Balbina Calva López

Expediente 1612/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1612/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
14/07/2017

Partes del expediente

  • Vicente Vargas Hernández
  • Balbina Calva López
  • BALBINA CALVA LÓPEZ y Otros.
  • VICENTE VARGAS HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, vista que fue desahogada por la parte quejosa; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, realizara lo siguiente: ... Analice si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que los inculpados no eludan la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción de los quejosos a otro proceso penal. Haga un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva. 3. Valore de forma fundada y motivada, las evaluaciones realizadas a los quejosos, emitidas por el responsable de la Unidad de Medidas cautelares y Policía Procesal adscrito a la Dirección de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; exponiendo las razones del porqué, en su caso, les otorga valor probatorio, así como los datos que arrojan y si son o no trascendentales para determinar la procedencia o no de la sustitución de la prisión preventiva. 4. Dé respuesta al planteamiento realizado por los quejosos en su escrito de catorce de agosto de dos mil dieciséis, esto es: si es procedente o no que ejerciera ex oficio el control de convencionalidad y adoptara la interpretación más favorable conforme al principio pro persona, velando por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano y en la Constitución, invocados en el correspondiente escrito. 5. Notifique dicha resolución a la quejosa. Ahora bien, de las constancias que envió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, se advierte que mediante resolución de cinco de junio de este año dictada en el proceso 188/2007 de su índice, realizó lo siguiente: Dejó sin efecto el acto reclamado de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis y el proveído de nueve de mayo de este año, a través de la cual pretendió acatar el fallo. Con libertad de jurisdicción, dictó otra resolución, en la que: Determinó que sí ha transcurrido un plazo razonable para que los quejosos sean juzgados y, con ello, calificó de viable prolongar su prisión preventiva, para lo cual analizó: 1) la complejidad del caso, 2) la actividad procesal del interesado, y 3) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. Consideró necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que los inculpados no eludan la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación, al señalar que el delito por el que se les sigue la causa de origen está considerado como grave, el cual tiene una pena privativa de libertad de dieciocho a cincuenta años de prisión, por lo que en caso de considerárseles penalmente responsable del mencionado ilícito, eludirán la acción de la justicia; otro factor que posibilita que los inconformes eludan la acción de la justicia y no se desarrolle de manera eficiente la investigación consiste en el resultado de las evaluaciones realizadas a los aquí quejosos por la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal, al señalar que difieren de los datos de localización y su dicho lejos de otorgar credibilidad a lo que expusieron, hacen dudar de su veracidad. También indicó que en autos se encuentra acredita y existen indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trascienden en el proceso, tales como el peligro y la viabilidad de presión a testigos de los hechos. Atento lo anterior, refirió hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, limitándose señalando que en autos obran pruebas suficientes que hacen probable la responsabilidad de los inconformes en la comisión del delito que se les atribuye. De igual forma, indicó que en autos obran los dictámenes psicológicos practicados a los procesados, en los que se concluye que el procesado es una persona agresiva relevante, sin compromiso real por la familia, con falta de valores y normas, mientras que con relación a la procesada, se trata de una persona oportunista, con nula proyección de los valores, además presenta una agresividad latente y con gran ambición. También contó con los estudios realizados en el área de criminología. Valoró las evaluaciones realizadas a los quejosos, emitidas por el responsable de la Unidad de Medidas cautelares y Policía Procesal adscrito a la Dirección de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; exponiendo las razones del porqué les otorga valor probatorio de periciales, así como los datos que arrojan, concluyendo que sí son trascendentales para determinar la improcedencia de la sustitución de la prisión preventiva, dado que de los mismos se tiene que su nivel de riesgo es alto. Dio respuesta al planteamiento realizado por los quejosos en su escrito de catorce de agosto de dos mil dieciséis, en lo relativo a que se realizara el control ex oficio, de control de convencionalidad y se adoptara a la interpretación más favorable conforme al principio pro persona, respecto de lo cual señaló que a pesar de ello, la prisión preventiva está justificada, pues los propios procesados, en su momento, señalaron que aún les faltan pruebas por desahogar. Notificó dicha resolución a los inconformes. En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido las manifestaciones de los inconformes, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, al señalar: Que el juez responsable repite el acto reclamado, pues sus argumentos no son válidos para aplazar la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva. Que el juez de origen no justifica suficientemente la necesidad de la prolongación de la prisión preventiva, con la finalidad de que los inconformes no eludan la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación, aunado