Baldomero Calel Esteban

Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
742/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Baldomero Calel Esteban

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En once de abril de dos mil veintidós la Secretaria certifica: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió del veinticinco de marzo al siete de abril del dos mil veintidós, toda vez que fue notificado el veintitrés de marzo del año anteriormente citado, descontando los días inhábiles. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y documentación. 4. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 5. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    En veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 3541. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe oficio. Incorpórese a los autos el oficio signado por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación por sí y en cuanto representación jurídica del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en su atención, con fundamento en el artículo 9°, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, designando delegados a las personas que menciona, domicilio para oír y recibir notificaciones y proporcionando correo electrónico que indica en el oficio de cuenta. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones realizadas por la autoridad referente a la imposibilidad de remitir la documental solicitada mediante oficios 3013/2022 y 3014/2022, no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que dicha documental ya fue recabada, además de que el presente asunto fue resuelto en sentencia de dieciocho de marzo pasado. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este Órgano de Control Constitucional, de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia establecida en la fracción X, del artículo 61 del ordenamiento invocado, este último dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del precepto transcrito se obtiene, en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente cuando se intenta contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así, se establece en forma concreta la improcedencia de la acción constitucional contra aquellos actos que sean materia de un amparo que se encuentre pendiente de resolución, esto es, cuya demanda se encuentre en trámite y se conjugue la identidad de quejoso, autoridades responsables y actos reclamados, con independencia de que puedan aducirse violaciones a la Constitución disimiles a las ya planteadas. Ello, con motivo de la excepcionalidad de la que goza el juicio de amparo, como un medio de protección de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano y por ende, resulta de interés social que no se le dé un uso con fines desleales, pues de estimarse lo contrario, conllevaría a una cadena interminable de procedimientos constitucionales, respecto de conductas autoritarias que ya se encuentran siendo analizadas en un juicio diverso y respecto del cual no se ha emitido una decisión con carácter de ejecutoria. El sustento de la inviabilidad de la acción constitucional en comento, estriba en que resultaría ocioso la tramitación de múltiples juicios de amparo, cuyo punto jurídico sea idéntico o similar al que se planteó en primer lugar; además que, dicha cuestión pretende proteger la seguridad jurídica de las partes involucradas, pues tiene como finalidad evitar que se emitan sentencias contradictorias y con ello el pronunciamiento en más de una ocasión por parte del tribunal que conozca del asunto, respecto del tópico previamente debatido y el cual se encuentre pendiente de resolver. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno del Alto Tribunal, registro 2006145, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 265, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Para dar mayor claridad a la presente determinación, se hace relación de los principales antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias ofertadas por el quejoso y que fueron recabadas por este Órgano de Control Constitucional. a. El once de noviembre de dos mil veinte, la Juez Quinto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en ciudad de México, en el expediente SD 3/2020, derivado del SUPE 2102/2017, dictó resolución en la controversia promovida por el sentenciado, aquí quejoso y determinó declarar procedente y fundado el beneficio de la libertad condicionada sin monitoreo electrónico en favor de Baldomero Caalel Esteban respecto a la pena impuesta en la causa penal 333/2011, del índice del Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande y concedió el beneficio liberatorio, previo cumplimiento de cada una de las obligaciones expuestas en la misma. b. Resolución que fue recurrida por el Agente del Ministerio de la Federación, correspondiendo conocer de dicho medio de convicción a la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien en resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, emitida en el toca penal 111/2021 LNPE, confirmó la determinación impugnada. c. Mediante oficio número INM/OSCJ/DAJ/3752/2020 (acto reclamado) de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Subcomisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de México, informó al Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penal en la ciudad de México, que no era posible regularizar la situación migratoria del aquí quejoso para que permanezca de forma regular en el país, al tratarse de una persona migratoria y actualizarse el supuesto previsto en el artículo 144, fracción IV de la Ley de Migración.(acto aquí reclamado). d. En auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penal en la ciudad de México, determinó que la solicitud de la defensa pública federal de modificar las condiciones para materializar el beneficio de libertad condicionada otorgado al sentenciado Baldomero Calel Esteban, virtud a que existía impedimento legal para tramitar la estancia o permiso del sentenciado en el país, por parte del Instituto Nacional de Migración, al no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Migración, resultaba improcedente, ya que si bien, del oficio con terminación 3752/2020, sub comisionado jurídico del Instituto de Migración y del Dictamen Técnico Jurídico, se advertía la imposibilidad legal para obtener permiso por parte, de la autoridad de migración para su estancia en el territorio mexicano, durante el tiempo que le reste por compurgar la pena impuesta. e. La anterior determinación le fue notificada personalmente al quejoso el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. f. Inconforma con dicho proveído, promovió juicio de amparo, mismo que le correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, registrándolo con el número 1004/2021 de su índice; en el que previo trámite respectivo, el once de enero de dos mil veintidós celebro la audiencia constitucional, estando pendiente el dictado de la sentencia constitucional. De la exégesis anterior, se pone de manifiesto que el juicio de amparo que nos ocupa resulta improcedente, pues de la lectura integral de la demanda se advierte que aquí se reclama de las autoridades responsables Titular y Subcomisionado del Instituto de Migración Nacional, el oficio número INM/OSCJ/DAJ/3752/2020, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte; en el que se informó al Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penal en la ciudad de México, que no era posible regularizar la situación migratoria del aquí quejoso para que permanezca de forma regular en el