Barbaciana Chan Varguez
Expediente 419/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Barbaciana Chan Varguez
- BARBACIANA CHAN VARGUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ TANTO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL COMO LA DEFINITIVA SOLICITADAS, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Por otra parte, no existiendo motivo alguno para que continúe en la secretaría de este Juzgado el ********************del índice del Tribunal responsable, mismo que remitiera en su oportunidad. En consecuencia, devuélvase a la autoridad antes señalada, para los efectos legales del caso; debiendo acusar el recibo de estilo correspondiente, como constancia de su recepción. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 419/2022-II-B, promovido por BARBACIANA, ROGELIA, ÁNGELA MARÍA y RODOLFO, todos de apellidos CHAN VÁRGUEZ; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero dos mil veintidós, ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, comparecieron BARBACIANA, ROGELIA, ÁNGELA MARÍA y RODOLFO, todos de apellidos CHAN VÁRGUEZ, a solicitar amparo en contra del acto que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 y Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, ambos con sede en Mérida. SEGUNDO. Separación de juicios y admisión de la demanda. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se ordenó la separación de juicios, por lo que se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo y su anexo, así como de la boleta de turno, en relación al acto reclamado derivado del juicio sucesorio TUA 34-199/2020, a fin de que fuese turnada a este Juzgado de Distrito. Asimismo se admitió a trámite la demanda respecto del restante acto reclamado derivado del juicio sucesorio TUA-341153/2017, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 419/2022-II-B; por tal motivo se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: - La sentencia definitiva dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el juicio sucesorio TUA-34-1153/2017 y todo lo actuado en el mismo. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro y a la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad, pues así se advierte de sus informes justificados y de las constancias que acompañaron a los mismos. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se concreta la causal de inviabilidad del juicio de amparo que establece que éste resulta improcedente tratándose de actos que no afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. En efecto, los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Conforme a los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; esto es, por quien resienta una afectación en sus derechos sustantivos. Ahora bien, cabe precisar que las normas que tutelan el interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. Así, el interés jurídico debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente. Pues supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción, por ejemplo: quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de la autoridad, debe demostrar por una parte, ser propietario del bien que considera afectado, y por otra, que el acto que reclama de la responsable está referido a ese bien; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite contar con un interés jurídico. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, la parte quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, no obstante que se ostente con el carácter de tercera extraña a juicio, pues debe acreditar un igual o mejor derecho a las partes que intervinieron en el procedimiento de origen para anteponerlo a las personas que obtuvieron sentencia favorable a sus intereses en el sumario de origen, y no solamente un interés simple, mera facultad o expectativa de derecho. Es decir, un derecho legítimamente tutelado por una norma objetiva que, a su vez, le otorgue la facultad de exigir su respeto ante terceros. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan "el poder de exigencia" correspondiente." Máxime, que en el caso, cabe precisar que la parte quejosa refiere en su demanda que ella debió ser llamada al juicio de origen a fin de deducir sus derechos correspondientes como descendientes de su padre de nombre JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria. Por consiguiente, este juzgador procede a verificar si los numerales que se citan constituyen la norma objetiva que le otorguen un derecho a su favor susceptible de oponerlo a terceros. Tales porciones normativas disponen: "Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior." "Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos." De lo transcrito se obtiene que el legislador dispuso que la sucesión en materia agraria pudiera ser testamentaria o legítima. En la primera, el ejidatario inscribe en el Registro Agrario Nacional una lista en la que constan los nombres de las personas