que no está acreditada la existencia de causa externas que trasciendan en el proceso. Al respecto, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones de fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad responsable dejara sin efecto el acto reclamado; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dictara otra en la que de forma fundada y motivada, tomara en cuenta los puntos precisados en la sentencia, esto es, determinara si se ha transgredido un plazo razonable para que los quejosos sean juzgados y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, analizando: i) la complejidad del caso, ii) la actividad procesal del interesado, y iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso; analizara si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que los inculpados no eludan la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción de los quejosos a otro proceso penal; hiciera un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva; valorara de forma fundada y motivada, las evaluaciones realizadas a los quejosos, emitidas por el responsable de la Unidad de Medidas cautelares y Policía Procesal adscrito a la Dirección de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; exponiendo las razones del porqué, en su caso, les otorga valor probatorio, así como los datos que arrojan y si son o no trascendentales para determinar la procedencia o no de la sustitución de la prisión preventiva; diera respuesta al planteamiento realizado por los quejosos en su escrito de catorce de agosto de dos mil dieciséis, esto es: si es procedente o no que ejerciera ex oficio el control de convencionalidad y adoptara la interpretación más favorable conforme al principio pro persona, velando por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano y en la Constitución, invocados en el correspondiente escrito; finalmente, notificara dicha resolución a la parte quejosa. Lo que en el caso aconteció pues de la resolución de cinco de junio de la presente anualidad se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado y en su lugar, con libertad de jurisdicción, atendió a casa uno de los aspectos precisados en la ejecutoria tendentes a justificar la prolongación de la prisión preventiva. Por último, hizo del conocimiento de los quejosos su determinación, lo cual no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, pues son cuestiones de legalidad o fondo que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues, como se indicó, dicha determinación cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, así como con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar el juez responsable la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. En esa medida, las manifestaciones aducidas por los inconformes, en su caso, constituyen materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, vista que fue desahogada por la parte quejosa; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, realizara lo siguiente: ... Analice si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que los inculpados no eludan la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción de los quejosos a otro proceso penal. Haga un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva. 3. Valore de forma fundada y motivada, las evaluaciones realizadas a los quejosos, emitidas por el responsable de la Unidad de Medidas cautelares y Policía Procesal adscrito a la Dirección de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; exponiendo las razones del porqué, en su caso, les otorga valor probatorio, así como los datos que arrojan y si son o no trascendentales para determinar la procedencia o no de la sustitución de la prisión preventiva. 4. Dé respuesta al planteamiento realizado por los quejosos en su escrito de catorce de agosto de dos mil dieciséis, esto es: si es procedente o no que ejerciera ex oficio el control de convencionalidad y adoptara la interpretación más favorable conforme al principio pro persona, velando por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano y en la Constitución, invocados en el correspondiente escrito. 5. Notifique dicha resolución a la quejosa. Ahora bien, de las constancias que envió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, se advierte que mediante resolución de cinco de junio de este año dictada en el proceso 188/2007 de su índice, realizó lo siguiente: Dejó sin efecto el acto reclamado de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis y el proveído de nueve de mayo de este año, a través de la cual pretendió acatar el fallo. Con libertad de jurisdicción, dictó otra resolución, en la que: Determinó que sí ha transcurrido un plazo razonable para que los quejosos sean juzgados y, con ello, calificó de viable prolongar su prisión preventiva, para lo cual analizó: 1) la complejidad del caso, 2) la actividad procesal del interesado, y 3) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. Consideró necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que los inculpados no eludan la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación, al señalar que el delito por el que se les sigue la causa de origen está considerado como grave, el cual tiene una pena privativa de libertad de dieciocho a cincuenta años de prisión, por lo que en caso de considerárseles penalmente responsable del mencionado ilícito, eludirán la acción de la justicia; otro factor que posibilita que los inconformes eludan la acción de la justicia y no se desarrolle de manera eficiente la investigación consiste en el resultado de las evaluaciones realizadas a los aquí quejosos por la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal, al señalar que difieren de los datos de localización y su dicho lejos de otorgar credibilidad a lo que