Bárbara Alejandrina Saldaña Orozco
Expediente 175/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Bárbara Alejandrina Saldaña Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto de catorce de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. Asimismo, se le informa que para la entrega de estos, deberá agendar la cita respectiva en la página de internet: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx y generar el código QR correspondiente para su ingreso, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 02 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto de catorce de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. Asimismo, se le informa que para la entrega de estos, deberá agendar la cita respectiva en la página de internet: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx y generar el código QR correspondiente para su ingreso, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19..."
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por la quejosa, mediante el cual cumple con la prevención formulada; atenta a la certificación que antecede, es oportuna su presentación, por tanto, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen.-Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido.-De lo contrario, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, la cual, por regla general, conforme al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede conllevar al sobreseimiento del juicio constitucional, y no así al desechamiento de la demanda, pues debe agotarse el trámite del juicio constitucional, ya que durante éste el justiciable puede acreditar su interés jurídico, es decir, el derecho subjetivo que aduce fue transgredido por el acto de autoridad. -Esta ampliación al concepto de parte agraviada quedó limitada en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, al consignar que al reclamar actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, pues ello implica la demostración en dicho procedimiento del derecho subjetivo que se dice afectado (interés jurídico). Bajo las anteriores premisas, en el caso, del análisis integral la demanda de amparo, se obtiene que la quejosa se ostenta como persona tercera extraña en estricto sentido al juicio ejecutivo mercantil del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, promovido contra su padre, por lo que reclama todo lo ahí actuado, en particular, el embargo decretado sobre el inmueble Hacienda del Carmen y/o Haciendita del Carmen, ubicado en la comunidad de esta ciudad, del cual, aduce, es propietaria, pues fue donado por el nombrado progenitor en su favor. -No obstante, también refiere haber transmitido mediante compraventa dicho derecho real en favor de los terceros .- [La demanda de amparo fue presentada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato]-Luego, en su escrito aclaratorio.- En ese orden de ideas, en atención a la confesión expresa de parte y a los documentos exhibidos, este juzgado estima que en el presente asunto se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, por lo que debe desecharse la demanda de amparo; esto, en la medida de que la propia quejosa confiesa de forma expresa que dejó de ser titular del derecho de propiedad afectado por el acto de autoridad por el cual refiere promueve el juicio biinstancial, sin referir algún derecho diferente en su favor deducido del inmueble y, además, acredita tal aseveración con documental que a priori cuenta con los elementos necesarios para tener el carácter de pública, la cual amerita valor probatorio pleno (fuerte).-Sin que para lo anterior pase desapercibido ser criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la regla general de que debido a la falta de interés jurídico no procede el desechamiento de la demanda de amparo, como se ilustra en la jurisprudencia 1a./J.28/2005 emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 245, Tomo XXI, mayo 2005, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta.- Sin embargo, en el presente asunto se actualiza una excepción a la regla enunciada, pues como ha quedado precisado, la causa de improcedencia invocada se actualiza de forma manifiesta -es clara y patentemente- e indudable -certeza y plena seguridad-, pues precisamente en la especie aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, es decir, que la quejosa carece de un derecho subjetivo tutelable mediante el juicio de amparo, independientemente de los elementos que pudieran ser allegados durante la tramitación del juicio constitucional.-Habida cuenta que el objeto de las pruebas es acreditar las afirmaciones que sustentan la pretensión del oferente. Luego, si como aquí sucede, la premisa fáctica de la quejosa entraña el aserto consistente en que carece del derecho que arguye defender, resulta en un despropósito la expectativa de diversos medios de prueba que abunden sobre un punto de partida esencialmente adverso a la procedencia de la acción de amparo.-Por lo que a ningún fin práctico conllevaría la admisión de su demanda de amparo, cuando es evidente que el derecho fundamental por el que acude a esta instancia salió de su esfera previamente a ejercer la acción constitucional, y en ese mismo sentido lo enuncia la parte quejosa.-En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso 113 de la legislación en cita, se desecha de plano la demanda de amparo promovida.
- Principal
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan; remite diligenciado el exhorto 545/2021-V (orden 2032) del índice de este órgano jurisdiccional, como se advierte de la constancia de notificación practicada al quejoso el tres de febrero de los actuales, con la cual éste se manifestó enterado del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se aceptó la acumulación planteada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. Dese de baja del Libro de Gobierno correspondiente.
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