Bárbara Carrillo Esquivel y Otros.
Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2021
Partes del expediente
- Bárbara Carrillo Esquivel
- Bárbara Carrillo Esquivel y Otros.
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. INFORMES A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguense únicamente para que obren como corresponda, los informes a la suspensión de plano rendidos a favor de la Secretaría de Salud y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; esto, en razón a que en auto de diez anterior, se tuvo por no presentada la demanda. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Finalmente, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que la suspensión de plano decretada en el presente asunto, ha quedado sin efectos. Notifíquese; y por oficio a las responsables.
- Principal
VII.- Toluca, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexos, remitidos por el Jefe de la Unidad Jurídico Consultiva de la Secretaría de Salud del Estado de México, mediante lo cual pretende acreditar el cumplimiento a la suspensión de plano decretada en auto de veintitrés de enero anterior; en ese tenor, con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo, este juzgado toma conocimiento del cumplimiento a la medida suspensional referida. Notifíquese.
- Principal
Juicio de amparo indirecto 32/2021-III En Toluca, Estado de México; veintitrés de enero de dos mil veintiuno, el secretario da cuenta al secretario encargado del despacho con el escrito de demanda registrado con el número de promoción 72. Conste. Toluca, Estado de México; veintitrés de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel Montes de Oca Colín, en representación de Bárbara Carrillo Esquivel y María Susana Esquivel Martínez, contra el acto y autoridades responsables que enseguida se precisan: Acto reclamado. ? La omisión de otorgar el servicio y atención médicohospitalario, cuidados, atenciones, prevenciones para evitar esparcimiento o propagación, y todos los actos adecuados, necesarios y encaminados a su alcance en aras de restituirles a las impetrantes su salud; lo anterior, al dar positivo al virus SARSCoV- 2, que origina la enfermedad conocida mundialmente como COVID-19 o Coronavirus. Autoridades responsables. 1. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2. El Secretario de Salud del Gobierno Federal. 3. El Director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 4. El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 5. El Director General del Hospital General Regional 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en Toluca, Estado de México. 6. El Director General del Hospital General Regional 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en Metepec, Estado de México. 7. El Gobernador Constitucional del Estado de México. 8. El Secretario de Salud del Gobierno del Estado de México. 9. El Director General del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, del Instituto de Salud del Estado de México, con sede en Toluca, México. 10. El Director General del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, del Instituto de Salud del Estado de México, con sede en Toluca, México. 11. El Titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) 12. El Presidente Municipal Constitucional de Toluca. 13. La Subdirección de Urgencias del Estado de México (SUEM), en cuanto al servicio de AMBULANCIA. 14. La Cruz Roja Mexicana, Delegación Estado de México, en cuanto al servicio de AMBULANCIA. Radicación del asunto Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 32/2021-III y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Consideraciones previas a la radicación De conformidad con la Circular SECNO1/2021, emitida ocho de enero de dos mil veintiuno, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al Segundo Circuito -Estado de México-, entre el doce y el dieciocho de enero de dos mil veintiuno deberá continuar el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno de esa dependencia federal. Ahora, en el artículo 4, fracción IV, del Acuerdo General referido, se determina que los asuntos en los que se presenten en contra de actos tendientes a la privación de la vida se considerarán como urgentes para su tramitación. En el presente asunto, la parte quejosa reclama actos que pueden privarlo de su vida. Por tanto, no puede esperarse a la conclusión del periodo de contingencia para su atención. Exhortación a las partes Ahora, el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 ya referido, establece: ".las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicios en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.". Por lo que, se exhorta a las partes intervinientes al trámite y uso de la firma electrónica, a saber la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) para la tramitación de los juicios de amparo urgentes en la modalidad en línea. Asimismo, el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, ya citado, establece: ".Artículo 2.XIX. En las primeras promociones que recaigan a los asuntos que radiquen, las y los titulares requieran a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que lo estimen necesario.". Con el apercibimiento de por alguna circunstancia no sea posible la prosecución del algún asunto, como por ejemplo, la imposibilidad de practicar electrónicamente alguna diligencia o notificación, que