Baldomero Hernández Hernández
Expediente 291/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Baldomero Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el escrito de cuenta signado por ...mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos el pasado veinticinco de junio del año en curso y al efecto formula las precisiones que le fueron requeridas. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda relativa, de la que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo transcrito se colige que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos dictados en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bien, como lo sostuvo el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, los actos de imposible reparación son aquéllos que producen una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias son de tal gravedad que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, lo que no acontece si únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. De igual modo sostuvo que estos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal y, al efecto, dispuso que debían reunir dos condiciones, a saber, la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa línea de pensamiento, al resolver la contradicción de tesis 325/2015 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, ya que no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Así, dispuso que debía tenerse presente que la afectación no se producía de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso fuera parte, de modo que no actualizaba el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, además de que, en tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presentaba la posibilidad de que la autoridad que conociera del asunto resolviera sobre la pretensión sometida a su conocimiento, por lo que debía sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. Sentado lo anterior, se tiene que en la especie el acto de que se duele el impetrante, consiste en la falta de notificación del auto pronunciado en el expediente 4/2015, por la responsable Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en esta ciudad, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se ordenó correr traslado a la parte ofendida con las cinco documentales acompañadas por el sentenciado, referentes a una carta responsiva de fiador moral, una carta de oferta laboral y tres cartas de recomendación, para lo cual el quejoso tenía tres días para realizar las manifestaciones que le corresponden. Todo ello con motivo del trámite del beneficio preliberacional de libertad condicionada promovido por el enjuiciado en la causa de origen, del cual, como el propio quejoso lo refiere en su escrito aclaratorio, a la fecha de presentación de su demanda no ha sido resuelto. En esa tesitura, dado que si bien es cierto que en el artículo constitucional citado se previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que las omisiones de que se duele no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, ya que se origina dentro de un procedimiento seguido ante el Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en esta ciudad, en el que la parte quejosa es parte ofendida, y el hecho de que se haya omitido dar vista con las documentales que refiere no significa en primer lugar, que en sus momento la autoridad no haya ordenado su notificación al quejoso como el propio impetrante lo refiere, en su calidad de ofendido en el juicio de origen, o que éstas efectivamente una vez que sean valoradas, sean determinantes para conceder el beneficio que solicita el enjuiciado, aunado a que una vez que se dicte la resolución respecto del trámite de beneficio preliberacional de libertad condicionada planteado por el enjuiciado, está en condiciones de impugnarlo de considerarlo procedente y contrario a sus derechos sustantivos. Lo que además, se robustece con el dicho del propio quejoso en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, en la medida que refiere que en fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable emitió un acuerdo en el que ordenó darle vista como parte ofendida con las pruebas ofrecidas por el sentenciado, así como diversas circunstancias inherentes al beneficio que tramitó, de lo que se colige que ésta se deberá llevar a cabo dentro de dicho procedimiento y el plazo que refiere se le concedió, comenzará a correr una vez que se haya verificado su notificación. En esa tesitura, es inconcuso que la presente instancia constitucional resulta improcedente, al no revestir los actos reclamados la naturaleza de irreparables, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues su afectación es adjetiva y no directa a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, como son la libertad, integridad física, posesiones o derechos para que sea procedente el juicio biinstancial. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en seis de mayo de dos mil dieciséis, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." De igual manera cobra aplicación el criterio contenido en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, del Décimo Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2982, Novena Época, Materias(s): Común y Registro digital: 163652, de rubro y testo siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por...regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 291/2021-I-B. PREVENCIÓN. Ahora, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 108, fracción IV y 110 del propio ordenamiento, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con tres copias de su escrito aclaratorio: De cumplimiento a las formalidades que debe contener la demanda de amparo, y en vía de antecedentes del acto reclamado, precise si el trámite del beneficio preliberacional de libertad condicionada que refiere, se solicitó vía incidental; De ser el caso, indique si es de su conocimiento, en qué estado procesal se encuentra el incidente o procedimiento de origen; o bien si éste ya se resolvió o no; Finalmente, deberá informar si ya compareció al procedimiento de donde deriva el acto reclamado y en su caso, si lo impugnó. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Requerimiento que se formula por ser necesario para la debida prosecución del presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de la Materia como su autorizado en términos amplios a Luis Ángel Contreras Malibrán y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, por así haberlo solicitado. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Como lo solicita el quejoso, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa al usuario "LuisContrerasMalibrán", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que el directamente quejoso se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que puedan consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Sin que haya lugar a tener a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, toda vez que se autorizó al usuario "LuisContrerasMalibrán", para recibirlas de forma electrónica, de conformidad con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
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