Baldemar Salinas Prado
Expediente 17/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Baldemar Salinas Prado
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación secretarial asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez cumplidos tres años de haberse dictado este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se destaca que en este asunto no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las once horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 17/2022-6, promovido por Baldemar Salinas Prado.Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su notificación, según constancias que obran en autos. A continuación, la Secretaria da lectura al escrito de demanda (fojas 3 y 4), así como a las demás constancias de autos, y da nueva cuenta con el informe justificado rendido por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto del Presidente, residente en esta ciudad (foja 14). A lo que el Juez provee: téngase por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración dicho informe al momento de resolver este asunto. Acto seguido, se declara abierta la etapa probatoria, y la Secretaria da cuenta con la documental que remitió la autoridad responsable al rendir informe justificado (fojas 15 a 17). A lo que el Juez acuerda: se tiene por admitida y desahogada tal prueba, en atención a su propia y especial naturaleza, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, que se tomará en cuenta en su oportunidad, sin que existan más probanzas por relacionar, se declara cerrada esta etapa. Acto continuo, se abre la fase de alegatos, y se da cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en la intervención ministerial 68/2022, recepcionada el cuatro de febrero último, registrada con el folio 1354 (fojas 21 y 22). A lo que el Juez provee: glósese a los autos y téngase por formulados los alegatos de referencia, y al no existir más que reproducir concluye esta fase. Sin que exista promoción por acordar, el Juez dicta la siguiente: S E N T E N C I A V I S T O los autos que integran el juicio de amparo 17/2022-6; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Reynosa, turnado a este órgano de control constitucional, Baldemar Salinas Prado, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra omisión de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1, 3 y 4). SEGUNDO. Por auto de seis de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda con el número 17/2022-6; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la Representante Social de la Federación adscrita; y fue señalada fecha para la audiencia constitucional (fojas 5 a 8), que se desarrolló en los términos que se anotan; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado carece ejecución material y la demanda fue presentada en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en este asunto el acto reclamado es la omisión de resolver incidente de liquidación en el expediente laboral 675/5/2018. TERCERO. La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto del Presidente, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 14), y anexó copia certificada de la resolución interlocutoria de liquidación de uno de febrero de dos mil veintidós, emitida en el citado expediente laboral (fojas 15 a 17). La aludida documental pública, al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2o., párrafo segundo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro digital 394182, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." No se analizará la omisión que la peticionaria califica de inconstitucional, toda vez que se actualiza causa de improcedencia, cuestión que es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juicio de derechos fundamentales es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues se constituyó una situación idéntica a la que habría existido si se hubiere concedido a la impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, dado que al dictarse resolución interlocutoria de liquidación de uno de febrero de dos mil veintidós, en el expediente laboral 675/5/2018, es claro que la autoridad dejó de afectar su esfera jurídica, y con ello no deja huella que amerite ser borrada por la protección constitucional y sea restituida en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable, la jurisprudencia P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 197367, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, debe sobreseerse el presente juicio. Por último, cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada que no se contrapone a lo previsto en la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 17/2022-6, promovido por Baldemar Salinas Prado, respecto del acto reclamado, autoridad responsable y motivo anotados en los considerandos segundo y tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
...téngase a la autoridad responsable rindiendo informe justificado y anexo que acompaña, que se relacionarán en la audiencia constitucional de este juicio para ser tomados en consideración en su oportunidad; con dichas constancias dése vista a las partes para que expongan lo que a su interés convenga...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Baldemar Salinas Prado, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 17/2022-6, que por razón de turno le corresponde, y fórmese expediente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Baldemar Salinas Prado, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciba la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se faculta a la autoridad responsable rendir el informe de ley vía fax al número telefónico (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que se tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta que obren en autos las constancias del juicio de origen. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico, número de teléfono celular, así como autorizado en los términos que señala, a los citados en la demanda de amparo. Por lo que hace a la petición del promovente para accesar al expediente electrónico por conducto de su autorizado legal con el usuario ********************, se giran instrucciones a la Analista Jurídico SISE para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que la parte quejosa tenga acceso total al expediente electrónico derivado de este asunto. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 37/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2002576, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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