alguna de las partes no puedan actuar de manera electrónica, las autoridades no se encuentren laborando o en caso de que no existan las condiciones para proseguir con el asunto sin poner en riesgo la salud o integridad de las partes y del personal, se suspenderán los plazos y términos procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, último párrafo del Acuerdo General 13/2020; de ahí la necesidad de que las partes hagan uso de los servicios que presta el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación y de que señalen algún teléfono o correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estimen necesario. Sin que lo anterior se establezca como un medio de notificación en lo que toca al presente asunto. Consideraciones para la suspensión de plano Alegan las quejosas para sustentar la concesión de plano de la suspensión, lo hace únicamente fundándose en el derecho a la salud, sin expresar los motivos en los cuales se basó para determinar y tener por acreditado por qué consideró que la salud de la parte quejosa se encuentra en peligro y por qué la autoridad responsable ha sido omisa en proveer lo necesario para salvaguardar su salud. Igualmente, se estima que existe peligro en la demora ante los daños de difícil e, incluso, de imposible reparación que se ocasionarían, de permitir que la negativa reclamada se siga prorrogando en el tiempo, pues el no facilitar que exista la disponibilidad de insumos para la atención de pacientes, incluidos los equipos de protección personal, además de seguir las medidas y protocolos emitidos por la Secretaría de Salud establecidos en los "Lineamientos para la atención de pacientes COVID-19", se afectaría el derecho a la salud y, a la postre, el derecho a la vida del quejoso de manera irreparable. Sustenta lo anterior, la tesis de la Décima Época. Registro digital: 2019358. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.). Página: 486 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas». "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." De lo anterior, junto con lo que dispone el artículo 22 constitucional, se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber: cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el propio artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Asimismo, es importante señalar que el derecho a la salud está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 378/2014, señaló que el derecho a la salud previsto en el artículo 4o. de la Constitución General de la República, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, encaminados a la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, el cual consiste en el derecho a la integridad físico psicológica. En esa lógica, se trata de un derecho complejo, que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado; luego, la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales, es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos, y representa una de las claves del Estado del bienestar. Así, acotó la mencionada Sala, la salud es una meta prioritaria en sí misma y, a su vez, es el pilar estratégico para que existan otras prerrogativas, ya que las posibilidades de que sean capaces los individuos para desplegarlas como tales, dependen de los logros en salud, en tanto que un estado de bienestar general resulta indispensable para poder ejercer el resto de los derechos humanos que tutela la Constitución Federal y, en consecuencia, para poder llevar una vida digna. De ahí que el derecho a la salud constituye un presupuesto para el desarrollo y no una mera consecuencia del mismo y, por ende, la realización del derecho humano a la salud aparece crecientemente como una regla esencial para saber si realmente hay progreso en un Estado y, al mismo tiempo, como un medio decisivo para obtenerlo. Asimismo, señaló que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho humano al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental, el cual impone obligaciones positivas a los Estados Parte, de las que se destacan las medidas necesarias para la reducción de la mortalidad, el tratamiento de las enfermedades y, especialmente, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Respecto de la última obligación en comento, el precepto internacional no establece expresamente qué tipo de condiciones de asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, se encuentran obligados a establecer los Estados contratantes. Empero, precisó la Segunda Sala, un primer acercamiento a la extensión de la obligación de salvaguardar el derecho al disfrute del más alto nivel posible a la salud, en su vertiente de tratamiento de enfermedades y condiciones de asistencia y servicios médicos, puede colegirse del artículo 2 de la propia Convención, de la que se advierte que el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos en la Convención. De igual forma, sobre las obligaciones en comento, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la "Observación General Número 3", en la que se sostuvo, sustancialmente, que ésta se relaciona con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad, que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar, por lo menos, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos contenidos en el Pacto. Esto es, las obligaciones convencionales requieren de un estándar mínimo de cumplimiento, pero