Baldemar Rivera Soria

Expediente 766/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
766/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Baldemar Rivera Soria

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta y atento al estado de autos, del que se desprende que trascurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a las parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó al escrito aclaratorio, apercibida que de no hacerlo se les dará el mismo trámite que al incidente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se obtiene que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, no ha actualizado la información relativa al cumplimiento dado a la ejecutoria; por tanto, requiérasele para que en el plazo de tres días, contado a partir de que reciban el oficio correspondiente, remita a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite el cumplimiento a la ejecutoria de amparo o, en su caso, las gestiones que en su caso haya realizado con dicho fin. Apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de acuerdo con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, de cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado el diez de enero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. De igual manera, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencia del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendieron las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el escrito presentado por el quejoso Baldemar Rivera Soria, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el trece de los actuales, da contestación a las prevenciones formuladas de la forma siguiente: 1. El acto que reclama es la negativa a reanudar el pago de pensión, por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año. 2. Tuvo conocimiento de dicha misiva el veintitrés de octubre del presente año. 3. También reclama como consecuencia de dicho acto la negativa a proporcionarle atención médica, la cual fue verbal y la obtuvo en marzo de dos mil diecinueve, por parte de la secretaria del consultorio de la Unidad Médica Familiar 010 de la Subdelegación, perteneciente a la delegación del Estado de Michoacán. Por tanto, se tienen por cumplidas las prevenciones que se le formularon por lo que se provee lo siguiente: Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Antecedentes del acto reclamado. Ahora, para mejor comprensión de lo que se combate en esta instancia constitucional, conviene hacer una relación de antecedentes, misma que se aprecia de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. En atención a esto, se puede resumir de la manera siguiente: 1. El quejoso Baldemar Rivera Soria es una persona de la tercera edad, quien al haber laborado por varios años y, con ello, estar cotizando ante Instituto Mexicano del Seguro Social, se hizo acreedor a una pensión por vejez. 2. El pago de dicha pensión le fue suspendido a partir del mes de marzo de dos mil diecinueve. 3. En virtud de dicha suspensión de pago también en el mes y año mencionados le fue negada de manera verbal la atención médica cuando acudió al consultorio de la Unidad Médica Familiar 010 de la Subdelegación, perteneciente a la delegación del Estado de Michoacán. 4. Por escrito presentado el dieciséis de julio del presente año, el quejoso solicitó al Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social la reanudación del pago de pensión por vejez de la que venía gozando. 5. Por oficio HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año, el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio contestación a la referida petición, en la cual se le informa al promovente del amparo lo siguiente: "En conclusión se trata de una Inscripción Improcedente por no comprobar la relación Obrero-Patronal por tal motivo NO es procedente plantear el derecho a la pensión de vejez, ya que al cancelar el periodo laboral no cumple con lo establecido en el artículo 138 y 183 fracc. III de la Ley del Seguro Social 1973". Negativa esta última que constituye el acto reclamado principal. Fijación del acto reclamado. Con esta narración de antecedentes, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta oportuno fijar el acto reclamado en esta instancia constitucional, el cual es el siguiente: Acto reclamado. * La negativa a reanudar el pago de pensión, por parte del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año y, como consecuencia de ello, la negativa a proporcionarle atención médica. Causa de improcedencia manifiesta e indudable. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Establecido lo anterior, en principio, es importante precisar algunos aspectos en cuanto a las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Pues bien, la Ley de Amparo, en sus artículos 1o, fracción I, y 5o fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, dichos numerales disponen que tiene el carácter autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto setraducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como la tesis 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes:  La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.  Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana.  Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular.  Que, para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en condiciones de igualdad. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general.". Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. En ese tenor, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente establece que por autoridad responsable debe entenderse "...la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..."; por tanto, para que los actos de un particular sean considerados como de autoridad para efectos del juicio constitucional, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en su caso, el particular deberá omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, para que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, su actuar deberá desempeñarse en ejercicio de funciones públicas, es decir, no podrá considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los particulares que actúen en forma convencional y en sí como entes privados o particulares. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En ese orden, como se dijo con anterioridad del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, la cual se trata como un todo, se obtiene que el acto reclamado principal en el presente asunto, en esencia, se hace consistir en: * La negativa a reanudar el pago de pensión, por parte del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año y como consecuencia la negativa a proporcionarle atención médica. Determinado lo anterior, resulta pertinente destacar que el acto reclamado principal se atribuye al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual constituye un ente público del Estado, con independencia de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social. En efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Entonces, si bien los organismos públicos descentralizados, en su actuación pueden emitir actos unilaterales, a través de los cuales crean modifiquen o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, lo cierto es que ello no se da cuando uno de estos entes actúa desprovisto del imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación. Al respecto, conviene precisar que el acto reclamado no puede ser considerado como acto de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado emerge en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre el ente asegurador y sus beneficiarios, pues surge en una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con el quejoso. Efectivamente, el acto reclamado surge dentro del ámbito del derecho privado que rige las relaciones entre particulares, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado, por lo cual no puede ser considerado como acto u omisión de autoridad para efectos del juicio constitucional. Cabe señalar que la competencia para resolver conflictos individuales de seguridad social entre el ente asegurador y sus beneficiarios corresponde a órganos jurisdiccionales en materia de trabajo y seguridad social, conforme al artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, pues el quejoso estima vulnerado su derecho al considerar que debía seguírsele pagando una pensión por vejez, esto es, una prestación derivada de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por tanto, si, en el caso, el quejoso insta la acción constitucional con el objetivo reclamar una negativa a que se reanude la pensión por viudez que se le había otorgado, la cual deriva de una prestación social derivada de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, dicho acto no puede ser considerado como uno de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de un conflicto entre asegurador y beneficiario, esto es, en una relación de coordinación, donde ambos [asegurador y beneficiario] actúan en igualdad de circunstancias, por lo cual, deben dirimir la controversia en la vía ordinaria laboral correspondiente. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, apoya lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que la Sala en cita pronunció en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró su rubro, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", publicada el diecisiete de junio del año en curso en el Semanario Judicial de la Federación. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, sea inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/, al oficio materia de reclamo HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año, en el que se determinó negar la reanudación de la pensión por vejez de la que venía gozando el quejoso, como una prestación derivada de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus consecuencias. De esta manera, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Baldemar Rivera Soria, por lo que ve al acto consistente en la negativa a reanudar el pago de pensión, por parte del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año y, como consecuencia de ello, la negativa a proporcionarle atención médica. Sin que sea obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que la consecuencia del acto reclamado sea la falta de atención médica que se ha asentado en párrafos anteriores, ello ya que ni en la demanda de amparo, ni en el escrito aclaratorio el promovente asentó que padezca alguna enfermedad ni que esté sujeto a algún tratamiento médico, al cual no haya podido tener acceso. Por lo que no se advierte la necesidad urgente de dicha atención médica. Se afirma ello, pues incluso uno de los motivos de prevención fue para que el promovente aclarara qué autoridad le negó la atención médica, cuándo lo hizo y si fue con motivo del acto reclamado principal, a lo cual el quejoso contestó en el ocurso que se acuerda hoy que la negativa de atención médica es consecuencia de la negativa de reanudación de pago de pensión, sin que manifestara que esté padeciendo de alguna enfermedad o que requiera de tratamientos específicos para salvaguardar su salud. Por otra parte, téngase al quejoso exhibiendo en copia simple y certificada los documentos con los cuales acredita que Carlos Jacobo Escutia Juan Cortés Munguía y Guillermo Isaac Gómez Barrera, cuentan con la carrera de licenciados en derecho. Por tanto, téngaseles como autorizados del quejoso en términos amplios del artículo de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Visto el escrito presentado por el quejoso Baldemar Rivera Soria, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el trece de los actuales, da contestación a las prevenciones formuladas de la forma siguiente: 1. El acto que reclama es la negativa a reanudar el pago de pensión, por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año. 2. Tuvo conocimiento de dicha misiva el veintitrés de octubre del presente año. 3. También reclama como consecuencia de dicho acto la negativa a proporcionarle atención médica, la cual fue verbal y la obtuvo en marzo de dos mil diecinueve, por parte de la secretaria del consultorio de la Unidad Médica Familiar 010 de la Subdelegación, perteneciente a la delegación del Estado de Michoacán. Por tanto, se tienen por cumplidas las prevenciones que se le formularon por lo que se provee lo siguiente: Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Antecedentes del acto reclamado. Ahora, para mejor comprensión de lo que se combate en esta instancia constitucional, conviene hacer una relación de antecedentes, misma que se aprecia de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. En atención a esto, se puede resumir de la manera siguiente: 1. El quejoso Baldemar Rivera Soria es una persona de la tercera edad, quien al haber laborado por varios años y, con ello, estar cotizando ante Instituto Mexicano del Seguro Social, se hizo acreedor a una pensión por vejez. 2. El pago de dicha pensión le fue suspendido a partir del mes de marzo de dos mil diecinueve. 3. En virtud de dicha suspensión de pago también en el mes y año mencionados le fue negada de manera verbal la atención médica cuando acudió al consultorio de la Unidad Médica Familiar 010 de la Subdelegación, perteneciente a la delegación del Estado de Michoacán. 4. Por escrito presentado el dieciséis de julio del presente año, el quejoso solicitó al Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social la reanudación del pago de pensión por vejez de la que venía gozando. 5. Por oficio HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año, el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio contestación a la referida petición, en la cual se le informa al promovente del amparo lo siguiente: "En conclusión se trata de una Inscripción Improcedente por no comprobar la relación Obrero-Patronal por tal motivo NO es procedente plantear el derecho a la pensión de vejez, ya que al cancelar el periodo laboral no cumple con lo establecido en el artículo 138 y 183 fracc. III de la Ley del Seguro Social 1973". Negativa esta última que constituye el acto reclamado principal. Fijación del acto reclamado. Con esta narración de antecedentes, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta oportuno fijar el acto reclamado en esta instancia constitucional, el cual es el siguiente: Acto reclamado. * La negativa a reanudar el pago de pensión, por parte del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año y, como consecuencia de ello, la negativa a proporcionarle atención médica. Causa de improcedencia manifiesta e indudable. