Baldemar Bravo Olivares

Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 40 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
68/2023
Año
2023
Actuaciones
40
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Baldemar Bravo Olivares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de junio de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Pues si bien no obra en autos los acuses de los oficios por medio de los cuales se les remitió la citada sentencia a las autoridades responsables que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, sino únicamente a la directa quejosa, En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Finalmente, prevéngase a la parte quejosa para que comparezca a este Juzgado a recoger el billete de depósito N 945495, expedido por la sucursal en esta ciudad del Banco del Bienestar, S.N.C. I.B.D., por la cantidad de DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, que exhibió como garantía de su parte para que siguiera surtiendo efectos la suspensión que en su oportunidad solicitó; apercibida que de no cumplir con lo anterior, empezará a correr el plazo de dos años, que previene el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para la prescripción del billete en comento a favor de la Federación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de junio de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Pues si bien no obra en autos los acuses de los oficios por medio de los cuales se les remitió la citada sentencia a las autoridades responsables que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, sino únicamente a la directa quejosa, En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Finalmente, prevéngase a la parte quejosa para que comparezca a este Juzgado a recoger el billete de depósito N 945495, expedido por la sucursal en esta ciudad del Banco del Bienestar, S.N.C. I.B.D., por la cantidad de DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, que exhibió como garantía de su parte para que siguiera surtiendo efectos la suspensión que en su oportunidad solicitó; apercibida que de no cumplir con lo anterior, empezará a correr el plazo de dos años, que previene el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, para la prescripción del billete en comento a favor de la Federación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 68/2023-II promovido por Marlon Bravo Olivares en representación de Baldemar Bravo Olivares. En audiencia pública, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con la demanda, auto admisorio, constancia de notificación a las autoridades responsables, así como los informes justificados rendidos por el titular de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en representación del Coordinador General de Ganadería de esa dependencia, así como del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; apoderado legal de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación de ese desconcentrado, éste a su vez representado por el Director en Jefe y Representante Estatal en Yucatán de dicho desconcentrado; Consejero Jurídico del Gobierno del Estado en representación del titular ejecutivo del Estado, y éste a su vez, como integrante del Consejo Estatal de Seguimiento Operativo del SINIIGA-SINIDA; Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en representación de su titular y éste a su vez del Consejo Directivo Nacional del SINIIGA-SINIDA de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; los cuales obran en autos y la notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. De igual forma se da cuenta con el registro 8002, correspondiente al informe justificado del Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en representación de la Representación Estatal Fitozoosanitaria de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola en el Estado de Yucatán -en su correcta denominación-. Asimismo se da cuenta que la autoridad responsable Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, Ventanilla Oriente Yucatán, con sede en Tizimín, Yucatán, no rindió su informe de ley, no obstante estar debidamente notificada del oficio a través del cual se le solicitó, tal como se advierte del acuse respectivo que obra agregado a estos autos. Seguidamente, la Jueza acuerda: se tienen por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. En el período de pruebas se da cuenta con las documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas por la parte quejosa, con su demanda. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las probanzas de mérito, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración como corresponda, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar se declara cerrado este período. Acto continuo, en el periodo de alegatos, se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho, a lo que la Jueza acuerda: se cierra esta etapa. Y al no existir diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 68/2023-II, promovido por Marlon Bravo Olivares en representación de Baldemar Bravo Olivares, contra el acto que reclama de la Representación en Yucatán de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada al día hábil siguiente a este Juzgado Federal, Marlon Bravo Olivares en representación de Baldemar Bravo Olivares solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Representación en Yucatán de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda; se solicitó a las responsables sus informes con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, así como en el Acuerdo General 53/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modificó el 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un omisión en tanto que la demanda fue presentada en el territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."-. resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo. De manera que la parte quejosa reclama la cancelación y revocación de la Clave de Unidad de Producción Pecuaria (UPP) 31-070-1016-001, cuya titularidad detenta, y en su caso, el procedimiento administrativo respectivo, su notificación y resolución. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El titular de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en representación del Coordinador General de Ganadería de esa dependencia, así como del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; apoderado legal de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en representación de ese desconcentrado, éste a su vez representado por el Director en Jefe y Representante Estatal en Yucatán de dicho desconcentrado; Consejero Jurídico del Gobierno del Estado en representación del titular ejecutivo del Estado, y éste a su vez, como integrante del Consejo Estatal de Seguimiento Operativo del SINIIGA-SINIDA; Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en representación de su titular y éste a su vez del Consejo Directivo Nacional del SINIIGA-SINIDA de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Director General Jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en representación de la Representación Estatal Fitozoosanitaria de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola en el Estado de Yucatán -en su correcta denominación-, negaron la existencia del acto reclamado. Ahora bien, atendiendo al contenido de los artículos 63, fracción IV, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se desprende que la negativa de la autoridad responsable no es determinante para declarar la inexistencia del acto reclamado, toda vez que ese extremo puede ser acreditado por las partes a través de los medios de prueba reconocidos por la ley o, incluso, puede ser apreciado directamente por el juzgador si así se desprendiera de las constancias procesales. Por tal motivo, con el propósito de verificar la certeza o falsedad de dicha negativa, se analizan íntegramente las constancias procesales, sin que se advierta prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa reclamó la cancelación y/o revocación de la Clave de Unidad de Producción Pecuaria (UPP) 31-070-1016-001, en tanto que las referidas autoridades negaron la existencia de dicha orden, alegando que el registro se encontraba vigente. Al efecto también manifestaron que entre sus facultades legales no se encuentra la relativa a los servicios de inscripción de la identificación individual de ganado e integración del padrón ganadero nacional (PGN), siendo ésta la base de datos de las Unidades de Producción Pecuarias, y que las cuestiones relacionadas con el registro y/o cancelación de dichas claves, corresponde al Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), cuya operación de campo es realizada por los organismos auxiliares a través del Centro Operativo Nacional SINIIGA. Lo que fundamentó en lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana "NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas", publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, que dispone: "Disposiciones Generales 4.1. Para poder identificar con los dispositivos oficiales del SINIDA, es necesario que el productor registre su UPP en el PGN. 4.1.1 Los PSG deberán contar con registro en el PGN. 4.1.2. El SINIDA, identificará a los bovinos y colmenas de las UPP registradas en el PGN. 4.2. Los ganaderos y apicultores identificarán a sus animales bovinos y colmenas pobladas a través de los servicios de un TIA conforme a lo dispuesto en esta Norma Oficial Mexicana, también los ganaderos y apicultores capacitados y autorizados por el SINIDA, podrán identificar a los semovientes. 4.2.1. El propietario o poseedor de bovinos o colmenas es responsable de reportar al SINIDA la pérdida, robo, mal funcionamiento o deterioro de los dispositivos de identificación oficial, conforme al criterio técnico que establezca la Secretaría. 4.2.2. En caso de pérdida de alguno o ambos componentes del dispositivo de identificación oficial, el propietario o poseedor de ganado o colmenas se sujetará a los criterios técnicos que establezca la Secretaría. 4.3. Todo bovino y colmena que sea movilizado y comercializado dentro del territorio nacional, deberá contar en forma obligatoria con el dispositivo de identificación oficial. 4.4. El SINIDA es propiedad de la Secretaría, por lo que queda prohibida la elaboración, producción y/o reproducción de dispositivos de identificación oficial por empresas no autorizadas por la Secretaría. De detectarse alguna empresa que los esté elaborando sin dicha autorización, se procederá de acuerdo a la normatividad aplicable. 4.5. Los fabricantes autorizados por la Secretaría, no podrán vender los dispositivos de identificación oficial con las especificaciones técnicas de numeración y diseño establecidas en este documento a otras instituciones públicas, privadas o directamente al productor en México o en ningún otro país, sin la expresa autorización de la Secretaría. 4.6. Los dispositivos de identificación oficial serán específicos para cada especie, con características propias de inviolabilidad, contendrán un código único e irrepetible y no podrán ser reutilizados en otro animal o colmena. 4.7. Los dispositivos de identificación oficial asignados por el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas al productor son de uso exclusivo en su UPP, son intransferibles, no puede canjearlos, ni prestarlos, ni venderlos a otra UPP. Incluso no puede utilizarlos en otra UPP, aunque sea de su propiedad. 5. Características y Especificaciones del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas. 5.1 El SINIDA establecerá la identificación animal individual de carácter permanente e irrepetible de estas especies, para proveer la información necesaria y fortalecer con ello los programas de control sanitario, rastreabilidad, trazabilidad, movilización de los animales, manejo técnico de los hatos, mejoramiento genético, desalentar el abigeato y al contrabando, eficientar los procesos comerciales, contribuir a planear y evaluar los programas de apoyo en el sector pecuario. 