país, al tratarse de una persona migratoria y actualizarse el supuesto previsto en el artículo 144, fracción IV de la Ley de Migración . Luego, de la consulta que se realizó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, de las constancias remitidas, se advierte la existencia del juicio de amparo 1004/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, en el que el aquí quejoso a través de su defensor público, reclamó a la Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penal en la ciudad de México, la determinación de diez de noviembre de dos mil veintiuno. Juicio constitucional en el que, el once de enero de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional, estando pendiente de dictarse sentencia, según se desprende de la consulta al expediente electrónico relativo a dicho juicio, el cual Órgano de Control Constitucional citado, habilitó su vinculación con el presente juicio de amparo, lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2017123, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Sin que sea el caso ordenar que se certifiquen las constancias relativas al juicio de amparo que se invoca, pues basta con tenerlas a la vista cuando se dicta esta resolución; y, con las constancias que obran en el sumario. Ilustra, la tesis 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del tomo XXV Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el epígrafe y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así, en el juicio de amparo que nos ocupa, registrado con el número 742/2021, promovido por Baldomero Calel Esteban, el quejoso reclama del Titular y Subcomisionado del Instituto de Migración Nacional, esencialmente la negativa a regular su situación migratoria a fin de poder gozar del beneficio de la libertad condicionada sin monitoreo electrónico, otorgada por el Juez Quinto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en ciudad de México, en el expediente SD 3/2020, derivado del SUPE 2102/2017. Acto que se encuentra íntimamente relacionado con el señalado en el diverso juicio de amparo 1004/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, ya que en éste último, como se dijo se reclamó la determinación de diez de noviembre de dos mil veintiuno; en la que el Juez Quinto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en ciudad de México, determinó que la solicitud de la defensa pública federal de modificar las condiciones para materializar el beneficio de libertad condicionada otorgado al sentenciado Baldomero Calel Esteban; apoyándose para tal efecto en la circunstancia que existía impedimento legal para tramitar la estancia o permiso del sentenciado en el país, por parte del Instituto Nacional de Migración, al no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Migración, ya que del oficio con terminación 3752/2020, sub comisionado jurídico del Instituto de Migración y del Dictamen Técnico Jurídico, se advertía la imposibilidad legal para obtener permiso por parte, de la autoridad de migración para su estancia en el territorio mexicano, durante el tiempo que le reste por compurgar la pena impuesta. Por ello, al tener íntima relación ambos actos reclamados en los juicios de amparo analizados, se estima que se actualiza la figura de litispendencia, ya que el quejoso, está siendo escuchado en el diverso juicio constitucional, sobre su inconformidad de la negativa a regularizar su situación migratoria a fin de poder gozar el beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electrónico, lo que imposibilita a este Órgano de Control Constitucional, hacer pronunciamiento alguno, pues de hacerlo se estaría realizado un doble análisis sobre el mismo problema jurídico, ya que el Juez Segundo de Distrito en mención, al analizar el acto reclamado, examinara tal negativa, ya que en la demanda de amparo, específicamente en sus conceptos de violación, alegan de inconstitucional la exigencia del requisito de que el Instituto Nacional de Migración, sea quien emita pronunciamiento sobre la estancia del sentenciado en el país. No se inadvierte, que en el particular la autoridad responsable, es diferente; empero, como se asentó la esencia de los actos reclamados están íntimamente vinculados y de realizar un pronunciamiento al respecto, existe la posibilidad de realizar algún pronunciamiento contradictorio al que emita el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, sobre el tópico relacionado con la regulación migratoria del quejoso; pues de considerar que ese requisito está superado, dejaría sin efecto alguno el oficio materia del presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la tesis con número de registro 239125, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." Asimismo, la tesis clave XIX.2o.12 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página trescientos doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes. "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, conforme a lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de la legislación invocada. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. NOTIFICACIÓN. Tomando en consideración que Baldomero Calel Esteban, se encuentran recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS- Michoacán, ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario respectivo, para que por el método de comunicación denominado videoconferencia, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes; en el entendido, que de no ser posible llevar a cabo dicha notificación, por el método referido, el citado funcionario, queda comisionado desde este momento, para que en la hora y fecha correspondiente y que se habilite para tal efecto, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente al quejoso la presente resolución. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 742/2021, promovido por Baldomero Calel Esteban, contra actos del Titular y Subcomisionado del Instituto de Migración Nacional, residente en la ciudad de México, por los actos y las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Notifíquese al quejoso, en términos del considerando quinto de la presente sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    En quince de marzo de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito y anexo recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo el folio 3152. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe escrito. Téngase por recibido el ocurso suscrito por el quejoso Baldomero Calel Esteban, en su atención se le tiene ofreciendo como prueba de su parte el exhorto 2982/2021-ll, del índice del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, documental pública que se tiene por admitida y desahogada en razón de su especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 2. Devolución del exhorto. Finalmente, como lo solicita el quejoso, devuélvasele el documento que anexó con su escrito de cuenta, previa copia cotejada que del mismo se deje en autos. 3. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, toda vez que el quejoso guarda reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se comisiona al actuario de la adscripción, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y le haga la devolución del documento anexo, previa constancia que al efecto se deje en autos. Lo anterior, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de la persona justiciable. De ser el caso, instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 156, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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