Balbino Lázaro Bernardo Matías
Expediente 1802/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1802/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2023
Partes del expediente
- Balbino Lázaro Bernardo Matías
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo sin que se hayan devuelto las constancias remitidas por el Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el Anexo I. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón asentada por la actuaria de este Juzgado de la que se advierte, no pudo notificar al quejoso *******, el proveído de veinticinco de octubre del año en curso, por los motivos que indica; en consecuencia, se ordena su notificación por medio de lista así como las subsecuentes aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. ACUERDO DE 25 DE OCTUBRE DE 2023 San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. OFICIO Agréguese a los autos el oficio II-1760/2023 signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al que adjunta el expediente D-530/2023, el toca de apelación 574/2022, el expediente 494/2020, del Juzgado Tercero Especializado en Materia de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y un sobre con documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a la determinación de tres de octubre del año en curso, dictada en el juicio de amparo directo D-530/2023, en el que la aludida Superioridad declaró carecer de competencia legal para conocer de la citada demanda. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda de mérito. EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Magistrados Integrantes de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1802/2023-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En primer término, cabe señalar que de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que ******* señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional: - La resolución de cinco de julio de dos mil veintitrés, emitida por la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca 574/2022, que dejó insubsistente la sentencia definitiva de treinta y uno de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Tercero Especializado en Materia de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente 494/2020, relativo al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato, promovido por *******, apoderado legal de ******, en contra del aquí quejoso y ordenó al juez natural dicté la sentencia que conforme a derecho corresponda, al no existir ninguna causa legal para ello, en términos del artículo 400 fracción II del código de Procedimientos Civiles. Precisado lo anterior, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte, la parte promovente reclama la resolución de cinco de julio de dos mil veintitrés, emitida por la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca 574/2022, que dejó insubsistente la sentencia definitiva de treinta y uno de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Tercero Especializado en Materia de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente 494/2020, relativo al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato, promovido por *******, apoderado legal de *******, en contra del aquí quejoso y ordenó que el juez natural dicté una nueva que conforme a derecho corresponda, al no existir ninguna causa legal para ello, en términos del artículo 400 fracción II del código de Procedimientos Civiles; misma que se considera no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, la resolución de cinco de julio de dos mil veintitrés, emitida por la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca 574/2022, que dejó insubsistente la sentencia definitiva de treinta y uno de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Tercero Especializado en Materia de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente 494/2020, relativo al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato, promovido por *******, apoderado legal de ******, en contra del aquí quejoso y ordenó al juez natural dicté la sentencia que conforme a derecho corresponda, al no existir ninguna causa legal para ello, en términos del artículo 400 fracción II del código de Procedimientos Civiles, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso concreto la inconforme reclama la resolución de cinco de julio de dos mil veintitrés, emitida por la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca 574/2022, que dejó insubsistente la sentencia definitiva de treinta y uno de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Tercero Especializado en Materia de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente 494/2020, relativo al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato, promovido por ********, apoderado legal de *******, en contra del aquí quejoso, misma que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por tanto, en atención a que se actualizan las citadas causales de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. SE RESERVA DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES En atención a que las autoridades responsables remitieron el toca de apelación 574/2022, el expediente 494/2020, del Juzgado Tercero Especializado en Materia de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla y un sobre con diversos documentos exhibidos por la parte demandada -aquí quejosa, se ordena resguardar en esta Juzgado Federal y se reserva su devolución a su lugar de origen hasta en tanto quede firme el presente auto. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de La Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdicciones del Propio Consejo. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3 del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento, así como la impresión de los acuerdos y resoluciones que se generen aún de manera electrónica para su correcta revisión por la titular de este Juzgado. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. PRESENTACIÓN DE INFORMES Y PROMOCIONES Hágase saber a las partes que para otorgar plena eficacia legal a los informes y promociones presentados por los medios electrónicos autorizados por los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, aún aquellos presentados en el correo oficial de este Juzgado, deberán contener la firma electrónica (FIREL). SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DIARIO Y DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la digitalización de los documentos que remitan las autoridades responsables así como los ofrecidos por las partes, las comparecencias, ratificaciones, tomas de protesta, devolución de documentos, desahogos de pruebas, etcétera, así como todas aquellas actuaciones que no se realicen de manera electrónica, el secretario deberá supervisar que se escaneen los documentos a fin de que se integren debidamente digitalizados, así como subir el documento en Word para incorporarse al expediente electrónico autorizándolos de manera electrónica. Por lo que, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, así como la digitalización que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto, quien deberá revisar que el expediente electrónico se encuentre debidamente digitalizado, así como proteger y mantener la reserva adecuada respecto de los datos personales e información considerada como reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, para lo anterior, en caso de no tenerlo deberán tramitar mediante la firma electrónica, que funciona con FIREL 12 y con e firma Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Por otra parte, hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa; la cual, en su caso, será impuesta al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. SE EXHORTA EL USO DE LA FIREL PARA CONSULTA Y NOTIFICACIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Asimismo, se exhorta a las autoridades responsables para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a ********, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA se exhorta a las partes para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa). Además de que dicha solicitud podrán presentarla en el portal de servicios en línea desde el módulo de promociones y recursos. AUTORIZACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá dejarse constancia en el expediente a fin de que adquieran validez. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva respecto a documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl- Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. SUPERVISIÓN DE ESCANEO DE CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (ACTUARIOS) Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el actuario deberá supervisar que se escaneen y digitalicen los documentos relativos a las notificaciones, diligencias, inspecciones, comparecencias y demás correspondientes a su función, así como todas aquellas actuaciones que no se realicen de manera electrónica, a fin de que se integren debidamente digitalizados al expediente respectivo. Por lo que, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, así como la digitalización que asegure la permanente actualización y veracidad de la información con relación a las notificaciones, estará a cargo del actuario de juzgado asignado del presente asunto, quien deberá revisar que el expediente electrónico se encuentre debidamente digitalizado, así como proteger y mantener la reserva adecuada respecto de los datos personales e información considerada como reservada. RESERVA DE INFORMACIÓN Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracción IX y XVII, 5°, 22°, fracción IV y V, 25° y 31° de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que se no contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta para cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en termino de los artículos 6°, 73°, fracción II, V y 113°, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán de manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21° de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Apoderada del Organismo Público Descentralizado denominado instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad oficiante el término de tres días computados a partir del siguiente a la en que se someterá a consideración de la Junta Directiva de dicho Instituto la solicitud de pensión de la aquí quejosa, la cual tendrá lugar el veintisiete de octubre del presente año. Hágase saber a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, se señala el día DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
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