5.2. La Secretaría será la autoridad competente para la ejecución, control e instrumentación del SINIDA. La responsabilidad de operar el SINIDA, será compartida con el Órgano Auxiliar, o agente técnico que autorice la Secretaría, constituyéndose como responsable de los servicios de inscripción en el PGN y de la identificación animal, así como de la operación y resguardo del BCI y del PGN. 5.3. La Secretaría convendrá con organismos auxiliares, las acciones relacionadas a la ejecución y operación en campo del SINIDA a través del Centro Operativo Nacional. 5.4. Los datos proporcionados por los productores en el proceso de identificación de sus animales, estarán protegidos de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables. 5.5. Los interesados en participar como proveedores oficiales de dispositivos de identificación del SINIDA, deberán considerar lo previsto en los Apéndices Normativos para la especie correspondiente, que se anexan a la presente Norma Oficial Mexicana y aquellas disposiciones que la Secretaría emita al respecto. 5.6. Los dispositivos de identificación autorizados por la Secretaría, no podrán ser modificados o reutilizados. Además contarán con el Número Oficial de Identificación asignado por el Centro Operativo Nacional, para ser colocados en los bovinos y colmenas. 5.7. La identificación de los bovinos y colmenas se realizará con la asignación de un Número Oficial de Identificación basado en una secuencia alfa numérica, que asegura no ser reutilizado en al menos 20 años, lo que permitirá a través de la consulta en el BCI establecer la relación de origen con la UPP en la que nació o donde se haya identificado al bovino o colmena. 5.8. El dispositivo de identificación oficial será portado en el bovino de forma permanente hasta su muerte ya sea en campo o en un establecimiento de sacrificio. Para el caso de colmenas éste deberá estar colocado hasta la destrucción de la misma. 5.9. Para el caso de los bovinos destinados a la exportación definitiva el Número Oficial de Identificación que porta el animal, será dado de baja del sistema con base en los registros de la SAGARPA. 5.10. Para instrumentar y dar seguimiento a las acciones del SINIDA, se crea una Comisión de Seguimiento, un Comité Técnico y un Centro Operativo Nacional para la planeación, diseño, ejecución, operación y evaluación del SINIDA." En ese sentido debe tenerse por inexistente la revocación o cancelación reclamadas a dichas autoridades, ante la falta de prueba de la parte quejosa que desvirtúe la negativa vertida y en cambio, al sustentarse en lo previsto en la norma administrativa invocada, conforme a la cual, se constata la ausencia de facultades para emitir el acto que la parte quejosa le pretende atribuir a dichas autoridades. Ahora bien, el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, Ventanilla Oriente Yucatán, con sede en Tizimín, Yucatán, en quien recae aquélla función de inscripción, omitió rendir su informe de ley, no obstante fue debidamente notificada del acuerdo a través del cual se le solicitó, sin embargo, no procede la presunción de certeza del acto que de ella se reclamó en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha presunción se ve desvirtuada con las constancias que integran los presentes autos, particularmente lo señalado por el apoderado legal de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas quien al rendir su informe justificado, señaló que solicitó la información relativa a la UPP que el aquí quejoso detenta como titular, al Centro Operativo Nacional del Sistema de Identificación Individual de Ganado (CON-SINIIGA), recibiendo como respuesta que dicho upp se encuentra vigente. Lo anterior, patentiza la inexistencia de la revocación o cancelación de ese registro reclamado por el hoy quejoso, más aun cuando dicho Centro Operativo Nacional del Sistema de Identificación Individual de Ganado (CON-SINIIGA), es el órgano encargado de llevar el Padrón Ganadero Nacional (PGN) conforme a lo expuesto en su informe por el Coordinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y se confirma con la norma administrativa señalada. En consecuencia, al no desvirtuarse la negativa formulada por las autoridades responsables, y por el contrario, al haberse constatado la inexistencia de los actos reclamados, se impone sobreseer en el presente juicio constitucional, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sirviendo también como apoyo la jurisprudencia siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marlon Bravo Olivares en representación de Baldemar Bravo Olivares contra el acto que reclamó de la Representación Estatal Fitozoosanitaria de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola en el Estado de Yucatán -en su correcta denominación-, consistente en la la cancelación y revocación de la Clave de Unidad de Producción Pecuaria (UPP) 31-070-1016-001, cuya titularidad detenta, y en su caso, el procedimiento administrativo respectivo, su notificación y resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así, lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa asistida de la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de ellos se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable Representación Estatal Fitozoosanitaria de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola en el Estado de Yucatán, unidad administrativa dependiente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, con sede en esta ciudad de Mérida, a fin de que rinda su informe justificado. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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