Bani Teresita Basilio Bautista
Expediente 355/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Bani Teresita Basilio Bautista
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el conflicto competencial entre jueces 4/2019, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, Guerrero, para conocer de la demanda de amparo promovida por Bani Teresita Basilio Bautista, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Acúsese el recibo de estilo solicitado. Ahora bien y apareciendo que la superioridad resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO.- El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo promovido por Bani Teresita Basilio Bautista. SEGUNDO.- Envíese testimonio autorizado de este ejecutoria a los juzgados contendientes, remitiendo los autos del juicio de amparo al que resultó legalmente competente en razón de territorio, para resolverlo." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.
- Principal
Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero; mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial entre jueces de distrito ********************; glósese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes.
- Principal
Visto el oficio signado por el Director General de Atención a Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero; en atención a su contenido, téngasele informando que ordenó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De lo que se toma conocimiento. Por otra parte, visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 44 a 49), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizara lo siguiente: ".Haga los requerimientos necesarios a efecto de que se cobre la multa impuesta al ayuntamiento demandado, en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 113/2009.". Ahora, toda vez que la sentencia no fue recurrida por las partes, en proveído de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 64 a 66), se declaró firme; y por tanto, se requirió a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, su cumplimiento. 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento de doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 104 a 108), la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizó lo siguiente: Por oficio 2943/2019 y anexos (foja 116), remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio 1971/2019, dirigido al Director General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación Arbitraje del Estado de Guerrero no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, debido a que no ha hecho los requerimientos necesarios a efecto de que se cobre la multa impuesta a la Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato, Guerrero, mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, en el juicio laboral de origen. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se declara que la ejecutoria de mérito, no está cumplida cabalmente. 5.- Requerimiento. Entonces, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad laboral responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidente, Bernardo Ortega León y a la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por conducto de Tulio Samuel Pérez Calvo, para que dentro del plazo de diez días contados a partir de que tengan conocimiento del presente proveído, realicen lo siguiente: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, deberá hacer el cobro de la multa impuesta a la parte demandada en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, en el juicio laboral de origen; lo que deberá acreditar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, tendrá que remitir a este órgano jurisdiccional, las constancias que denoten que se cobró la multa impuesta a la parte demandada en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, en el juicio laboral de origen; además, deberá acreditar que solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el cobro de la multicitada multa, con el acuse de recibo respectivo. Hecho lo anterior, deberán remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de ulterior requerimiento. Se apercibe al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, que de no dar cumplimiento, se le impondrá a cada uno una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Asimismo, en términos del artículo 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador del Estado de Guerrero, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad vinculada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acredite a este órgano jurisdiccional que ordenó a la autoridad mencionada, para que cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos precisados en líneas precedentes.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio de referencia mediante el cual el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, estima carecer de competencia para resolver el juicio de amparo promovido por Bani Teresita Basilio Bautista, en su carácter de propietaria de la estancia infantil denominada "Recorcholis", contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 355/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Ahora, el Juez oficiante declinó la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por Bani Teresita Basilio Bautista, en su carácter de propietaria de la estancia infantil denominada "Recorcholis", contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad, toda vez que consideró que el acto reclamado es negativo con efectos positivos, cuya ejecución tendrá lugar dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, por lo que se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese sentido, este Juzgado de Distrito, no acepta la competencia planteada en atención a las siguientes consideraciones: En primer término, debe decirse que el escrito de demanda tiene que ser analizado en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que conforme a derecho, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, resulta preciso citar por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, visible en la página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión de publicar las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a las madres trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019. Como se ve, el acto reclamado no justifica la competencia de este juzgado federal, para conocer del presente asunto, pues su conocimiento corresponde al juzgado declinante. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." [Énfasis añadido]. De una interpretación armónica del precepto legal transcrito, se puede advertir que contempla las hipótesis siguientes: a) Es competente un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto que ahí se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en su jurisdicción. b) Si el acto comenzó a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquier juez de esas jurisdicciones será competente. c) Si el acto que se reclama en el juicio de amparo no tiene ejecución material, la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, en el presente asunto el juez declinante para declararse legalmente incompetente, sostuvo que se debe aplicar la primer regla de competencia contemplada en el numeral 37 de la ley de la materia, pues adujo que la quejosa se duele de un acto negativo con efectos positivos que se está realizando dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal -Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, Guerrero. Asimismo, refirió que mientras las autoridades responsables continúen con la abstención reclamada provoca que se siga ejecutando materialmente la afectación en la esfera de derechos de la quejosa en la población de Zumpango del Río, Guerrero, lugar donde opera la estancia infantil de la cual se ostenta propietaria la aquí quejosa; de ahí que conforme a la reclamación planteada considera que se actualiza el primer párrafo de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo y consecuentemente la competencia para conocer de la presente demanda de amparo es a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero. Sin embargo, este órgano de control constitucional difiere del criterio adoptado por la autoridad declinante, toda vez que, el acto reclamado, consiste en la omisión de publicar las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a las madres trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, el cual como se dijo es de naturaleza omisiva, sin que del mismo se advierta que exista una ejecución material. En tales condiciones, la competencia para conocer de dicho acto se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda de amparo, conforme a la tercera hipótesis del artículo 37 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, visible en la página 500, cuyo texto dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, dado que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda de amparo, este juzgado federal no acepta la competencia declinada; por lo tanto, devuélvase la presente demanda y sus anexos al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia autorizada de la determinación que se dicte.
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