Baltazar Javier Esquivel Soberanes

Expediente 547/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
547/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Baltazar Javier Esquivel Soberanes

Actuaciones

  1. Principal

    iamgEn diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Abraham Smeke García, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Abraham Smeke García.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra del auto que desechó la demanda de amparo en el presente expediente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá destruirse en términos del artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte. Por otro lado, acorde a lo dispuesto en el artículo 15, del citado acuerdo general, se declara que a juicio de este juzgado de Distrito, este asunto carece de valor jurídico, histórico o relevancia documental. Conforme a lo ordenado en el artículo 21 fracciones b y d del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo, y que es destruible.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a doce de julio de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la demanda de amparo presentada por Baltazar Javier Esquivel Soberanes, por propio derecho, contra el acto reclamado al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, consistente en la orden de traslado a un diverso centro de reclusión. En tal virtud, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo como expediente 547/2021-VII. Ahora bien, respecto al acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la orden de traslado de los quejosos del Centro de Readaptación Social Estatal número Tres, a otro centro de reclusión y su ejecución, se advierte que de acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Del precepto en comento, se advierte que la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución o acto proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado. c) En virtud de ese medio, la resolución o acto pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que la suspensión del acto reclamado con motivo de la interposición del recurso, medio de defensa o juicio, tenga los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, y no exija mayores requisitos ni plazos que los contemplados para el otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva. Así, una vez contrastado el acto materia de la "litis", con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se actualizan los supuestos que se enuncian. En efecto, el primero de ellos se desprende de las manifestaciones vertidas por los quejosos, pues el acto reclamado es atribuido a autoridades administrativas. En cuanto a la segunda y tercera hipótesis, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman la orden de traslado de esta ciudad a otro centro de reclusión, así como su ejecución. En esa tesitura, cabe precisar que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se complementó la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de dieciocho de junio de dos mil once, donde se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, ello a través del Juez de Ejecución; asimismo, la referida legislación contempla varios regímenes relacionados con las personas internadas en centros de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de pena. En ese sentido, es de concluir que tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento sea por prisión preventiva o ejecución de pena, será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo objeto, de acuerdo con la contradicción de tesis 57/2018, resuelta el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el siguiente: "Objeto. Del contenido del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aprecia que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad." Por otra parte, resulta necesario precisar que en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una serie de mecanismos, a efecto de que la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución, dentro de sus facultades, resuelvan las controversias que se susciten, entre otras hipótesis, cuando se encuentren relacionadas con la ejecución de la pena impuesta en un proceso penal. Asimismo, se consideraron diversos recursos y una controversia judicial para que las personas privadas de su libertad puedan combatir los actos emitidos por las autoridades penitenciarias y judiciales relacionados con la orden de traslado -acto reclamado en la presente instancia constitucional-. Efectivamente, los artículos 1º, fracción II, 4º, párrafo sexto, 5º, 9º, 25, 30, 50 a 53, 57, 116, 117, 120 a 125, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan los tipos de traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo, además contemplan el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado) combata dicho acto, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable. De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula el procedimiento a seguir para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el recurso de apelación y una controversia judicial para combatir dicho acto. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciséis de enero de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, indicó "que la orden de traslado, ya sea emitida dentro del proceso o una vez dictada la sentencia condenatoria, modifica las condiciones de la situación de privación de libertad en la que se encontraban el procesado y el sentenciado, las cuales, pueden afectar de manera directa otros derechos de estas personas, como son el de una defensa adecuada y el de purgar la pena en un centro penitenciario cercano a su domicilio. En esa línea de pensamiento, la Ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados y su procedimiento, a saber: Traslados voluntarios; Traslados involuntarios; y, Traslados urgentes (o excepcionales). 1) El traslado voluntario, se encuentra previsto en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; inicia a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, quien celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 2) El traslado involuntario, tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado urgente o excepcional, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. En esa tesitura, cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber, un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley en comento en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Adicionalmente, cabe destacar que, con independencia del tipo de traslado -voluntario, involuntario o urgente-, el artículo 116, fracción I, en relación con el numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, instituyen la controversia judicial ante el Juez de Ejecución como un medio eficaz para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el "recurso de apelación" y una "controversia judicial" como medios jurisdiccionales eficaces para combatir dicho acto de autoridad. En la especie, se advierte que los impetrantes del amparo, señalan la orden de traslado del centro de reclusión donde actualmente se encuentra a otro diverso reclamándoles a autoridades administrativas. En ese tenor, se puede advertir que a las autoridades administrativas penitenciarias se les atribuye tal vez el inicio del procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto al traslado involuntario por caso urgente o excepcional previsto por el artículo 52 de la Ley de Ejecución Penal, pues del ocurso de amparo, se desprende que el traslado reclamado será ejecutado por la autoridad administrativa. En tal virtud, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte que la autoridad judicial competente haya realizado pronunciamiento al respecto y que los quejosos manifiesten que se transgredirán sus derechos fundamentales con la ejecución del traslado combatido, previo acudir al amparo, deben agotar la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con los artículos 52, 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevén la suspensión del acto combatido. Así, es claro que, si los peticionarios del amparo, reclaman la orden de traslado del Centro de Readaptación Social Estatal Número Tres, a otro centro de reclusión, atribuida a autoridades administrativas, es inconcuso que existe el medio ordinario de defensa -controversia judicial ante el Juez de Ejecución prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal-, el cual deben agotar previo a la promoción del juicio de amparo. Luego, si con motivo de la controversia judicial ante el Juzgado de Control o Ejecución, según sea el caso, se puede analizar la legalidad del traslado en cuestión, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Además, debe precisarse que la suspensión del acto, prevista en los artículos 122 y 124 de la citada ley, no exige mayores requisitos para decretarla, ya que únicamente contemplan que el acto sea considerado urgente, y que la misma sea solicitada por el interno o se advierta de oficio por el juzgador, para que éste se pronuncie y mantenga su vigencia hasta el momento en que resuelva. De lo que se sigue que si la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de traslado del Centro de Readaptación Social Estatal Número Tres, en esta ciudad fronteriza a otro centro de reclusión, atribuido a autoridades administrativas, pero no agotó la controversia judicial ante el Juez de Control o de Ejecución Penal, según sea el caso, que de conformidad con el artículo 52 en relación con los numerales 116, fracción IV, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye el medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para analizar la legalidad del traslado reclamado a autoridades administrativas, es evidente que el acto aquí reclamado no es definitivo. En consecuencia, al no haberse agotado la controversia judicial ante el Juez de Control o de Ejecución Penal según sea el caso, contra la orden de traslado reclamada, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, procede desechar la demanda, respecto de la orden de traslado reclamada por el quejoso al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en esta ciudad a otro centro de reclusión, y otras autoridades; así como su ejecución. Al respecto, es puntualmente aplicable al caso, la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada con el registro digital 2023190, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos numerales 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por otra parte, se hace saber al quejoso que este acuerdo y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Igualmente, se le comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual queda expedito su derecho. En otro contexto, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Se hace saber a la parte quejosa que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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