Baldomero Cuaya Zenteno
Expediente 2504/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2504/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/12/2017
Partes del expediente
- Baldomero Cuaya Zenteno
Actuaciones
- Principal
1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Baldomero Cuaya Zenteno, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, al advertirse que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artícculo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la citada Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, consistente en: ".El auto que constituye el acto reclamado lo es del de fecha VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, NOTIFICADO POR LISTA EL DÍA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EN LAS LISTAS DEL JUZGADO CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DE LOS DE ESTA CAPITAL, dentro del expediente 1029/2017, relativo a unas diligencias de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA en la vía no contenciosa." Esto es, señala como acto reclamado el proveído dictado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, por el Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente de jurisdicción voluntaria 1029/2017, en el que el juez responsable acordó que se daba por enterado de que la posesión del predio referido en ese expediente, había sido entregada materialmente por el demandante -hoy quejoso- a Juan Carlos Muñoz Rodríguez, quien fue el promovente de las diligencias de origen. Ahora, resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda por la parte promovente, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, y por tanto, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que aquellas diligencias de jurisdicción voluntaria se promovieron para efecto de hacer saber al hoy pretendido quejoso, que su vendedor respecto del predio ubicado en Calle Girasoles, Esquina Privada Orquídea, Barrio de Santa Clara La Venta, en la junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, Puebla había decidido rescindir el contrato. Así, el veintitrés de noviembre del año en curso, se le notificó de tal situación y además, según su dicho, se le requirió de entregar materialmente ese inmueble, lo que provocó que, dentro del término de ley, diera contestación, oponiendóse a dichas diligencias de jurisdicción voluntaria. Se advierte también que, refiere el promovente del amparo, que el veinticuatro de noviembre de esta anualidad, Juan Carlos Muñoz Rodríguez promovió ante el juez de origen informándole, que el hoy inconforme le había entregado la posesión del predio de que se trata, por lo que tal autoridad judicial, el veintinueve de noviembre de este año, acordó en el sentido de que se daba por enterado de tal entrega, siendo esto acto, el reclamado a través del juicio de amparo. De lo anterior se desprende, en primer lugar, según lo expuesto por el promovente, que existe oposición de su parte a las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen, pero no que el juez responsable se hubiere pronunciado sobre la conclusión de ese procedimiento no contencioso. Precisado lo anterior, este juzgador considera que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] De la anterior transcripción, se deduce que la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza al relacionarse con alguna otra disposición de la propia Ley de Amparo. Ahora, si bien es cierto que la fracción IV del artículo 107 Constitucional, establece que procede el amparo indirecto contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la procedencia del amparo indirecto contra actos fuera de juicio, como es la jurisdicción voluntaria, de acuerdo a una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V del dispositivo referido, concluyendo que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como en los procedimientos no contenciosos, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto. Es decir son dos los supuestos para que un acto emitido en un procedimiento fuera de juicio, sea impugnable a través del amparo indirecto, a saber: Que se trate de la última resolución. b) Que se trate de un acto intermedio que sea de imposible reparación. Ahora bien, en el presente asunto en el que se reclama el proveído dictado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, por el Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente de jurisdicción voluntaria 1029/2017, en el que el juez responsable acordó que se daba por enterado de la posesión que Baldomero Cuaya Zenteno -aquí quejoso- entregó a Juan Carlos Muñoz Rodríguez, por así haberlo manifestado este último en dicho sumario, respecto del bien ubicado en Calle Girasoles, Esquina Privada Orquídea, Barrio de Santa Clara La Venta, en la junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, Puebla, no es un acto de los que se considera vulneran los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por ser meramente declarativo de una circunstancia comunicada por una de las partes. Lo anterior, es suficiente para establecer que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, ya que el hecho de que el Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla acordara que se dio por enterado de la entrega de la posesión que Baldomero Cuaya Zenteno -aquí quejoso- entregó a Juan Carlos Muñoz Rodríguez, por así haberlo manifestado este último en dicho sumario, respecto del bien ubicado en Calle Girasoles, Esquina Privada Orquídea, Barrio de Santa Clara La Venta, en la junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, Puebla, no implica que tal acto constituya la última resolución dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues con tal determinación no se pone fin a ese procedimiento ni se trata de la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, lo cual daría pie para concluirlo. Lo anterior, sin que pasen inadvertidas las consideraciones del promovente del amparo en el sentido de que el acuerdo reclamado es de imposible reparación, ya que en el caso el hecho de que el Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, acordara que se daba por enterado de la posesión que supuestamente entregó Juan Carlos Muñoz Rodríguez, respecto del bien ubicado en Calle Girasoles, Esquina Privada Orquídea, Barrio de Santa Clara La Venta, en la junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, Puebla, constituye una mera declaración del conocimiento que realizó el juez de origen, en tanto que, sus consecuencias (al ser un acto declarativo) no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. En este sentido, al actualizarse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la citada Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en el numeral 113 de la ley citada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Baldomero Cuaya Zenteno, contra actos del Juez Cuarto Especializado en Materia Civil de la Ciudad de Puebla y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2504/2017-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2PREVENCIÓN A efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción IV, 110 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: I. Precise el acto o actos que reclama en la presente instancia constitucional a la autoridad responsable, esto es indique si reclama el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete o el diverso de veintitrés del indicado mes y año, dictados en el expediente 1029/2017 del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil de la ciudad de Puebla. Lo anterior obedece a que en una porción de la demanda de amparo señala como acto reclamado el proveído de veintinueve de noviembre del año actual, dictado en el expediente 1029/2017, del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil de la ciudad de Puebla, sin embargo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado aduce que en el acuerdo de veintitrés del año actual, emitido en el juicio de origen se le requirió el bien inmueble identificado como Calle Girasoles, Esquina Privada Orquídea del Barrio de Santa Clara La Venta en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan. Ello, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud, de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV, (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la nueva Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Luego, ante la oscuridad de la demanda en cuanto al señalamiento del acto reclamado, lo que procede es realizar la presente prevención a fin de que la promovente aclare cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional. En la inteligencia de que el escrito aclaratorio que presente la ocursante, deberá ser en original con nueve copias del mismo para correr traslado de la siguiente manera: seis para las autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, dos para emplazar a la parte tercero interesada y dos más para tramitar el incidente de suspensión que solicita; lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte inconforme que de no dar íntegro cumplimiento a la presente prevención en los términos indicados, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la nueva Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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