no se agotan ahí, sino que resulta menester que, al mismo tiempo, el Estado se encuentre realizando todas las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud del derecho consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se impone al Estado Mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. Así, de conformidad con el documento denominado "Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el 'máximo de los recursos de que disponga' de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto", elaborado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando el Estado contratante, aduciendo una falta de recursos incumpla con la plena realización del derecho al nivel más alto posible de salud, o bien, no asegure los niveles esenciales del mismo, corresponderá a éste no sólo comprobar dicha situación, sino además acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición, habida cuenta que en el uso de su arbitrio para el desarrollo de las políticas públicas, y para las decisiones atinentes a la distribución o redistribución de recursos, debe tomar en cuenta a los grupos vulnerables, así como a las situaciones de riesgo, en el entendido de que se encuentra proscrito que incurra en decisiones que resulten arbitrarias o discriminatorias. Por tanto, concluyó, el derecho al nivel más alto posible de salud debe entenderse como: un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar un estado de bienestar general, que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. En el entendido de que existen elementos esenciales que informan el desarrollo del derecho humano a la salud, a saber: la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Ello implica, entre otras cuestiones, que el Estado Mexicano: I). Cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá particularmente de su nivel de desarrollo; II). Que tales establecimientos estén al alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados; y, III. Que además de resultar aceptables, desde el punto de vista cultural, deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Así, la "lucha contra las enfermedades" tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, en tanto que "la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad", no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Por ello, la obligación de "cumplir" requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud. Reiterándose que si el Estado Mexicano aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el derecho a la salud. Las anteriores consideraciones dieron origen a las tesis aisladas de contenido siguiente: Décima Época. Registro digital: 2007936. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CIX/2014 (10a.). Página: 1190 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014. "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que no basta la simple afirmación del Estado Mexicano de que existe limitación presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las medidas 'hasta el máximo de los recursos' de que disponga, para lograr la realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones que constituyan una violación a tales derechos humanos." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama la omisión de otorgar el servicio y atención medicó-hospitalaria, cuidados atenciones, prevenciones para otorgar esparcimiento o propagación y todos los actos adecuados, necesario y encaminados al alcance de las responsables para efecto de restituir a las directas quejosas su salud con motivo de dar positivo al virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad conocida como Covid-19 o coronavirus, dado el inminente riesgo de muerte que corren; ejecutándose en el Hospital General Regional número 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es el lugar donde aduce no se les quiere brindar la atención médica necesaria, ocasionando a las quejosas un grave peligro de muerte y tormento, en contravención al artículo 22 constitucional. En ese contexto, con apoyo en el precepto 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano contra los actos reclamados que se atribuyen a las citadas autoridades señaladas como responsables, para el efecto de que en el ámbito de sus funciones realicen los actos necesarios para que a las quejosas Bárbara Carrillo Esquivel y María Susana Esquivel Martínez, una vez corroborado por el especialista correspondiente de que, de sus análisis clínicos se obtenga que efectivamente son positivas al virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad conocida como Covid-19 o coronavirus, se les otorgue la atención médico-hospitalaria que necesitan para su padecimiento y cesen de inmediato los actos que probablemente violen el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque de no ser así, se podría ocasionar la muerte de las directas quejosas ocasionando una consumación irreparable de los efectos de los actos tildados de inconstitucionales, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo; lo anterior. En el entendido, que dicha medida está condicionada a los siguientes requisitos: ? En caso de tener la capacidad hospitalaria, deberá atenderlas con base al turno que les correspondiera a las directas quejosas para su atención médica; ? De no tener capacidad hospitalaria, sean trasladadas a diverso nosocomio que sí la tenga y en donde se les otorgue la atención médica especializada que corresponda. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable está obligada a recibir el oficio que con relación a esta comunicación se le dirija; en el entendido que de negarse a recibirlo, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación con todas sus consecuencias legales; pudiendo, en todo caso, hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación correcta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior el actuario judicial hará constar en autos el nombre de la autoridad o encargado con quien se entienda la diligencia y si se niega a firmarla o a recibir el oficio, de actualizarse tal evento. CONMINACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE En consideración a que la petición de amparo no la formula directamente la parte quejosa y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar su nombre; atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, se conmina a la autoridad responsable para que de suceder esto, permita al actuario judicial el acceso al registro de detenidos e incluso que pueda entrevistarse con aquéllos cuyos nombres sean similares al del quejoso, a fin de saber si la demanda de amparo se promovió a favor de ella, so pena de incurrir en responsabilidad oficial. INFORME SOBRE SUSPENSIÓN DE PLANO Se pide a la autoridad requerida remita a este juzgado la información solicitada al correo electrónico institucional -7jdomajf2cto@correo.cjf.gob.mx- y para cualquier confirmación de recibido puede comunicarse al número (01) 722 236 05 00, extensión 2481; en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Requerimiento a la parte quejosa En otro orden, en virtud que la demanda de amparo fue promovida en favor de Bárbara Carrillo Esquivel y María Susana Esquivel Martínez, con fundamento en el artículo 15 de la ley de amparo, se requiere a las directas quejosas dada su condición de salud, que en el término de tres días, manifiesten por escrito bajo protesta de decir verdad, si ratifican o no el contenido del escrito de cuenta; apercibidas que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Como caso de excepción y a efecto de evitar riesgos de contagio del virus COVID-19, se instruye a las directas quejosas y al promovente de la demanda para que, en caso de desahogar la prevención decretada lo hagan vía electrónica, mediante el escrito que estimen conveniente, el cual deberá calzar las firmas autógrafas de ambas quejosas y copias fotostáticas de sus credenciales de elector, las cuales deberán ser totalmente legibles y observarse de esa forma la signatura plasmada en cada una de ellas. Asimismo, a efecto de que este juzgado de distrito esté en aptitud de otorgar pleno valor probatorio a tales documentales públicas, deberán contar con la leyenda de que es una copia íntegra e inalterada del documento impreso. Esto, con fundamento en el artículo 12, primer y segundo párrafos, e inciso f), del Acuerdo General Conjunto 1/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que indica: "CAPÍTULO CUARTO Del expediente electrónico Artículo 12. El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo, por conducto de sus órganos competentes, emitirán los manuales o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico conforme a las siguientes bases:(.) f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso;(.)". Asimismo, de conformidad con el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 2021159, tesis I.1º.A.48 K (10ª), visible en la página 2379, Libro 72, Noviembre de 2019 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que determina: "DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE LES RECONOZCA PLENO VALOR PROBATORIO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE, AL MOMENTO DE SU ENVÍO, SU OFERENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SON COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO. De conformidad con el actual artículo 3o. de la Ley de Amparo, es optativo para las partes presentar sus promociones en forma impresa o electrónica, siendo que, en el segundo supuesto, el escrito deberá presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, en términos de la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al desarrollar las atribuciones que sobre el particular le fueron conferidas por la ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el citado órgano expidió, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General Número 1/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013, de cuyo artículo 12, primer y segundo párrafos, e inciso f), se desprende que la presentación de documentos, para ser agregados al expediente electrónico, requiere, primero, que sean enviados a través de los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica y, segundo, que, para su envío, se utilice, precisamente, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo que será suficiente para que produzcan los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Sin embargo, tratándose de las documentales públicas, el acuerdo de referencia prevé que no perderán su valor probatorio, siempre y cuando se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico relativo es copia íntegra e inalterada del impreso, es decir, respecto de esa clase de documentos se estableció una condición especial para que produzcan pleno valor probatorio en