Balvina Angulo Torres
Expediente 671/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Balvina Angulo Torres
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, uno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó de plano la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Calificación del expediente judicial. ... Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ********** EL SIGUIENTE ACUERDO: Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por *******, regístrese por su orden en el libro de gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 671/2022- 2A. DESECHAMIENTO Ahora bien, vista la demanda de amparo presentada la suscrita advierte que la misma debe desecharse de plano, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, dado que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo1, en virtud de que el quejoso no agotó el recurso ordinario procedente antes de acudir a esta instancia constitucional; es decir, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en que se impugnen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; esto es, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello en virtud de que el juicio de amparo es un medio extraordinario a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. En este sentido, de la lectura del artículo 109, fracción XXI, en relación con el diverso 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales2, se desprende que la víctima u ofendido tendrá el derecho de impugnar ante el Juez de Control, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación; es decir, que de una interpretación sistemática de los citados artículos, se advierte que ante la omisión del Representante Social de actuar como corresponde en la etapa de investigación, existe la obligación de impugnar dicha conducta en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es requisito indispensable para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto. En ese contexto, la quejosa señala como acto reclamado la falta de resolución del No Ejercicio de la Acción Penal NUC *******, atribuida a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, sin embargo, previo a instar el presente juicio de amparo, debió hacer valer el recurso ordinario previsto en el artículo 258 de Código Nacional de Procedimientos Penales, por medio del cual se puede combatir la actitud omisa que se atribuye a la autoridad responsable, por tanto, es inconcuso que el presente juicio de garantías resulta improcedente. ... En tal virtud, es evidente que en el caso debe desecharse la demanda, pues contra la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, procede el recurso previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que así ha sido definido mediante las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), por parte del Máximo Tribunal en el País, y dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vedando cualquier posibilidad de que el argumento sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pudiera revisar un criterio obligatorio, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. ... Adicionalmente, cabe destacar que este órgano jurisdiccional sostuvo similares consideraciones en el juicio de amparo 502/2021, mismas que fueron impugnadas mediante el recurso de queja 115/2021, el cual se declaró infundado por parte del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito. Domicilio y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio procesal, el que índica en su escrito petitorio de amparo, asimismo, se tienen por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona en el mismo. En el mismo orden, téngasele proporcionando el correo electrónico que refiere en el escrito de cuenta, lo anterior, a fin de establecer el contacto respectivo en caso de que se estime necesario, en el presente juicio. Exhortación a las partes Ahora bien, frente al fenómeno de salud pública con carácter de pandemia generado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido lineamientos para el funcionamiento de los órganos y áreas administrativas, así como diversas medidas de índole sanitarias en concordancia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para contención y evitar la propagación del contagio del mencionado patógeno. Se hace énfasis a las partes que, en cuanto a la tramitación del presente juicio de amparo, en todo momento habrán de ponderar prudentemente la necesidad de su presencia acorde a los criterios de sanidad conocidos y subsecuentes que se divulguen oficialmente, para lo cual se les exhorta para que continúen la sustanciación del presente sumario constitucional, mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal, a fin de que las partes puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Transparencia En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Integración del expediente electrónico Estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo." Anotaciones en Libro de Gobierno y S.I.S.E. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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