Bani Teresita Basilio Bautista

Expediente 239/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
239/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2019

Partes del expediente

  • Bani Teresita Basilio Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por BANI TERESITA BASILIO BAUTISTA, en su carácter de propietaria de la Estancia Infantil "Recorcholis", contra actos del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y OTRA AUTORIDAD. Regístrese en el libro de gobierno con el número 239/2019, y fórmese expediente. INCOMPETENCIA Al examinar la demanda de amparo se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la misma. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del transcrito precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, a saber: La regla inicial se determina de acuerdo al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda regla normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente para conocer de la demanda de amparo el juez, donde se haya presentado la misma. En el último párrafo del precepto en análisis, se establece la tercera regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. Como se advierte, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo depende de la naturaleza del acto reclamado, para lo cual, resulta indispensable determinar si éste requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas. Ahora bien, conviene señalar que la teoría general acerca de la naturaleza de los actos administrativos reconoce los actos positivos y negativos. Esta diferencia es importante para determinar si un acto tiene o no ejecución tomando en consideración que el artículo 37 de la Ley de Amparo atiende a la naturaleza intrínseca del acto y no a su forma de expresión. Al respecto cobra relevancia lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 176/2009, en cuya parte considerativa destacó las características de los actos de autoridad positivos, negativos y negativos con efectos positivos: "[.] En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico[.]." De la reproducción se advierte que el Alto Tribunal reconoció la existencia de actos administrativos positivos y negativos, destacando de estos últimos que se pueden dar en tres vertientes: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos. Asimismo, reconoció que si bien existen actos cuya expresión en sentido negativo, su naturaleza se entiende positiva por entrañar la privación del ejercicio de un derecho o cuando, en virtud de esa negativa, la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Para identificar este tipo de actos habrá que advertir si, independientemente en la forma como se expresan, imponen una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita activamente de algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. Por el contrario, dijo la Segunda Sala, los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte lo siguiente: 1. Que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional de las autoridades responsables la omisión de publicar las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a las madres trabajadores, para el ejercicio fiscal 2019. 2. Que solicita la suspensión provisional y definitiva para los siguientes efectos: "1. SE LE ENTREGUE, DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018, LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS. 2. SE HABILITEN LOS MECANISMOS, APARTADOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTINUAR CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN CONFORME AL MODELO ANTERIOR." 3. Que la quejosa aduce ser propietaria de la estancia infantil denominada "Recorcholis", ubicada en calle Nayarit número 6, colonia San José, en Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, Guerrero. Precisado lo anterior, se obtiene que en el presente juicio se reclama de las autoridades responsables un acto de naturaleza negativa, pues se les atribuye una conducta omisiva consistente en la omisión de publicar las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a las madres trabajadores, para el ejercicio fiscal 2019; sin embargo, dicho acto de carácter negativo implica efectos positivos, pues la parte quejosa demanda un no actuar de las autoridades responsables, lo que tiene efectos positivos, pues mientras la autoridad continúe con la abstención reclamada provoca que se siga ejecutando materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa en la población de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Nerí, Guerrero, lugar donde opera la estancia infantil de la cual se ostenta propietaria la aquí quejosa; de ahí que conforme a la reclamación planteada se actualiza el primer párrafo de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, consecuentemente la competencia para conocer de la presente demanda de amparo se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, quien ejerce jurisdicción territorial en aquella municipalidad. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia número I.1o.P. J/6 (10a.) que se comparte sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 764, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II. Materia(s): Común, Décima Época. De la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." En las anotadas condiciones, remítase la demanda con sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, a efecto de que hagan las anotaciones correspondientes y lo turne al Juez de Distrito de esa ciudad que corresponda, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas, si acepta o no el conocimiento del asunto; sin que se decida sobre la suspensión de los actos reclamados porque no se ubican en alguno de los supuestos precisados en el citado numeral antes mencionado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tadeo Arredondo, número 22, Altos, colonia Centro, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ramiro Frías de Jesús, Víctor José Mendoza Lázaro, Alfonso Catalán Luna, José Antonio Frías Valdes, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Gilberto Ángel Martínez González, por no cumplir con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho de hacerlo con posterioridad. Por otra parte, se autoriza a las personas que designó como sus autorizados para que se impongan de los autos del presente asunto mediante el uso de aparatos electrónicos; lo anterior de conformidad en la circular número 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo, ya que es obligación de la misma informarse de la situación que guarda su demanda de amparo dentro de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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