y el orden de preferencia con base en el cual debe hacerse la adjudicación de los derechos a su fallecimiento. Mientras que en la segunda, la propia legislación establece el orden de preferencia cuando el ejidatario no designó sucesores o ninguno de los señalados en la lista puede hacerlo por imposibilidad material o legal. En ambos supuestos, la transmisión de los derechos ejidales mortis causa no opera de pleno derecho, pues impone al sucesor designado en la lista o al legítimo, según sea el caso, la carga de llevar a cabo un proceso contencioso o un procedimiento administrativo para consolidar esa transmisión, esto es, a la muerte del autor de la sucesión adquiere la expectativa a obtener los derechos ejidales, sin que pueda considerarse como titular de éstos. Sentado lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable (anexo I), que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1.- Que en fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, Rita Várguez Pacheco (nombre correcto) promovió juicio agrario de sucesión respecto de los derechos agrarios de quien en vida respondió al nombre de JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY, en el núcleo ejidal "Telchaquillo", Municipio de Tecoh, Yucatán. 2.- Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, admitió a trámite la demanda y ordenó entre otras cuestiones, se fijara cédula de notificación en la oficinas municipales del poblado correspondiente, en la casa ejidal y en los lugares visibles, para que surtiera efectos de citación para las personas que se consideraran con derecho a acudir al juicio sucesorio. 3. En fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley en el referido juicio sucesorio, y realizó diversos requerimientos a la promovente de dicho juicio. 4. Mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado del Tribunal responsable reconoció a Rita Várguez Pacheco, como sucesora preferente de los derechos agrarios y demás inherentes que como ejidatario pertenecieron en vida a JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY, en el ejido "Telchaquillo", Municipio de Tecoh, Yucatán, y le reconoció la calidad de ejidataria. Asimismo ordenó a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, que expidiera en favor de Rita Várguez Pacheco, el o los certificados agrarios correspondientes. Ahora bien, en el caso los quejosos no ofrecieron prueba alguna para acreditar su interés jurídico, ya que se limitaron a señalar que son hijos legítimos del autor de la sucesión, es decir de JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY. En esas circunstancias, si los quejosos no exhibieron pruebas para demostrar que efectivamente son hijos del autor de la sucesión, entonces la sentencia dictada en el juicio de origen no irroga perjuicio alguno en la esfera jurídica de los derechos subjetivos de los aquí impetrantes de amparo, máxime que tal interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no inferirse solamente con base en presunciones. Pero más aún, en el supuesto de haber acreditado dicha circunstancia, el sentido de lo aquí resuelto no cambiaría, pues este juzgador advierte que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico alguno para acudir a este juicio constitucional a fin de que se les respeten derechos en la controversia de origen, como se verá a continuación. En primer lugar, los quejosos no fueron designados como sucesores ya que no existió lista de sucesión en términos del artículo 17 de la Ley Agraria. Por ende, su reclamo tendría origen en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Agraria. En lo que se refiere a dicho numeral, si bien es cierto que conforme a lo ahí dispuesto los quejosos se podrían ubicar en la fracción III del mismo, dentro del orden de preferencia a que alude ese dispositivo. Lo cierto es que precisamente, en cumplimiento a dicho orden preferente, en primer lugar figura la cónyuge, quien de acuerdo al dicho de los quejosos, es su progenitora. A la cual, de acuerdo con las constancias exhibidas por las autoridades responsables, se le reconoció como sucesora de los derechos agrarios del difunto en el juicio de origen al haber acreditado el carácter de esposa del mismo. Por tanto, es claro que los aquí quejosos, dentro de ese orden de preferencia, no tienen un igual o mejor derecho que el de su progenitora para que se les reconozca y/o se les transmitan los derechos ejidales que en vida correspondieron a JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que dispone: "DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL EJIDATARIO OMITIÓ NOMBRAR SUCESORES O LOS DESIGNADOS ESTÁN IMPOSIBILITADOS PARA HEREDAR, SUS DESCENDIENTES CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN DICTADA EN DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE RECONOCIMIENTO DE POSESIÓN DE AQUÉLLOS, SI ÉSTAS FUERON PROMOVIDAS POR UN TERCERO AJENO, Y SOBREVIVE LA CÓNYUGE DEL DE