Baltazar Casas Sánchez
Expediente 1413/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1413/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Baltazar Casas Sánchez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1413/2016-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto dictado en el juicio de amparo el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial en Turno del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique a BALTAZAR CASAS SÁNCHEZ el presente acuerdo, corriéndole traslado con la copia simple que se acompaña y, hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado.
- Principal
R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en la misma fecha a este Juzgado Federal, DIEGO MOLINA RAMÍREZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y actuario adscrito al cuerpo colegiado de que es titular aquélla autoridad, con residencia en esta ciudad; la primera en su carácter de responsable ordenadora y como ejecutora la segunda en mención; actos que hizo consistir en: "ACTO RECLAMADO.- El acuerdo de fecha 7 de diciembre del año 2015, dictado por la responsable dentro del expediente laboral 01/2728/2010, que contiene el mando de requerimiento de pago y embargo en su caso, cuya ejecución intento llevar a cabo la señalada como ejecutora en mi domicilio particular ubicado en CALLE MAGNOLIA NÚMERO SIETE del FRACCIONAMIENTO JARDINES DE REFORMA, de esta ciudad, el día 14 de marzo del año en curso" (sic). SEGUNDO. Por acuerdo de veintinueve de marzo del año en curso, se admitió la demanda de garantías, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se ordenó emplazar a la parte tercero perjudicada, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; en virtud de que los actos reclamados se pretenden ejecutar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Como lo prevé el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, además que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable por analogía la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, es necesario fijar el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional se hacen consistir en: La diligencia de catorce de marzo del año en curso, practicada en el domicilio del quejoso, ubicado en calle Magnolia siete, Fraccionamiento Jardines de Reforma, de ésta ciudad, en cumplimiento al acuerdo de siete de diciembre de dos mil quince, dictado en los autos del expediente laboral 01/2728/2010, que contiene el requerimiento de pago y en su caso embargo, dirigido a los demandados en la controversia laboral de origen. TERCERO. Es cierto el acto que se reclama del Presidente y actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues así lo manifestaron al rendir informe con justificación, y para acreditar su manifestación la primera de las citadas remitió copia autorizada de algunas de las constancias relativas al expediente 01/2728/10-JE1, de su índice, promovido por REYNA GARCÍA BAHENA, en contra de Corporativo Constructor de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Cosmos Construcciones y Agregados Sociedad Anónima de Capital Variable, Damián Molina Arteaga, Damián Molina Cortés, Ángel Portugal Paz, Marinho Montes de Oca Miranda y Calipso Arzate Ponce, en donde obra la diligencia de requerimiento de pago, llevada a cabo el catorce de marzo del año en curso, en cumplimiento al acuerdo de siete de diciembre de dos mil quince, dictada por el Presidente de la Junta responsable; a las que se confiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Toda vez que el estudio de las causas de improcedencia del juicio son de análisis oficioso, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se atenderá la que en la especie este juzgado federal, de oficio advierte se actualiza, y que se hace consistir en la prevista en la fracción XII del numeral 61 del invocado cuerpo de leyes, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia Por su parte el artículo 5º, fracción I, y 6º, de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del contenido de los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad de los derechos que se estiman conculcados con el acto de autoridad. Establecido lo anterior, se considera necesario precisar que en la especie el quejoso DIEGO MOLINA RAMÍREZ, se ostenta tercero extraño al procedimiento de donde derivan los actos reclamados; en ese sentido, conviene puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; que asimismo le asiste el especificado carácter a la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Al respecto se invoca la jurisprudencial por contradicción de tesis P./J. 7/98, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y seis, del Tomo VII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, de la siguiente literalidad: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Luego, en la especie la parte quejosa reclama la diligencia de catorce de marzo del año en curso, practicada en su domicilio ubicado en calle Magnolia siete, Fraccionamiento Jardines de Reforma, de ésta ciudad, en cumplimiento al acuerdo de siete de diciembre de dos mil quince, dictado en los autos del expediente laboral 01/2728/2010, que contiene el requerimiento de pago y en su caso embargo, dirigido a los demandados en la controversia laboral de origen, sin que sea parte en el procedimiento relativo al conflicto laboral. Sin embargo, conviene puntualizar que de las constancias que remitió el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, relativas al conflicto laboral 01/2728/2010, se advierte que en el auto de siete de diciembre de dos mil quince, la citada autoridad, entre otras cosas, ordenó que por conducto del