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Establecido lo anterior, en principio, es importante precisar algunos aspectos en cuanto a las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Pues bien, la Ley de Amparo, en sus artículos 1o, fracción I, y 5o fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, dichos numerales disponen que tiene el carácter autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A su vez, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto setraducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como la tesis 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes:  La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.  Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana.  Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular.  Que, para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en condiciones de igualdad. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general.". Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. En ese tenor, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente establece que por autoridad responsable debe entenderse "...la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..."; por tanto, para que los actos de un particular sean considerados como de autoridad para efectos del juicio constitucional, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en su caso, el particular deberá omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, para que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, su actuar deberá desempeñarse en ejercicio de funciones públicas, es decir, no podrá considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los particulares que actúen en forma convencional y en sí como entes privados o particulares. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En ese orden, como se dijo con anterioridad del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, la cual se trata como un todo, se obtiene que el acto reclamado principal en el presente asunto, en esencia, se hace consistir en: * La negativa a reanudar el pago de pensión, por parte del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año y como consecuencia la negativa a proporcionarle atención médica. Determinado lo anterior, resulta pertinente destacar que el acto reclamado principal se atribuye al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual constituye un ente público del Estado, con independencia de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social. En efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Entonces, si bien los organismos públicos descentralizados, en su actuación pueden emitir actos unilaterales, a través de los cuales crean modifiquen o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, lo cierto es que ello no se da cuando uno de estos entes actúa desprovisto del imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación. Al respecto, conviene precisar que el acto reclamado no puede ser considerado como acto de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado emerge en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre el ente asegurador y sus beneficiarios, pues surge en una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con el quejoso. Efectivamente, el acto reclamado surge dentro del ámbito del derecho privado que rige las relaciones entre particulares, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado, por lo cual no puede ser considerado como acto u omisión de autoridad para efectos del juicio constitucional. Cabe señalar que la competencia para resolver conflictos individuales de seguridad social entre el ente asegurador y sus beneficiarios corresponde a órganos jurisdiccionales en materia de trabajo y seguridad social, conforme al artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, pues el quejoso estima vulnerado su derecho al considerar que debía seguírsele pagando una pensión por vejez, esto es, una prestación derivada de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por tanto, si, en el caso, el quejoso insta la acción constitucional con el objetivo reclamar una negativa a que se reanude la pensión por viudez que se le había otorgado, la cual deriva de una prestación social derivada de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, dicho acto no puede ser considerado como uno de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de un conflicto entre asegurador y beneficiario, esto es, en una relación de coordinación, donde ambos [asegurador y beneficiario] actúan en igualdad de circunstancias, por lo cual, deben dirimir la controversia en la vía ordinaria laboral correspondiente. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, apoya lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que la Sala en cita pronunció en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró su rubro, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", publicada el diecisiete de junio del año en curso en el Semanario Judicial de la Federación. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, sea inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/, al oficio materia de reclamo HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año, en el que se determinó negar la reanudación de la pensión por vejez de la que venía gozando el quejoso, como una prestación derivada de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus consecuencias. De esta manera, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Baldemar Rivera Soria, por lo que ve al acto consistente en la negativa a reanudar el pago de pensión, por parte del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio HCCD-179001400110/308/2020 4664 de uno de octubre del presente año y, como consecuencia de ello, la negativa a proporcionarle atención médica. Sin que sea obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que la consecuencia del acto reclamado sea la falta de atención médica que se ha asentado en párrafos anteriores, ello ya que ni en la demanda de amparo, ni en el escrito aclaratorio el promovente asentó que padezca alguna enfermedad ni que esté sujeto a algún tratamiento médico, al cual no haya podido tener acceso. Por lo que no se advierte la necesidad urgente de dicha atención médica. Se afirma ello, pues incluso uno de los motivos de prevención fue para que el promovente aclarara qué autoridad le negó la atención médica, cuándo lo hizo y si fue con motivo del acto reclamado principal, a lo cual el quejoso contestó en el ocurso que se acuerda hoy que la negativa de atención médica es consecuencia de la negativa de reanudación de pago de pensión, sin que manifestara que esté padeciendo de alguna enfermedad o que requiera de tratamientos específicos para salvaguardar su salud. Por otra parte, téngase al quejoso exhibiendo en copia simple y certificada los documentos con los cuales acredita que Carlos Jacobo Escutia Juan Cortés Munguía y Guillermo Isaac Gómez Barrera, cuentan con la carrera de licenciados en derecho. Por tanto, téngaseles como autorizados del quejoso en términos amplios del artículo de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano