Baldemar Díaz Gónzalez
Expediente 573/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Baldemar Díaz Gónzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de trece de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Baldemar Díaz González, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. El trece de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito. Mediante oficio recibido el tres de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del acuerdo de quince de junio pasado, dictado en el expediente laboral 398/2017 de su índice; y de la constancia de notificación a la parte demandada, de la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, relacionados con el cumplimiento al fallo protector. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: Dictara de inmediato el acuerdo que en derecho corresponda, respecto del escrito presentado por Baldemar Díaz González, el diez de febrero de dos mil veinte, en el juicio laboral 398/2017 de su índice. Proveyera lo conducente a efecto de lograr notificar a la parte demandada la resolución incidental de diecisiete de enero de dos mil veinte. Con las constancias remitidas, la responsable demostró que, en proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, dictado en la controversia laboral precitada, acordó el escrito de diez de febrero de dos mil veinte. Asimismo, el uno de septiembre de dos mil veintiuno, notificó a la parte demanda la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Baldemar Díaz González; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, de la certificación de cuenta, se advierte que mediante auto de seis del presente mes y año, se reservó acordar el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remitió copia certificada del acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, en el que dio contestación al escrito de diez de febrero de dos mil veinte, en el expediente laboral 398/2017 de su índice; y de la constancia de notificación a la parte demandada, de la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte; hasta que causara ejecutoria la sentencia emitida dentro del presente asunto; en consecuencia, dése vista y córrase traslado a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, se resolverá lo que corresponda. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Visto; de la certificación de cuenta se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, fue dictada la sentencia en el presente juicio de amparo, la cual fue notificada a las partes el veintiséis de agosto siguiente, por lo que se encuentra transcurriendo el termino de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan interponer el recurso de revisión correspondiente. Ahora, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite diversas constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Por lo anterior, se reserva proveer lo conducente respecto del oficio y anexos de cuenta, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 573/2021-10, promovido por Baldemar Díaz González, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de junio de dos mil veintiuno, recepcionado el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito y turnado a este órgano jurisdiccional el cuatro siguiente, Baldemar Díaz González solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de acordar el escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, en el juicio laboral 398/2017. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 3 Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de siete de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 573/2021-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO. ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Mediante escrito recibido el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el quejoso promovió ampliación de demanda respecto del siguiente acto: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de notificar la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, a la parte demandada. CUARTO. ADMISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la ampliación de mérito y se requirió a las autoridades responsables para que rindieran informe justificado. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral de los escritos de demanda y ampliación de la misma, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de acordar el escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, en el juicio laboral 398/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. La omisión de notificar la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, a la parte demandada. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados aun cuando los hayan negado las autoridades responsables en el informe justificado, ya que de las copias certificadas que remitieron del aludido expediente, se obtiene que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había acordado el escrito de mérito y tampoco se había notificado a la parte demandada la resolución precitada. Al respecto, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. En esencia, la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, en el juicio laboral 398/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, así como la falta de notificación de la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, a la parte demandada. Sobre el particular, aduce que la autoridad responsable vulnera, entre otros, lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela su derecho de acceso a que se le imparta justicia pronta y expedita. Al respecto, esta juzgadora considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el concepto de violación propuesto. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Así, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, se fundan en la necesidad de que no transcurra tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes, sometidos al litigio, queden definidos. Al respecto, la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte, para lo cual las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que se ha dejado de observar lo previsto en los ordinales 771 y 838 del citado ordenamiento jurídico, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 771.- Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos". "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". Como se puede advertir, en el artículo 771 transcrito, el legislador impuso a los presidentes de las juntas y a los auxiliares, el deber de cuidar bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, lo cual es congruente con el derecho fundamental de justicia pronta a que se refiere el numeral 17 segundo párrafo de la Constitución General de la República. Asimismo, en el aludido artículo 838, se observa que la Junta debe dictar sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. Lo anterior se ha incumplido por parte de la autoridad responsable, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no había acordado el escrito en cuestión, lo que vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental a que se le imparta justicia pronta y expedita. Al respecto, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, estableció que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, el cual se tomó como parámetro dado que es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De esa contradicción se emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Si bien, de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables, se obtiene que en proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio natural, se reservó acordar sobre el auto de ejecución solicitado en el escrito en cuestión, por encontrarse pendiente la notificación de la resolución incidental de liquidación de diecisiete de enero de dos mil veinte. Tal circunstancia no exime a la autoridad de acordar el escrito de mérito, lo que no significa que lo haga favorablemente, ya que puede determinar si es o no procedente el mandamiento de ejecución, con base en la circunstancia que alude. De igual forma, la omisión de notificar a la parte demandada la precitada resolución interlocutoria, vulnera el derecho fundamental del quejoso a que se le imparta justicia pronta y expedita. Efectivamente, el aludido acto reclamado vulnera el precepto constitucional en cita y el numeral 750, todos de la Ley Federal del Trabajo, que instituye: "Artículo 750.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". Lo anterior es así, porque como se advierte del proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio natural, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había notificado a la parte demandada la resolución incidental de liquidación de diecisiete de enero de dos mil veinte. Contraviniendo con ello el derecho fundamental de la parte quejosa a que se le imparta justicia pronta y expedita, al no respetarse los plazos previstos para ello. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006, determinó como una de las características del juicio ordinario laboral la sencillez y prontitud en el desarrollo de sus etapas, por lo cual en la ley se hace uso de los términos "inmediato" para referirse a la contigüidad de los actos en el tiempo y "día" como unidad temporal más grande para graduar el tiempo, lo cual no da lugar a dudas sobre la expedites en la tramitación y resolución de los asuntos. Sostuvo que la omisión o retardo de la autoridad que prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del procedimiento respectivo, actualiza la violación al derecho de impartición de justicia pronta, lo cual afecta todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenados, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada. Así, desde una perspectiva integral, es inminente que una vez salido de sus cauces legales el procedimiento, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos originalmente previstos, y dada la conexión de las etapas procesales, el que se desarrollen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes deben desplegarse, y, por tanto, el tiempo en el que la controversia debe quedar resuelta. De ahí que se considere que la omisión reclamada a la responsable, transgrede el derecho de la parte quejosa a que se le imparta justicia de manera pronta y expedita, incumpliendo además lo dispuesto en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, que instituye que los presidentes de las juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Es cierto que mediante razón actuarial de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se hizo constar la imposibilidad de notificar a la parte demandada la determinación incidental en comento. Sin embargo, como quedó establecido, la responsable debió evitar que el juicio quedara inactivo y proveer lo conducente, lo que no hizo en su oportunidad. No pasa inadvertido que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresivas". Sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse válida para omitir dictar el acuerdo y realizar la notificación en cuestión, pues el artículo primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, prevé que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales". Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. De igual forma, se indicó que debe velarse porque se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, garantizándose el acceso a la justicia, lo cual es congruente con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Por las anteriores consideraciones, se concede al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad: Dicte de inmediato el acuerdo que en derecho corresponda, respecto del escrito presentado por Baldemar Díaz González, el diez de febrero de dos mil veinte, en el juicio laboral 398/2017 de su índice. Provea lo conducente a efecto de lograr notificar a la parte demandada la resolución incidental de diecisiete de enero de dos mil veinte. Para ese efecto, debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19). SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Baldemar Díaz González, respecto de los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
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