

    Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal y el Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisas en desahogar el requerimiento de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, no obstante de haber sido debidamente notificados el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, como se advierte de las constancias que obran en autos. En ese sentido, toda vez que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones y pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107 Constitucional fracción XVI, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional; con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se REQUIERE al Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que, en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber realizado lo siguiente: - Haber emitido el oficio en el que se informe que se han agotado los medios de defensa (visto bueno). En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE al Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico del directamente responsable, lo conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejercen sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidas las autoridades requeridas, que aún subsiste el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Sin que pase inadvertido que mediante oficio recibido el nueve de los corrientes, la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia del Coordinador General Jurídico Consultivo y de Derechos Humanos y del Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, manifestó que el oficio en el que se informe que se han agotado todos los medios de impugnación (visto bueno), forma parte de un trámite interno entre las diversas áreas que conforman dicha institución, y que el cumplimiento al fallo protector es de única y exclusiva competencia de la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que solicita se desvincule del cumplimiento al fallo protector a las citadas autoridades y se requiera a la directa responsable ya que es ésta quien materialmente debe ejecutarlo. Lo anterior, toda vez que el visto bueno que se le requiere forma parte del procedimiento interno entre las diversas áreas de dicha dependencia para realizar un pago; de ahí que, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, todas las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberán atender a los requerimientos decretados de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10.) Aunado a lo anterior, es un hecho notorio, que en los diversos asuntos que se tramitan en este Juzgado, la Directora General de Recursos Humanos, ha informado que corresponde al Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, el otorgar el Visto Bueno correspondiente para continuar con el trámite de pago a la parte quejosa, por lo que, en caso de insistir en ser desvinculado, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, por desacato a una orden Judicial. Notifíquese

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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