Baldomero Trujillo Duran

Expediente 303/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
303/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Baldomero Trujillo Duran

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual, la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, remite el escrito signado por ****, mediante el cual, interpone demanda de amparo. Ahora bien, visto el escrito signado por ****, por derecho propio, promueve demanda de amparo en contra de los actos de la Primer Sala Colegiada Civil de Toluca y otras autoridades; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada, regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 303/2023-IV. Ahora, cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que la autoridad sepa desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: La falta de llamamiento al juicio 888/2019 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, y como consecuencia todo lo actuado en él, y lo derivado del mismo, como lo es la resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca. Ahora bien, al respecto debe decirse que, por lo que hace al acto reclamado, se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los numerales 5º, fracción I y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. En ese tenor, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional y por ende, resulta improcedente la demanda que promueva en esas circunstancias. En el caso, se considera que el promovente carece de legitimación para promover la acción constitucional, porque si bien el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de las autoridades que lo emiten, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. De tal forma que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a).Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Atento a lo anterior, si bien el peticionario del amparo aduce que se transgrede su derecho de ser debidamente llamado a juicio ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan todas las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo cierto es que el acto reclamado no le causa agravio material en su esfera jurídica, por lo menos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª./J.36/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 217, Tomo XXI, Mayo 2005, Materia Civil, Novena Época, que se cita enseguida: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado." Lo anterior es así, dado que si bien el quejoso refiere que con la ejecución que ordenó el Juzgado Tercero de Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, respecto de la resolución emitida el nueve de junio del año pasado, emitida por la Primer Sala Colegiada Civil de Toluca, consistente en la desocupación del bien inmueble materia de la litis, se le causa un agravio actual y directo, pues manifiesta que le corresponde el cincuenta por ciento de la masa hereditaria de su finado padre Felipe Morales Rosas, lo cierto es que no acredita haber sido declarado heredero o en última instancia encargado de llevar a cabo tareas como la presentación del testamento, el aseguramiento y administración de los bienes de la herencia, la formación de inventario y la partición y adjudicación de bienes, entre otras. Además que, por los mismos motivos que se han reseñado, se aprecia que no se reúnen los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la acreditación del interés legítimo, a saber: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada, expresamente, por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad por tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia, que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una disposición jurídica, pero basta que en ella se establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, aunque tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, el cual no puede ser derivado lejanamente, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso, en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) El quejoso tiene un interés propio distinto, del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico; cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la resolución del Pleno no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés; y, j) El interés debe responder a la naturaleza del proceso, del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En atención a lo cual, si en el presente asunto no se advierte, ni se acreditó la intención del promovente del amparo de participar en la prestación del servicio público regulado por la norma reclamada (en tanto que no se han materializado los efectos de la misma y resultan futuros e inciertos), como ya se precisó previamente, es evidente que las mismas no contienen disposición alguna que pueda afectar al ahora quejoso; y por ende, tampoco puede acreditarse siquiera el interés legítimo que se aduce vulnerado por el promovente del amparo. Atento a lo anterior, no se surte el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, pues, se insiste, los actos combatidos ya descritos, no inciden en la esfera jurídica del promovente del amparo, de ahí que no esté legitimado para promover en esta instancia constitucional. Es aplicable al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo CXXX, materia administrativa, Quinta Época, que se cita enseguida: "LEGITIMACIÓN PARA LA ACCIÓN DE AMPARO Y RECURSOS Y ACCIONES INCIDENTALES. La legitimación, para iniciar y seguir el recurso de garantías, debe fundarse en la ofensa, lesión o agravio, causado por acto de autoridad o por la ley, al interés del particular, moral o físico, sea de naturaleza jurídica o patrimonial; y esa legitimación para lo principal, lógicamente se requiere para todas las incidencias o recursos que puedan ser propuestos, durante el curso del juicio o terminado éste, así sean, por razón de legitimación y de igualdad, partes principales en la controversia constitucional, terceros perjudicados o terceros extraños; y de no llenarse esos requisitos básicos, surge ineludiblemente la improcedencia, sea también de la acción principal, recursos y acciones incidentales, en los términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, ya que puede ocurrir que no se compruebe la afectación de los intereses jurídicos del quejoso; que el acto reclamado haya sido consentido, tácita o expresamente; que haya cambiado la situación jurídica del acto impugnado o dejado este de surtir efectos por extemporaneidad de la demandada y otras causas. La legitimación por consecuencia, que requieren la acción de amparo, y los recursos o incidentes que surjan en la controversia o terminada ésta, no es otra, fundamentalmente que la lesión u ofensa de un derecho constitutivo del agravio que deba ser reparado por anticonstitucional o ilegítimo." Por consiguiente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que alude la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso numeral 6º del mismo ordenamiento; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Morales Damián. No se soslaya que el quejoso refiere en su escrito de demanda que el tres de febrero de dos mil veintitrés, inició junto con su hermana Juana Isabel Morales, juicio intestamentario a bienes de su finado padre Felipe Morales Rosas, a efecto de que el cincuenta por ciento de los bienes derivados de la sociedad conyugal del matrimonio con su finada madre, puedan repartirse de manera equitativa entre los coherederos, expediente que quedó registrado con el número 132/2023 del incide del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Xonacatlan; sin embargo, de las constancias que anexó a su demanda no se advierte que se haya tramitado y resuelto, dicho juicio a su favor, es decir no se advierte que se le haya otorgado calidad alguna a su favor con la que pudiera promover el presente juicio de amparo. En diversa tesitura, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el físico y el electrónico que señaló en su escrito de demanda; asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **** y ****, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, y en términos del artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo a las personas restantes, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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