el juicio de amparo, consistente en la indicada protesta, sin la cual, el único valor probatorio que tendrán será el de copias simples.". En el mismo sentido, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Consulta del expediente vía Internet Ahora bien, toda vez que el autorizado de la parte quejosa, indica que tiene registrada su firma electrónica y manifiesta que su usuario es "licmanuelmc", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; atento a lo anterior, y una vez corroborado el usuario en comento, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, este Juzgador, autoriza los permisos correspondientes, a efecto de que pueda ser consultado el expediente electrónico, e instruye a los Actuarios adscritos, a fin de que las notificaciones se realicen de forma electrónica. Domicilio para oír y recibir notificaciones Con fundamento en el artículo 30, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales vía electrónica, el usuario "licmanuelmc". Por tanto, se instruye al Oficial Administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones correspondientes a los párrafos que anteceden. Designación de correo electrónico y teléfono Sin embargo, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, se privilegiará el uso de los medios electrónicos frente a las diligencias que requieran interacción física entre las partes, en ese sentido se toma conocimiento del correo electrónico y teléfono proporcionados por el promovente, los cuales se establecerán como datos de contacto cuando este órgano jurisdiccional lo estime pertinente. Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 Constitucional, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Habilitación de días y horas inhábiles Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Notifíquese personalmente vía electrónica. Lo proveyó y firma Mario Iván Soriano Esparza, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asistido de Juan José González Azcona, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo indirecto 32/2021-VII En Toluca, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil veintiuno, el secretario da cuenta al secretario encargado del despacho con el escrito de ampliación de demanda registrado con el número de promoción 77. Conste. Toluca, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito remitido vía electrónica, mediante el cual Manuel Montes de Oca Colín, promoviendo en favor Bárbara Carrillo Esquivel y María Susana Esquivel Martínez, pretende ampliar su demanda contra el acto y autoridad responsable que enseguida se precisan: .que aproximadamente a las doce horas del día de la fecha y después de haber presentado la demanda de amparo en línea, la quejosa BÁRBARA CARRILLO ESQUIVEL, quien presenta mayor dificultad respiratoria y más fuertes síntomas del Covid-19, fue retenida en el área de Urgencias del Hospital Regional No. 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Toluca, México; sin embargo hasta este momento NO se tiene conocimiento sobre su estado de salud, ni tampoco se le ha informado a su madre, la diversa quejosa MARÍA SUSANA ESQUIVEL MARTÍNEZ, sobre los procedimientos que al efecto han realizado las autoridades responsables encaminados a restablecer la salud de aquella quejosa, es decir estamos ante una tota (sic) INCOMUNICACIÓN con dicha quejosa; en tal virtud en aras del acceso a una tutela judicial efectiva.. De la lectura de lo que se transcribe, se colige que el acto de que se duele la parte quejosa, no es propiamente una incomunicación como tal, en razón a que la autoridad hospitalaria tiene la obligación de prevenir la propagación del virus COVID- 19, por tanto, debe atender los lineamientos al respecto y muy difícilmente podrá autorizar la visita, ya sea del abogado o de un familiar, al enfermo. No obstante, la Real Academia de la Lengua Española define el término incomunicación como: "Privar de comunicación a alguien o algo. Aislarse, negarse al trato con otras personas, por temor, melancolía u otra causa". Ahora, la interpretación conforme es una figura jurídica hermenéutica que permite la materialización efectiva y expansiva de los derechos fundamentales, además de la armonización entre las normas de derechos humanos con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, atendiendo siempre el principio pro-persona. Tiene aplicación, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2018696 Acto reclamado La incomunicación en contra de la directa quejosa Bárbara Carrillo Esquivel, que aduce, se deriva de que la responsable no ha informado a la diversa María Susana Esquivel Martínez, respecto al estado de salud que guarda aquella con motivo de su ingreso a esa unidad hospitalaria, debido al positivo presentado en lo atinente al virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad conocida mundialmente como COVID-19 o Coronavirus. Autoridad responsable El Director General del Hospital General Regional 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en Toluca, Estado de México. Consideraciones previas al pronunciamiento de la suspensión de plano Es necesario precisar las manifestaciones que realiza el promovente respecto a la circunstancia en la que, dice, se encuentra la directa quejosa Bárbara Carrillo Esquivel. "INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO. Conforme al principio pro persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Este principio se relaciona con la interpretación conforme, por la cual, antes de considerar inconstitucional una norma jurídica, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de ser posibles varias interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la aparente contradicción con la Norma Fundamental. En ese sentido, un presupuesto indispensable para que esas técnicas hermenéuticas puedan aplicarse es que la asignación de significado a la norma jurídica sea fruto de una interpretación válida, es decir, la derivada de algún método de interpretación jurídica, ya sea el gramatical, el sistemático, el funcional, el histórico o algún otro. Así, la interpretación conforme o la aplicación del principio pro persona no puede realizarse a partir de atribuir a la norma un significado que no tiene conforme a alguno de los métodos de interpretación jurídica, porque en ese caso, la norma sujeta a escrutinio ya no será la misma, sino que habría sido cambiada por otra.". En ese contexto, en estricta observancia del artículo 1º. Constitucional y con apoyo en el precepto 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano contra el acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable informe vía telefónica a María Susana Esquivel Martínez, a través del número 7228671663, el estado de salud en que se encuentra Bárbara Carrillo Esquivel; lo cual deberá hacer por lo menos una vez cada día, dando información clara y precisa al respecto. Se previene a dicha autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. En la inteligencia de que la violación a esta medida entraña la conducta prevista en el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Lo anterior, se hace extensivo al acuerdo de suspensión de plano diverso emitido en esta fecha y en este mismo expediente. Obligación de la autoridad responsable De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable está obligada a recibir el oficio que con relación a esta comunicación se le dirija; en el entendido que de negarse a recibirlo, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación con todas sus consecuencias legales; pudiendo, en todo caso, hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación correcta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior el actuario judicial hará constar en autos el nombre de la autoridad o encargado con quien se entienda la diligencia y si se niega a firmarla o a recibir el oficio, de actualizarse tal evento. Informe de cumplimiento a la suspensión de plano Se pide a la autoridad requerida remita a este juzgado la información solicitada al correo electrónico institucional -7jdomajf2cto@correo.cjf.gob.mx- y para cualquier confirmación de recibido puede comunicarse al número (01) 722 236 05 00, extensión 2481; en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pronunciamiento en lo atinente a la ampliación de demanda En otro orden, respecto a la admisión, desechamiento o prevención de la ampliación de demanda, dígasele al promovente que tal pronunciamiento se realizará una vez que se determine sobre la demanda de amparo de donde deriva este acuerdo; lo cual se proveyó en auto de esta misma data. Determinación respecto a la diversa directa quejosa María Susana Esquivel Martínez Asimismo, en cuanto a su manifestación de que no se ha atendido médicamente a la directa quejosa María Susana Esquivel Martínez, se le reitera que en el mismo auto ya referido le fue concedida la suspensión de plano para los efectos ahí precisados, por lo que no es necesario realizar pronunciamiento alguno al respecto. Ampliación de demanda en cuanto a la menor Cecilia Garduño Esquivel, representada por María Susana Esquivel Martínez Por otro lado, el promovente refiere que la ampliación de demanda se presenta también en favor de la menor Cecilia Garduño Esquivel, quien es representada por María Susana Esquivel Martínez. Al respecto, es dable precisar que la ampliación de demanda se puede incoar por nuevos actos, diversas autoridades incluso conceptos de violación, pero no es posible adherir a la litis constitucional a un diverso quejoso de los que ya promovieron en un principio el juicio de amparo. Por tanto, no se acuerda favorable la intención del promovente respecto a la menor ya referida. Sin embargo, en aras de proteger la posible violación de derechos humanos en su contra, remítase de inmediato una copia de este acuerdo a la Oficialía de Partes de este juzgado de distrito, que es el que se encuentra de guardia para la atención de asuntos urgentes, a efecto de que se apertura un nuevo juicio de amparo en lo atinente a la menor Cecilia Garduño Esquivel, representada por María Susana Esquivel Martínez. Orienta, por identidad jurídica, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, registro 2021775 AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, EL JUZGADOR DEBE PROVEER SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE, EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO PRO ACTIONE. En el supuesto de que el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales se estima favorable la sustanciación de ambas, en un solo procedimiento, en aras de la brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe proveer su trámite como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente.
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