Balbina Antonio Solorzano

Expediente 2066/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2066/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Balbina Antonio Solorzano

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en el Recurso de Queja 10/2019, interpuesto por Balbina Antonio Solórzano, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, al ubicarse en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del auto veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Establecido lo anterior se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido, así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda presentado por BALBINA ANTONIO SOLÓRZANO, por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario número Dieciocho; fórmese el expediente 2066/2018-I. Desechamiento De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que autoriza al juzgador de amparo a examinar la demanda constitucional integralmente, y a desecharla, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en el caso particular se advierte que se materializa la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." La quejosa señala como acto reclamado: ".Reclamo el acuerdo dictado en audiencia de fecha 5 de diciembre del 2018, (PRIMERO), dictado en audiencia que declara notoriamente improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido la suscrita el dia 19 de octubre del 2018, que declara el desinterés de mi parte por no haber ofrecido en tiempo y forma perito en topografía, dictado en el juicio agrario número 528/2017 promovido por la hoy tercero interesado, en contra de la suscrita.(sic)" Ahora bien, a efecto de explicar la actualización de la referida causal de improcedencia, se estima necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: I.- El quince de noviembre de dos mil diecisiete, Citlalli Guadalupe Ortiz Pérez (tercero interesado) demandó a la aquí quejosa ante el Tribunal Unitario Agrario número Dieciocho, la acción de interdicto de recuperar la posesión respecto de los lotes 54 y 55 de la colonia del Valle, en Cuernavaca, Morelos. II.- El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la parte quejosa dio contestación a la demanda y formuló reconvención en contra de la parte actora (tercera interesada), por lo que se ordenó llevar a cabo el emplazamiento del diverso demandado Comisariado Ejidal de "San Antonio" de Cuernavaca, Morelos. III.- El mismo diecisiete de abril del año en curso, al contestar la demanda ofreció diversas pruebas, en especial, la prueba pericial en materia de topografía a cargo del perito adscrito al Tribunal responsable, sin embargo, la responsable declaró desinterés de su parte para realizar la designación de perito. IV.- En consecuencia la parte quejosa interpuso incidente de nulidad de actuaciones contra dichas determinaciones, el cual se declaró improcedente por resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Dicha resolución incidental constituye el acto reclamado por la quejosa. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". En ese orden de ideas, tenemos que la resolución emitida en el juicio de origen, a través del cual el Tribunal Agrario, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas en perjuicio de la aquí quejosa, en su carácter de actora reconvencional; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa al quejoso, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, en virtud de que la resolución reclamada emana de un procedimiento seguido en forma de juicio y, se desarrolla ante una autoridad jurisdiccional en materia agraria. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la sentencia, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Visto lo anterior, es indudable que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, pues el hecho de que la autoridad responsable haya declarado improcedente el incidente de nulidad de actuaciones contra la determinación de la responsable de declarar desinterés de la quejosa en designar perito en materia de topografía no afecta derechos sustantivos de la quejosa. En efecto, la resolución reclamada es susceptible de causar consecuencias legales, pero de índole estrictamente procesal sin afectación directa, inmediata ni material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte; habida cuenta que la determinación adoptada por la responsable no coarta derecho alguno de la impetrante que se catalogue de imposible reparación, ello es así, al advertirse que la consecuencia legal del acto impugnado es que no se desahogue la prueba pericial en materia de topografía con perito designado por la quejosa, y por lo tanto, puede continuarse el procedimiento del juicio agrario hasta el dictado de la sentencia correspondiente. Por lo tanto, en el caso de no ser favorable la sentencia, la quejosa podrá recurrir en vía directa, haciendo valer como violación procesal la ilegal resolución del incidente de nulidad, insistiendo que ésta no afecta derechos sustantivos sino meramente procesales. Máxime que de acuerdo al artículo 172 de la Ley de Amparo, en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, en términos de la fracción III, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Se afirma lo anterior tomando en consideración que el actual texto de la Ley de Amparo dispone que para que un acto dentro de juicio fuera reclamable en el amparo indirecto, de conformidad con el ordinal 107 fracción V, de la ley de la materia, es necesario que afecte de manera directa, actual y real derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, trascendiendo a la persona o bienes de las partes, de tal modo que el perjuicio resentido no pudiera repararse ni en la sentencia definitiva, ni por medio del juicio de amparo directo; lo que en el particular no acontece, por las razones ya expuestas. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados a las personas propuestas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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