Balvino Juan Soriano Barbosa

Expediente 61/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
61/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Balvino Juan Soriano Barbosa

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, toda vez que por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, y dicho proveído causó estado en líneas que anteceden; en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente es destruible, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el artículo 20 del acuerdo referido. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica, y sin nombre de quien aparentemente la promueve, regístrese en el libro de gobierno correspondiente como 61/2023 y, fórmense los respectivos expedientes físico y electrónico. Ahora bien, la suscrita juzgadora procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. Máxime que, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, ya que no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Lo anterior, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, por lo cual el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido.... Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede se advierte la imposibilidad material para darle trámite a la presente demanda de amparo, dada la ausencia total de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, pues no se tiene certeza de quien sea el promovente, su domicilio, ni el nombre y domicilio del tercero interesado, ni de la autoridad o autoridades responsables. Tampoco se sabe la norma, acto u omisión que se reclama; los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; los preceptos legales que contengan los derechos humanos vulnerados, ni los conceptos de violación correspondientes. Aunado a lo anterior, se desconoce totalmente la voluntad de quien lo presenta sin contenido alguno, aunado a que ni siquiera obra firma digital ni autógrafa, pues como se precisó en la certificación que antecede, únicamente se tiene a la vista la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación. Acorde a lo anterior, se desconoce totalmente la pretensión de su presentante, así como la voluntad de quien supuestamente lo presenta, ya que no obra firma digital ni autógrafa, pues como se precisó en la certificación que antecede, únicamente se tiene a la vista la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, del análisis de la demanda que nos ocupa, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo promovida vía electrónica sin nombre de quien aparentemente lo promueve, carece de firma electrónica, lo que se demostrará a continuación. De la lectura del último precepto legal mencionado, se advierte que la promoción del juicio de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado o por su apoderado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrado por el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principio que reproduce el diverso artículo 6 de la legislación de la materia, al señalar que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame y que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los que expresamente lo permita la ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias jurídicas, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Además, se precisa que el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo. En ese tenor, es destacable lo previsto en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Sistema Electrónico como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, lo cual se advierte como un aspecto relevante que brinda mayor certeza a los justiciables, así como el uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a los órganos jurisdiccionales. De ahí que, si la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; entonces sucede lo mismo respecto de la firma electrónica ingresada al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación al que se ha hecho referencia. En tal virtud, si bien la demanda de amparo promovida sin nombre de quien aparentemente lo promueve, fue presentada de manera electrónica (en línea); lo cierto es que, tampoco se encuentra firmada por el promovente, pues no contiene los certificados necesarios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, que permitan validar su actuación en el sistema electrónico mencionado con antelación. Por tanto, al no apreciarse la voluntad de quien promueve la presente demanda, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario. De ahí que, si el escrito no se encuentra suscrito por parte interesada, debe entenderse que no existe manifestación de voluntad; por lo tanto, la demanda resulta improcedente, sin que pueda mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación posterior, pues no es de aquellas irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 8/2019, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 65, abril 2019, tomo I, página 79, de rubro y texto:... Sin que obste a lo anterior, que en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, en vinculación con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. De lo que se puede colegir que en los supuestos de presentación de demandas de amparo en línea, se hace preciso, como un requisito fundamental, que obre la firma electrónica de quien promueve en el escrito correspondiente, pues en función de la naturaleza del sistema electrónico implementado para la tramitación de los juicios en línea, será exclusivamente ésta la que dote de validez legal al documento en cuestión; por tanto, solo a través de la firma digital se hará patente la voluntad del promovente de someterse a la potestad jurisdiccional... En consecuencia, se desecha de plano la demanda promovida vía electrónica sin nombre de quien aparentemente la promueve, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, en contexto con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que carece de la firma electrónica (FIREL) de quien promueve, lo que implica la ausencia de la expresión auténtica de su voluntad, es decir, no hay instancia de parte, como se ha evidenciado en líneas que anteceden. Aunado a la falta de cumplimiento de los requisitos contenidos en el numeral 108 de la Ley de Amparo, existe imposibilidad material y jurídica de prevenir a quién promueve la demanda de cuenta, ya que se desconoce tanto el nombre como su voluntad de hacerlo, como se ha destacado en líneas que anteceden. Finalmente, dada la ausencia del nombre y domicilio de quien promueve la demanda que nos ocupa, se ordena realizar la publicación del presente proveído por medio de lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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