CUJUS. El artículo 18 de la Ley Agraria dispone que cuando el ejidatario no haya designado sucesores, o ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el orden de preferencia que el mismo contempla, pero siempre a una sola persona. Consecuentemente, los descendientes de un ejidatario carecen de interés jurídico para acudir al juicio de garantías a impugnar una resolución dictada en diligencias de jurisdicción voluntaria sobre reconocimiento de posesión de derechos agrarios respecto de bienes pertenecientes a la masa hereditaria de su padre y que promovió un tercero ajeno a dicha sucesión, si sobrevive la cónyuge del de cujus, por ser la primera en el orden preferencial sucesorio; máxime si no se justifica que ésta hubiese renunciado a heredar, pues no se produce lesión alguna al impetrante, dado que en las condiciones apuntadas, su calidad de descendiente del ejidatario titular no presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que lo faculte a acudir en defensa de los bienes respecto de los cuales sólo tiene una expectativa, actualizándose entonces la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Pues en todo caso, la sentencia que pudiese generar afectación a los intereses de los quejosos, sería la dictada en el juicio que se promovió en relación a los derechos agrarios de quien en vida respondió al nombre de Rita Várguez Pacheco, en el núcleo ejidal "Telchaquillo", Municipio de Tecoh, Yucatán. De ahí que lo resuelto en el juicio de origen no le cause perjuicio alguno a la parte quejosa; es decir, que lo resuelto en ese procedimiento no lesiona la esfera jurídica de derechos fundamentales de la parte amparista. Por ello, es dable concluir que procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la ley de la materia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por BARBACIANA, ROGELIA, ÁNGELA MARÍA y RODOLFO, todos de apellidos CHAN VÁRGUEZ, en contra de los actos que reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro y a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
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SE NOTIFICA A LA PARTE Tercera Interesada DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Visto para resolver el juicio de amparo número 419/2022-II-B, promovido por BARBACIANA, ROGELIA, ÁNGELA MARÍA y RODOLFO, todos de apellidos CHAN VÁRGUEZ; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero dos mil veintidós, ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, comparecieron BARBACIANA, ROGELIA, ÁNGELA MARÍA y RODOLFO, todos de apellidos CHAN VÁRGUEZ, a solicitar amparo en contra del acto que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 y Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, ambos con sede en Mérida. SEGUNDO. Separación de juicios y admisión de la demanda. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se ordenó la separación de juicios, por lo que se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo y su anexo, así como de la boleta de turno, en relación al acto reclamado derivado del juicio sucesorio TUA 34-199/2020, a fin de que fuese turnada a este Juzgado de Distrito. Asimismo se admitió a trámite la demanda respecto del restante acto reclamado derivado del juicio sucesorio TUA-341153/2017, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 419/2022-II-B; por tal motivo se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: - La sentencia definitiva dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el juicio sucesorio TUA-34-1153/2017 y todo lo actuado en el mismo. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro y a la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad, pues así se advierte de sus informes justificados y de las constancias que acompañaron a los mismos. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se concreta la causal de inviabilidad del juicio de amparo que establece que éste resulta improcedente tratándose de actos que no afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. En efecto, los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Conforme a los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; esto es, por quien resienta una afectación en sus derechos sustantivos. Ahora bien, cabe precisar que las normas que tutelan el interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. Así, el interés jurídico debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente. Pues supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción, por ejemplo: quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de la autoridad, debe demostrar por una parte, ser propietario del bien que considera afectado, y por otra, que el acto que reclama de la responsable está referido a ese bien; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite contar con un interés jurídico. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, la parte quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, no obstante que se ostente con el carácter de tercera extraña a juicio, pues debe acreditar un igual o mejor derecho a las partes que intervinieron en el procedimiento de origen para anteponerlo a las personas que obtuvieron sentencia favorable a sus intereses en el sumario de origen, y no solamente un interés simple, mera facultad o expectativa de derecho. Es decir, un derecho legítimamente tutelado por una norma objetiva que, a su vez, le otorgue la facultad de exigir su respeto ante terceros. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan "el poder de exigencia" correspondiente." Máxime, que en el caso, cabe precisar que la parte quejosa refiere en su demanda que ella debió ser llamada al juicio de origen a fin de deducir sus derechos correspondientes como descendientes de su padre de nombre JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria. Por consiguiente, este juzgador procede a verificar si los numerales que se citan constituyen la norma objetiva que le otorguen un derecho a su favor susceptible de oponerlo a terceros. Tales porciones normativas disponen: "Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior." "Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos." De lo transcrito se obtiene que el legislador dispuso que la sucesión en materia agraria pudiera ser testamentaria o legítima. En la primera, el ejidatario inscribe en el Registro Agrario Nacional una lista en la que constan los nombres de las personas y el orden de preferencia con base en el cual debe hacerse la adjudicación de los derechos a su fallecimiento. Mientras que en la segunda, la propia legislación establece el orden de preferencia cuando el ejidatario no designó sucesores o ninguno de los señalados en la lista puede hacerlo por imposibilidad material o legal. En ambos supuestos, la transmisión de los derechos ejidales mortis causa no opera de pleno derecho, pues impone al sucesor designado en la lista o al legítimo, según sea el caso, la carga de llevar a cabo un proceso contencioso o un procedimiento administrativo para consolidar esa transmisión, esto es, a la muerte del autor de la sucesión adquiere la expectativa a obtener los derechos ejidales, sin que pueda considerarse como titular de éstos. Sentado lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable (anexo I), que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1.- Que en fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, Rita Várguez Pacheco (nombre correcto) promovió juicio agrario de sucesión respecto de los derechos agrarios de quien en vida respondió al nombre de JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY, en el núcleo ejidal "Telchaquillo", Municipio de Tecoh, Yucatán. 2.- Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, admitió a trámite la demanda y ordenó entre otras cuestiones, se fijara cédula de notificación en la oficinas municipales del poblado correspondiente, en la casa ejidal y en los lugares visibles, para que surtiera efectos de citación para las personas que se consideraran con derecho a acudir al juicio sucesorio. 3. En fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley en el referido juicio sucesorio, y realizó diversos requerimientos a la promovente de dicho juicio. 4. Mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado del Tribunal responsable reconoció a Rita Várguez Pacheco, como sucesora preferente de los derechos agrarios y demás inherentes que como ejidatario pertenecieron en vida a JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY, en el ejido "Telchaquillo", Municipio de Tecoh, Yucatán, y le reconoció la calidad de ejidataria. Asimismo ordenó a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, que expidiera en favor de Rita Várguez Pacheco, el o los certificados agrarios correspondientes. Ahora bien, en el caso los quejosos no ofrecieron prueba alguna para acreditar su interés jurídico, ya que se limitaron a señalar que son hijos legítimos del autor de la sucesión, es decir de JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY. En esas circunstancias, si los quejosos no exhibieron pruebas para demostrar que efectivamente son hijos del autor de la sucesión, entonces la sentencia dictada en el juicio de origen no irroga perjuicio alguno en la esfera jurídica de los derechos subjetivos de los aquí impetrantes de amparo, máxime que tal interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no inferirse solamente con base en presunciones. Pero más aún, en el supuesto de haber acreditado dicha circunstancia, el sentido de lo aquí resuelto no cambiaría, pues este juzgador advierte que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico alguno para acudir a este juicio constitucional a fin de que se les respeten derechos en la controversia de origen, como se verá a continuación. En primer lugar, los quejosos no fueron designados como sucesores ya que no existió lista de sucesión en términos del artículo 17 de la Ley Agraria. Por ende, su reclamo tendría origen en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Agraria. En lo que se refiere a dicho numeral, si bien es cierto que conforme a lo ahí dispuesto los quejosos se podrían ubicar en la fracción III del mismo, dentro del orden de preferencia a que alude ese dispositivo. Lo cierto es que precisamente, en cumplimiento a dicho orden preferente, en primer lugar figura la cónyuge, quien de acuerdo al dicho de los quejosos, es su progenitora. A la cual, de acuerdo con las constancias exhibidas por las autoridades responsables, se le reconoció como sucesora de los derechos agrarios del difunto en el juicio de origen al haber acreditado el carácter de esposa del mismo. Por tanto, es claro que los aquí quejosos, dentro de ese orden de preferencia, no tienen un igual o mejor derecho que el de su progenitora para que se les reconozca y/o se les transmitan los derechos ejidales que en vida correspondieron a JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que dispone: "DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL EJIDATARIO OMITIÓ NOMBRAR SUCESORES O LOS DESIGNADOS ESTÁN IMPOSIBILITADOS PARA HEREDAR, SUS DESCENDIENTES CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN DICTADA EN DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE RECONOCIMIENTO DE POSESIÓN DE AQUÉLLOS, SI ÉSTAS FUERON PROMOVIDAS POR UN TERCERO AJENO, Y SOBREVIVE LA CÓNYUGE DEL DE CUJUS. El artículo 18 de la Ley Agraria dispone que cuando el ejidatario no haya designado sucesores, o ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el orden de preferencia que el mismo contempla, pero siempre a una sola persona. Consecuentemente, los descendientes de un ejidatario carecen de interés jurídico para acudir al juicio de garantías a impugnar una resolución dictada en diligencias de jurisdicción voluntaria sobre reconocimiento de posesión de derechos agrarios respecto de bienes pertenecientes a la masa hereditaria de su padre y que promovió un tercero ajeno a dicha sucesión, si sobrevive la cónyuge del de cujus, por ser la primera en el orden preferencial sucesorio; máxime si no se justifica que ésta hubiese renunciado a heredar, pues no se produce lesión alguna al impetrante, dado que en las condiciones apuntadas, su calidad de descendiente del ejidatario titular no presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que lo faculte a acudir en defensa de los bienes respecto de los cuales sólo tiene una expectativa, actualizándose entonces la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Pues en todo caso, la sentencia que pudiese generar afectación a los intereses de los quejosos, sería la dictada en el juicio que se promovió en relación a los derechos agrarios de quien en vida respondió al nombre de Rita Várguez Pacheco, en el núcleo ejidal "Telchaquillo", Municipio de Tecoh, Yucatán. De ahí que lo resuelto en el juicio de origen no le cause perjuicio alguno a la parte quejosa; es decir, que lo resuelto en ese procedimiento no lesiona la esfera jurídica de derechos fundamentales de la parte amparista. Por ello, es dable concluir que procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la ley de la materia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por BARBACIANA, ROGELIA, ÁNGELA MARÍA y RODOLFO, todos de apellidos CHAN VÁRGUEZ, en contra de los actos que reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro y a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Visto para resolver el juicio de amparo número 419/2022-II-B, promovido por BARBACIANA, ROGELIA, ÁNGELA MARÍA y RODOLFO, todos de apellidos CHAN VÁRGUEZ; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero dos mil veintidós, ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, comparecieron BARBACIANA, ROGELIA, ÁNGELA MARÍA y RODOLFO, todos de apellidos CHAN VÁRGUEZ, a solicitar amparo en contra del acto que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 y Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, ambos con sede en Mérida. SEGUNDO. Separación de juicios y admisión de la demanda. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se ordenó la separación de juicios, por lo que se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo y su anexo, así como de la boleta de turno, en relación al acto reclamado derivado del juicio sucesorio TUA 34-199/2020, a fin de que fuese turnada a este Juzgado de Distrito. Asimismo se admitió a trámite la demanda respecto del restante acto reclamado derivado del juicio sucesorio TUA-341153/2017, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 419/2022-II-B; por tal motivo se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: - La sentencia definitiva dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el juicio sucesorio TUA-34-1153/2017 y todo lo actuado en el mismo. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro y a la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad, pues así se advierte de sus informes justificados y de las constancias que acompañaron a los mismos. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se concreta la causal de inviabilidad del juicio de amparo que establece que éste resulta improcedente tratándose de actos que no afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. En efecto, los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Conforme a los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; esto es, por quien resienta una afectación en sus derechos sustantivos. Ahora bien, cabe precisar que las normas que tutelan el interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. Así, el interés jurídico debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente. Pues supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción, por ejemplo: quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de la autoridad, debe demostrar por una parte, ser propietario del bien que considera afectado, y por otra, que el acto que reclama de la responsable está referido a ese bien; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite contar con un interés jurídico. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, la parte quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, no obstante que se ostente con el carácter de tercera extraña a juicio, pues debe acreditar un igual o mejor derecho a las partes que intervinieron en el procedimiento de origen para anteponerlo a las personas que obtuvieron sentencia favorable a sus intereses en el sumario de origen, y no solamente un interés simple, mera facultad o expectativa de derecho. Es decir, un derecho legítimamente tutelado por una norma objetiva que, a su vez, le otorgue la facultad de exigir su respeto ante terceros. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan "el poder de exigencia" correspondiente." Máxime, que en el caso, cabe precisar que la parte quejosa refiere en su demanda que ella debió ser llamada al juicio de origen a fin de deducir sus derechos correspondientes como descendientes de su padre de nombre JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria. Por consiguiente, este juzgador procede a verificar si los numerales que se citan constituyen la norma objetiva que le otorguen un derecho a su favor susceptible de oponerlo a terceros. Tales porciones normativas disponen: "Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior." "Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos." De lo transcrito se obtiene que el legislador dispuso que la sucesión en materia agraria pudiera ser testamentaria o legítima. En la primera, el ejidatario inscribe en el Registro Agrario Nacional una lista en la que constan los nombres de las personas y el orden de preferencia con base en el cual debe hacerse la adjudicación de los derechos a su fallecimiento. Mientras que en la segunda, la propia legislación establece el orden de preferencia cuando el ejidatario no designó sucesores o ninguno de los señalados en la lista puede hacerlo por imposibilidad material o legal. En ambos supuestos, la transmisión de los derechos ejidales mortis causa no opera de pleno derecho, pues impone al sucesor designado en la lista o al legítimo, según sea el caso, la carga de llevar a cabo un proceso contencioso o un procedimiento administrativo para consolidar esa transmisión, esto es, a la muerte del autor de la sucesión adquiere la expectativa a obtener los derechos ejidales, sin que pueda considerarse como titular de éstos. Sentado lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable (anexo I), que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1.- Que en fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, Rita Várguez Pacheco (nombre correcto) promovió juicio agrario de sucesión respecto de los derechos agrarios de quien en vida respondió al nombre de JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY, en el núcleo ejidal "Telchaquillo", Municipio de Tecoh, Yucatán. 2.- Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, admitió a trámite la demanda y ordenó entre otras cuestiones, se fijara cédula de notificación en la oficinas municipales del poblado correspondiente, en la casa ejidal y en los lugares visibles, para que surtiera efectos de citación para las personas que se consideraran con derecho a acudir al juicio sucesorio. 3. En fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley en el referido juicio sucesorio, y realizó diversos requerimientos a la promovente de dicho juicio. 4. Mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado del Tribunal responsable reconoció a Rita Várguez Pacheco, como sucesora preferente de los derechos agrarios y demás inherentes que como ejidatario pertenecieron en vida a JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY, en el ejido "Telchaquillo", Municipio de Tecoh, Yucatán, y le reconoció la calidad de ejidataria. Asimismo ordenó a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, que expidiera en favor de Rita Várguez Pacheco, el o los certificados agrarios correspondientes. Ahora bien, en el caso los quejosos no ofrecieron prueba alguna para acreditar su interés jurídico, ya que se limitaron a señalar que son hijos legítimos del autor de la sucesión, es decir de JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY. En esas circunstancias, si los quejosos no exhibieron pruebas para demostrar que efectivamente son hijos del autor de la sucesión, entonces la sentencia dictada en el juicio de origen no irroga perjuicio alguno en la esfera jurídica de los derechos subjetivos de los aquí impetrantes de amparo, máxime que tal interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no inferirse solamente con base en presunciones. Pero más aún, en el supuesto de haber acreditado dicha circunstancia, el sentido de lo aquí resuelto no cambiaría, pues este juzgador advierte que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico alguno para acudir a este juicio constitucional a fin de que se les respeten derechos en la controversia de origen, como se verá a continuación. En primer lugar, los quejosos no fueron designados como sucesores ya que no existió lista de sucesión en términos del artículo 17 de la Ley Agraria. Por ende, su reclamo tendría origen en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Agraria. En lo que se refiere a dicho numeral, si bien es cierto que conforme a lo ahí dispuesto los quejosos se podrían ubicar en la fracción III del mismo, dentro del orden de preferencia a que alude ese dispositivo. Lo cierto es que precisamente, en cumplimiento a dicho orden preferente, en primer lugar figura la cónyuge, quien de acuerdo al dicho de los quejosos, es su progenitora. A la cual, de acuerdo con las constancias exhibidas por las autoridades responsables, se le reconoció como sucesora de los derechos agrarios del difunto en el juicio de origen al haber acreditado el carácter de esposa del mismo. Por tanto, es claro que los aquí quejosos, dentro de ese orden de preferencia, no tienen un igual o mejor derecho que el de su progenitora para que se les reconozca y/o se les transmitan los derechos ejidales que en vida correspondieron a JUAN DE LA CRUZ CHAN MAY. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que dispone: "DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL EJIDATARIO OMITIÓ NOMBRAR SUCESORES O LOS DESIGNADOS ESTÁN IMPOSIBILITADOS PARA HEREDAR, SUS DESCENDIENTES CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN DICTADA EN DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE RECONOCIMIENTO DE POSESIÓN DE AQUÉLLOS, SI ÉSTAS FUERON PROMOVIDAS POR UN TERCERO AJENO, Y SOBREVIVE LA CÓNYUGE DEL DE CUJUS. El artículo 18 de la Ley Agraria dispone que cuando el ejidatario no haya designado sucesores, o ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el orden de preferencia que el mismo contempla, pero siempre a una sola persona. Consecuentemente, los descendientes de un ejidatario carecen de interés jurídico para acudir al juicio de garantías a impugnar una resolución dictada en diligencias de jurisdicción voluntaria sobre reconocimiento de posesión de derechos agrarios respecto de bienes pertenecientes a la masa hereditaria de su padre y que promovió un tercero ajeno a dicha sucesión, si sobrevive la cónyuge del de cujus, por ser la primera en el orden preferencial sucesorio; máxime si no se justifica que ésta hubiese renunciado a heredar, pues no se produce lesión alguna al impetrante, dado que en las condiciones apuntadas, su calidad de descendiente del ejidatario titular no presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que lo faculte a acudir en defensa de los bienes respecto de los cuales sólo tiene una expectativa, actualizándose entonces la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Pues en todo caso, la sentencia que pudiese generar afectación a los intereses de los quejosos, sería la dictada en el juicio que se promovió en relación a los derechos agrarios de quien en vida respondió al nombre de Rita Várguez Pacheco, en el núcleo ejidal "Telchaquillo", Municipio de Tecoh, Yucatán. De ahí que lo resuelto en el juicio de origen no le cause perjuicio alguno a la parte quejosa; es decir, que lo resuelto en ese procedimiento no lesiona la esfera jurídica de derechos fundamentales de la parte amparista. Por ello, es dable concluir que procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la ley de la materia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por BARBACIANA, ROGELIA, ÁNGELA MARÍA y RODOLFO, todos de apellidos CHAN VÁRGUEZ, en contra de los actos que reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro y a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
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