Baraquiel Serrano Ramos

Expediente 1189/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1189/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • Baraquiel Serrano Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Baraquiel Serrano Ramos, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1189/2017-V. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, en relación al acto consistente en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual la autoridad responsable ordenó dar vista al Procurador de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que se pronuncie ante la omisión del Ministerio Público para solicitar el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formulara acusación en contra del promovente, de conformidad con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta el promovente, deriva del hecho de que auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual la autoridad responsable ordenó dar vista al Procurador de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que se pronuncie ante la omisión del Ministerio Público para solicitar el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formulara acusación en su contra, de conformidad con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: ... De la anterior transcripción se desprende que, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, operará si el quejoso no acredita una afectación a sus intereses jurídicos, o bien, legítimos. Ahora, en relación con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, la existencia de una afectación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado profusamente dicha causa de improcedencia, señalando que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos, a saber: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, y 2) una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio no basta con que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio de garantías requiere la demostración de un interés jurídico, que tiene una intensidad mayor al interés legítimo o económico. La segunda hipótesis de procedencia, es decir, la afectación a los intereses legítimos del particular, no ha sido materia de gran desarrollo jurisprudencial a propósito del juicio de amparo ya que su incorporación es novedosa; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se ha pronunciado en torno a los contornos de esta institución jurídica referidos al juicio contencioso administrativo, argumentos que son útiles para entender el alcance que debe dársele. Así, el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo es aquel que ostentan las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que, a pesar de las reformas constitucionales, la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico, sino que deben concurrir una serie de situaciones, a saber: Que la situación jurídica esté garantizada por el derecho objetivo, aunque ello no dé lugar a un derecho subjetivo; en otras palabras, que el interesado tenga una situación jurídica propia y distinta a los demás gobernados. Que esa situación jurídica se vea afectada por el acto de autoridad. Que la potencial anulación del acto de autoridad, produzca un beneficio a la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona, sin más, pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública estatal, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad. Ahora, respecto del acto consistente en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual la autoridad responsable ordenó dar vista al Procurador de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que se pronuncie ante la omisión del Ministerio Público para solicitar el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formulara acusación en su contra, de conformidad con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe decirse que la continuación de la causa judicial se lleva a cabo por medio de una serie de diligencias realizadas por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de integrar debidamente las etapas del procedimiento para poder emitir, en su caso, una resolución que determine la responsabilidad del imputado, así como, en su caso, a sus probables responsables, y dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cual será el resultado del proceso; de ahí que sea factible concluir que su la continuación de la secuela procesal no propicia afectación alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sostener un criterio diverso ocasionaría una afectación a los intereses de la comunidad, pues la tramitación de los juicios penales podría paralizarse en cualquier momento, bastando para tal efecto que se promoviera el juicio de amparo, situación que provocaría un grave perjuicio social, además de trastocar la función del juicio de amparo, que radica en reparar la violación a los derechos fundamentales, y no en entorpecer el actuar de las autoridades. De ahí que, el hecho de que el Juez de Control y Juicio Oral responsable se allegue de los medios correspondientes para poder continuar con la tramitación de la causa después de cerrada la etapa de investigación complementaria, no implica que con ello se causen daños o perjuicios a la parte promovente en dicha fase procedimental, pues tal perjuicio se materializaría hasta que una vez que el Procurador General de Justicia del Estado, solicite, según sea el caso, el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso o formule acusación, y dicha autoridad judicial al realizar el estudio de la petición, determine lo conducente, por tanto, ese será el momento en que la parte promovente se verá afectada en su esfera jurídica. ... Asimismo, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3180, del tomo LXXXIX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONSIGNACIÓN Y AVERIGUACIÓN. La simple consignación y aun la averiguación de los hechos por conceptuarlos delictuosos, cuando no restringen la libertad, derechos o posesiones de los acusados, no pueden importar una violación de garantías". Cabe puntualizar que si bien estos criterios se emitieron cuando el parámetro de procedencia era el interés jurídico, siguen siendo aplicables aun después de la reforma constitucional de junio de dos mil once, pues lo cierto es que, como ya se mencionó, la mera integración y consignación de la averiguación previa no incide ni siquiera en la situación jurídica cualificada en que pudiera encontrarse el quejoso, pues el hecho de que se investigue no implica que, necesariamente, habrá de concluirse con una sanción, pues para tal efecto sería necesario que después de que la Representación Social ejerciera la acción penal, un juzgador independiente determinara que se llenaron los extremos necesarios para librar la correspondiente orden de captura o presentación. Cabe destacar que el sentido de la presente resolución no contraviene a las jurisprudencias sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 553/2012, en sesión del seis de marzo de 2013, la cual se encuentra pendiente de publicación; por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1221, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2004; y, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 884, del tomo XI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2000, que respectivamente dicen: ... Lo anterior es así, pues si bien en las jurisprudencias transcritas se sustentó, grosso modo, que no es necesario que el interés legítimo o el jurídico esté plenamente probado al presentarse la demanda y que, la falta de dicho interés no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cierto es que hacen referencia a los casos en que "no se tenga la plena certeza que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del amparista", donde el interés jurídico "puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional", porque el motivo de improcedencia no sea claro y evidente, sino que es susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal, esto es, se refiere a los casos en que no se han aportado los medios de prueba suficientes para acreditar la afectación, pero que existe la posibilidad de que esto se realice durante el procedimiento. Sin embargo, resulta claro y evidente que en el caso no existe posibilidad de que la parte quejosa, en el curso del procedimiento, acredite que sufre una afectación a sus intereses jurídicos o legítimos por el acto reclamado - auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual la autoridad responsable ordenó dar vista al Procurador de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que se pronuncie ante la omisión del Ministerio Público para solicitar el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formulara acusación en contra del promovente-, dado que dicha circunstancia no deriva de su falta de prueba, sino de la propia naturaleza del acto, la cual no es susceptible de cambiar durante el curso del procedimiento y, por ende, no hay lugar a dudas de que con independencia de los medios de convicción que la parte quejosa pudiera aportar en la presente instancia constitucional, de igual manera se actualizaría la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, por lo que sería ocioso y contrario a la pronta y expedita administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, tramitar el juicio constitucional para, al final, llegar indefectiblemente al mismo resultado, que sería la improcedencia del juicio de amparo. ... En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la citada Ley, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual la autoridad responsable ordenó dar vista al Procurador de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que se pronuncie ante la omisión del Ministerio Público para solicitar el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formulara acusación en su contra, de conformidad con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, la lista que se fije en los estrados de este Juzgado, sin que pase inadvertido que en el escrito de demanda, se advierte que proporciona un domicilio particular, en virtud que dicha manifestación es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo,, teniéndose como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Emanuel Montiel Flores y Orlando Ortiz Meza por no contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. ...

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