expusieron, hacen dudar de su veracidad. También indicó que en autos se encuentra acredita y existen indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trascienden en el proceso, tales como el peligro y la viabilidad de presión a testigos de los hechos. Atento lo anterior, refirió hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, limitándose señalando que en autos obran pruebas suficientes que hacen probable la responsabilidad de los inconformes en la comisión del delito que se les atribuye. De igual forma, indicó que en autos obran los dictámenes psicológicos practicados a los procesados, en los que se concluye que el procesado es una persona agresiva relevante, sin compromiso real por la familia, con falta de valores y normas, mientras que con relación a la procesada, se trata de una persona oportunista, con nula proyección de los valores, además presenta una agresividad latente y con gran ambición. También contó con los estudios realizados en el área de criminología. Valoró las evaluaciones realizadas a los quejosos, emitidas por el responsable de la Unidad de Medidas cautelares y Policía Procesal adscrito a la Dirección de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; exponiendo las razones del porqué les otorga valor probatorio de periciales, así como los datos que arrojan, concluyendo que sí son trascendentales para determinar la improcedencia de la sustitución de la prisión preventiva, dado que de los mismos se tiene que su nivel de riesgo es alto. Dio respuesta al planteamiento realizado por los quejosos en su escrito de catorce de agosto de dos mil dieciséis, en lo relativo a que se realizara el control ex oficio, de control de convencionalidad y se adoptara a la interpretación más favorable conforme al principio pro persona, respecto de lo cual señaló que a pesar de ello, la prisión preventiva está justificada, pues los propios procesados, en su momento, señalaron que aún les faltan pruebas por desahogar. Notificó dicha resolución a los inconformes. En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido las manifestaciones de los inconformes, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, al señalar: Que el juez responsable repite el acto reclamado, pues sus argumentos no son válidos para aplazar la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva. Que el juez de origen no justifica suficientemente la necesidad de la prolongación de la prisión preventiva, con la finalidad de que los inconformes no eludan la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación, aunado que no está acreditada la existencia de causa externas que trasciendan en el proceso. Al respecto, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones de fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad responsable dejara sin efecto el acto reclamado; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dictara otra en la que de forma fundada y motivada, tomara en cuenta los puntos precisados en la sentencia, esto es, determinara si se ha transgredido un plazo razonable para que los quejosos sean juzgados y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, analizando: i) la complejidad del caso, ii) la actividad procesal del interesado, y iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso; analizara si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que los inculpados no eludan la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción de los quejosos a otro proceso penal; hiciera un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva; valorara de forma fundada y motivada, las evaluaciones realizadas a los quejosos, emitidas por el responsable de la Unidad de Medidas cautelares y Policía Procesal adscrito a la Dirección de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; exponiendo las razones del porqué, en su caso, les otorga valor probatorio, así como los datos que arrojan y si son o no trascendentales para determinar la procedencia o no de la sustitución de la prisión preventiva; diera respuesta al planteamiento realizado por los quejosos en su escrito de catorce de agosto de dos mil dieciséis, esto es: si es procedente o no que ejerciera ex oficio el control de convencionalidad y adoptara la interpretación más favorable conforme al principio pro persona, velando por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano y en la Constitución, invocados en el correspondiente escrito; finalmente, notificara dicha resolución a la parte quejosa. Lo que en el caso aconteció pues de la resolución de cinco de junio de la presente anualidad se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado y en su lugar, con libertad de jurisdicción, atendió a casa uno de los aspectos precisados en la ejecutoria tendentes a justificar la prolongación de la prisión preventiva. Por último, hizo del conocimiento de los quejosos su determinación, lo cual no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, pues son cuestiones de legalidad o fondo que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues, como se indicó, dicha determinación cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, así como con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar el juez responsable la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. En esa medida, las manifestaciones aducidas por los inconformes, en su caso, constituyen materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de los quejosos ***; visto su contenido, téngasele haciendo diversas manifestaciones con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución que determine si la ejecutoria está cumplida o no.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA, ASÍ COMO TERCERA INTERESADA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA.

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