Balbina Gicela Hernández Jiménez

Expediente 839/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
839/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Balbina Gicela Hernández Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el director de asuntos jurídicos en representación del fiscal General del Estado de Oaxaca alude dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes y correrle traslado con copia del oficio y anexo que la responsable exhibió, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a sus derechos convenga en relación con el cumplimiento relativo. Transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el citado precepto este órgano jurisdiccional resolverá si la ejecutoria dictada en este juicio constitucional se encuentra cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el director de asuntos jurídicos en representación del fiscal General del Estado de Oaxaca alude dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes y correrle traslado con copia del oficio y anexo que la responsable exhibió, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a sus derechos convenga en relación con el cumplimiento relativo. Transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el citado precepto este órgano jurisdiccional resolverá si la ejecutoria dictada en este juicio constitucional se encuentra cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable fiscal General del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días como lo marca el artículo 192 de la Ley de Amparo, cumpla con la sentencia dictada en este juicio, apercibiéndolo que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192, 193, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, al momento en que incurrir en la conducta sancionada; asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido que el amparo y protección de la Justicia Federal, se concedió a la parte quejosa para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente: Emita contestación completa a la solicitud presentada por la quejosa el ocho de junio de dos mil veintitrés y proceda a su notificación de manera inmediata. Dígase a la autoridad requerida que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 839/2023, promovido por ********************, en contra del fiscal General del Estado de Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar si se actualiza la violación a los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES De la información que se tiene acreditada en el expediente, consta que el ocho de junio de do mil veintitrés, ******************** presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, dirigido al fiscal General del Estado de Oaxaca, donde solicitó le: i) señalara fecha y hora para que reciban su entrevista; y ii) se le permitiera el acceso a los registros de investigación, así como de todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, dentro de la carpeta de investigación que se haya iniciado con motivo de la denuncia o querella que se hubiesen presentado en su contra ante la Fiscalía o en las diferentes Fiscalías Regionales y Especializadas dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. La autoridad responsable fiscal General del Estado, indica que por oficio ********************, de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dirigido a la aquí quejosa ******************** dio respuesta a la petición de la impetrante de seis de junio de dos mil veintitrés [presentado el ocho de junio siguiente]. Siendo esa circunstancia el último dato que se tiene en relación con el escrito que originó el presente juicio de amparo. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se formuló mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en la cual ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisan. Por cuestión de turno, se remitió a este juzgado al día siguiente, donde se registró con el número 839/2023 y se: i) admitió en proveído de veintidós de agosto dos mil veintitrés, ii) solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; iii) otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y iv) señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo como consta en el acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, como lo explica la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable por analogía: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la intención de la quejosa es reclamar del fiscal General del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado el fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del director de asuntos jurídicos, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con la copia del oficio ********************, de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dirigido a la aquí quejosa ********************, con una firma de recibido del citado disidente, asentada la fecha veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, con el que la autoridad indica haber dado respuesta a la petición de la impetrante contenida en el escrito que recibió el ocho de junio del actual; documental a la cual se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, debido a que de la referida constancia se advierte que la parte quejosa presentó ante la autoridad referida el escrito que nos ocupa el ocho de junio de dos mil veintitrés, mismo que fue atendido el veintiséis junio dos mil veintitrés y notificada hasta el veintinueve de agosto del año en curso; y en este caso la demanda de amparo se promovió el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, es decir, la notificación se llevó a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo origen de este asunto, fecha en lo que interesa la parte quejosa tuvo conocimiento de la respuesta dada a su petición. Motivo por el cual, se tiene como plenamente probada la existencia del acto omisivo reclamado, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintiuno de agosto de dos mil veintitrés- no había sido notificada la determinación de la petición en cuestión. VII. LEGITIMACIÓN ********************, se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo debido a que subsiste la omisión por parte de la autoridad a dar respuesta completa al escrito de petición de seis de junio de dos mil veintitrés, lo que implica que afecta de manera directa, inmediata y materialmente su derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se precisa en razón de que el impetrante no se encuentra dentro de un proceso en el que sea parte la autoridad responsable en cuestión y evidentemente la falta de contestación o el derecho de petición que alude afectado, preponderantemente se encuentra inmerso en dicho precepto constitucional. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, como lo explica la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable por analogía: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". PROCEDENCIA Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causales de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, a consideración de este juzgador no se actualiza la causal de improcedencia. Ello debido que a juicio de la responsable fiscal General del Estado, dio contestación a la petición de la quejosa (de seis de junio de dos mil veintitrés, presentada el ocho siguiente) mediante el oficio ********************, de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dirigido a la aquí quejosa ********************, mismo que contiene una firma de recibido de la citada disidente y asentada la fecha de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Sin embargo, ese argumento queda desvirtuado de la lectura de la petición contenida en el escrito origen de este juicio de amparo (seis de junio de dos mil veintitrés, presentada el ocho siguiente). En dicho ocurso la quejosa solicitó [como se advierte de la copia del acuse de recibo de la promoción en aludida anexa al escrito de demanda]: Se le respete su derecho de defensa y señale fecha y hora para que le reciba su entrevista. El acceso a los registros de investigación, así como de todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, dentro de la carpeta de investigación que se haya iniciado con motivo de la denuncia o querella que se hubiesen presentado en su contra ante la Fiscalía o en las diferentes Fiscalías Regionales y Especializadas dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. Al respecto, en el oficio ********************, de veintiséis de agosto dos mil veintitrés, recibido por la quejosa el veintinueve de agosto del actual, se observa que la responsable, por conducto de la encargada de la mesa de Intervenciones adscrita a la Vicefiscalía General Zona Centro contestó lo siguiente: "En atención a su escrito de intervención de fecha 06 de junio del año en curso, presentado ante el Fiscal General del Estado, mediante el cual solicita se realice la búsqueda en la base de datos con que cuenta esta Fiscalía General del Estado de Oaxaca, si existe alguna carpeta de investigación que se esté integrando en su contra; por lo que en relación a dicha petición le informo, que hasta el momento y una vez que se realizó la búsqueda minuciosa en la base general de esta Fiscalía General del Estado de Oaxaca, NO SE LOCALIZO CARPETA DE INVESTIGACIÓN ALGUNA, que se tramite en contra de usted. Lo que se le informa para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior con fundamento en los artículos 8, 20 apartado B, 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos." La anterior transcripción evidencia que la responsable omitió atender la solicitud de la parte quejosa en relación a: i) señalarle fecha y hora para que reciban su entrevista; y ii) se le permita el acceso a los registros de investigación, así como de todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, dentro de la carpeta de investigación que se haya iniciado con motivo de la denuncia o querella que se hubiesen presentado en su contra ante la Fiscalía o en las diferentes Fiscalías Regionales y Especializadas dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca; puesto que su respuesta resulta genérica al limitarse a indicar que en la base de datos con que cuenta la fiscalía no localizó carpeta de investigación alguna. Lo que pone de manifiesto que no fue atendida la solicitud de la disidente de forma completa X. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." XI. ESTUDIO Respecto al acto reclamado en estudio, en los conceptos de violación, la quejosa señala que se vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la autoridad responsable no ha dado respuesta a la petición que elevó mediante el escrito que presentó el ocho de junio de dos mil veintitrés. El argumento antes expuesto resulta fundado. Para justificar tal calificativa, se estima necesario resaltar el contenido del numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha tenido la oportunidad de referirse al derecho fundamental establecido en el precepto reseñado y ha sostenido que tal numeral establece en favor del gobernado el derecho a formular por escrito, de manera pacífica y respetuosa, alguna petición a la autoridad, la que tiene la obligación no sólo de emitir una respuesta en breve término, sino además, la de observar que esa contestación sea congruente con lo pedido y el deber de notificarla a la peticionaria. Esto es, se ha reiterado el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8° constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Así se desprende de las tesis que se reproducen enseguida: "DERECHO DE PETICIÓN. El artículo 8o. de la Constitución General de la República establece como garantía que, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de las autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Si se reclama de un agente del Ministerio Público el hecho de no haber acordado una petición formulada por el ofendido con un delito, dentro de las diligencias de Policía Judicial que dicho funcionario venía practicando en averiguación del mismo, y el representante social comprueba al rendir su informe, que ya había dictado el acuerdo procedente, en su concepto, no se viola la garantía que ese precepto constitucional consagra, por lo que debe negarse el amparo solicitado". (Quinta Época. Primera Sala. Informe 1943, página 39) "PETICIÓN. DERECHO DE. Las garantías del artículo 8o. constitucional, tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido". (Sexta Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Tercera Parte, página 83) "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido". (Novena Época, registro digital: 173716, Segunda Sala, Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, materias constitucional y administrativa, tesis 2a./J. 183/2006, página 207). Como se anticipó en el apartado IX de procedencia, la autoridad responsable Fiscal General del Estado, en el oficio ********************, de veintiséis de dos mil veintitrés, atendió parcialmente la solicitud de la quejosa contenidas en el escrito de seis de junio del año en curso [presentado el ocho de junio siguiente] pues omitió pronunciarse a que si era o no factible i) señalarle fecha y hora para que reciban su entrevista; y ii) se le permita el acceso a los registros de investigación, así como de todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, dentro de la carpeta de investigación que se haya iniciado con motivo de la denuncia o querella que se hubiesen presentado en su contra ante la Fiscalía o en las diferentes Fiscalías Regionales y Especializadas dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca; puesto que su respuesta resulta genérica al limitarse a indicar que en la base de datos con que cuenta la fiscalía no localizó carpeta de investigación alguna. Circunstancia que a consideración de este juzgador transgrede en perjuicio del quejoso el derecho fundamental consagrado por el artículo 8° de la Carta Magna, al no emitir una respuesta completa y notificar su contenido a la petición que elevó el disidente. Lo que hace necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante. XII. EFECTOS DE LA CONCESIÓN Se concede el amparo y protección de la justicia federal, para que la autoridad responsable fiscal General del Estado, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Emita contestación completa a la solicitud presentada por la quejosa el ocho de junio de dos mil veintitrés y proceda a su notificación de manera inmediata. En la inteligencia que los efectos de esta sentencia únicamente la constriñen a emitir la determinación respectiva y hacerla del conocimiento de la quejosa, pero no a contestar en determinado sentido. Por las razones que aporta, es aplicable la tesis XXXIV/92, visible en la página 81 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, cuyo contenido es: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8º. Constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten." Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo se: RESUELVE Único. Se concede a la quejosa ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, por los motivos expuestos en el apartado XI y para los efectos precisados en el diverso XII del presente fallo. Notifíquese por lista.

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