actuario se requiriera de pago de la cantidad líquida de la condena, a la parte demandada (Corporativo Constructor de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Cosmos Construcciones y Agregados Sociedad Anónima de Capital Variable, Damián Molina Arteaga, Damián Molina Cortés, Ángel Portugal Paz, Marinho Montes de Oca Miranda y Calipso Arzate Ponce), en su domicilio, y en caso de negativa a realizar dicho pago, procediera a embargar bienes suficientes para cubrir el crédito laboral, siempre y cuando éstos fueran propiedad de los demandados, condenados en el juicio. Por lo que el actuario suscribió un acta con motivo de la diligencia de catorce de marzo del año en curso, en la que hizo constar, entre otras cosas, que se constituyó en el domicilio ubicado en calle Magnolia número siete, Fraccionamiento Jardines de Reforma, de ésta ciudad, en donde fue informado por quien dijo llamarse David Molina, que ese domicilio no es de las personas buscadas; que finalmente fue atendido por el ahora quejoso DAVID MOLINA RAMÍREZ, quien en ese acto le manifestó ser hijo de la persona buscada, condenado en el juicio de origen, de nombre Damián Molina Arteaga, por lo que al no encontrarse presente esta última, procedió a entender la diligencia con el ahora quejoso, requiriendo por su conducto a la parte demandada del pago de lo condenado en el laudo, y demás documentos cuya entrega también le fue impuesta; requerimiento al que el aquí quejoso respondió al diligenciario, que no es el demandado en el juicio, ni cuenta con los documentos requeridos; hecho lo anterior el actuario corrió traslado a la demandada por conducto de quien le atendió, con copia del acuerdo de siete de diciembre de dos mil quince. Lo anterior pone de manifiesto que en el acuerdo de siete de diciembre de dos mil quince, el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, una vez que, a petición de la actora en el juicio de origen, una vez que actualizó el crédito laboral, comisionó al actuario de su adscripción, para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y le requiriera de pago de lo condenado, y en caso de no hacerlo con proceder al embargo de bienes de su propiedad; que el actuario se constituyó en el domicilio ubicado en calle Magnolia siete, Fraccionamiento Jardines de Reforma, de esta ciudad, en donde requirió a la parte demandada, por conducto del aquí quejoso, del pago de la cantidad que resultó de la actualización del crédito laboral, así como de la entrega de las constancias en los términos establecidos en el laudo; requerimiento de pago que como se advierte fue dirigido a los demandados Corporativo Constructor de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Cosmos Construcciones y Agregados Sociedad Anónima de Capital Variable, Damián Molina Arteaga, Damián Molina Cortés, Ángel Portugal Paz, Marinho Montes de Oca Miranda y Calipso Arzate Ponce, no así en contra del quejoso; sin que se advierta que se haya dictado en su contra algún mandamiento. Atento a lo anterior, resulta evidente que la orden de requerimiento de pago y en su caso embargo así como cualquier apercibimiento que decrete la autoridad laboral en contra de los demandados en mención, por sí mismos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa al no encontrarse dirigida a ésta; lo anterior aunado a la circunstancia de que el hecho de que el actuario de la Junta, se haya constituido para el cumplimiento del mandamiento emitido, en el domicilio que aduce el quejoso le corresponde, no autoriza a inferir necesariamente que pueda lesionar su interés jurídico, ya que puede acreditar en el momento de la diligencia, que el inmueble así como los bienes que se encuentran en el domicilio son de su exclusiva propiedad, lo que impediría que el ejecutor pueda embargarlos, por lo que no se acredita que los actos de autoridad que se reclaman por sí, afecten su esfera jurídica. Resulta oportuno citar la jurisprudencia del Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, visible en la página 133, del Semanario Judicial de la Federación 72, Sexta Parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE.- Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución." Así, al no acreditarse la afectación en el interés jurídico de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio. Lo anterior sin perjuicio de que en la especie pudiera actualizarse diversa causa de improcedencia, sin embargo su estudio resulta innecesario ya que de prosperar, en nada variaría el sentido de la resolución que se pronuncia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, consultable en la página 141 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por la conclusión alcanzada resulta innecesario analizar los alegatos formulados por la tercero interesada Reyna García Bahena, por conducto de su autorizado; lo anterior en razón de que no constituye imperativo para este juzgador atenderlos, por no formar parte de la litis en la contienda constitucional. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto, y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de garantías, promovido por DIEGO MOLINA RAMÍREZ, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de la resolución, en términos de lo expuesto en último considerando de la sentencia. SEGUNDO.- En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/3003, 3/2005 y 15/2005, determinado el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, relativo de las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado permitieron concluir su engrose, ante la Secretaria licenciada Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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