Bairon Omar Sánchez Ordóñez
Expediente 1161/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Bairon Omar Sánchez Ordóñez
- Karla Patricia Borjas Banegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN:Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación de la autoridad responsable Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en esta ciudad y anexos, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés (fojas 68-72), remite copias certificadas de diversas constancias. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población , en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria bajo las siguientes consideraciones: "La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda." El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado" . Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal , todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. (...)." Ahora bien, por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, se analizan las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En lo que respecta a los mencionados actos reclamados de los que se duele la parte quejosa Bairon Omar Sánchez Ordóñez y Karla Patricia Borjas Banegas, por propio derecho y en representación del infante de identidad reservada B.D.S.B., esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Como se ve, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto que emana de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, y ese acto fue sustituido por uno dictado con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que surge un impedimento jurídico para analizar el acto reclamado ya que no puede efectuarse su estudio sin afectar la nueva situación de derecho existente. En ese entendido, para estar en aptitud de resolver sobre la improcedencia de que se trata, es importante destacar cuándo se produce un cambio de situación jurídica. Al efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio sustentado en la tesis aislada número 2a. CXI/96 , que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. (..)." Ahora, los supuestos que se prevén para la actualización de dicha causal son los que a continuación se reiteran: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (o en su caso, a la emisión del acto reclamado) se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el presente controvertido constitucional, se encuentran colmadas las hipótesis previamente descritas. Ciertamente, los requisitos establecidos en los incisos a) y b) se encuentran satisfechos, al haberse gestado en la secuela procesal el cambio de situación jurídica y con posterioridad a la presentación de la demanda. Ello se afirma, con las documentales públicas remitidas por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la que se advierte que el siete de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 81), desechó el trámite de los quejosos ****, para obtener la condición de refugiados, ante la falta de interés jurídico para darle continuidad por los promoventes, debido a que los quejosos no se presentaron ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiados, y con ello encontrarse imposibilitados para continuar con el procedimiento de los mismos. Atendiendo a lo expuesto, es evidente que, se actualiza un cambio de la situación jurídica de la parte quejosa Bairon Omar Sánchez Ordóñez y Karla Patricia Borjas Banegas, por propio derecho y en representación del infante de identidad reservada B.D.S.B., quedando consumadas irreparablemente las posibles violaciones cometidas respecto de los citados actos reclamados, pues como se estableció, la afectación de la que se duele la parte quejosa, es la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual les impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP); y ello conlleva el que se regularice su situación migratoria, se les otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, existe imposibilidad de hacer un pronunciamiento al respecto, si la autoridad responsable, ante un desinterés de la propia parte beneficiada, desechó el procedimiento administrativo de donde derivaban los actos reclamados. Lo anterior, dado a que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a esos actos sin afectar la ulterior y nueva situación jurídica generada con posterioridad con motivo del auto dictado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable, desechó el trámite ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, toda vez que no se presentáron ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiado. Aspectos éstos, que llevan a determinar la actualización de las hipótesis consagradas en los incisos c) y d); a saber, que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica; toda vez que hay autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa, instó la acción constitucional, por los actos que se describen en párrafos que anteceden, los cuales son sustituidos con motivo de la emisión de la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 55 y 60), en el que la autoridad responsable, desechó el trámite de donde emanan dichos actos reclamados, ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, toda vez que no los mismos no se presentaron ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite de procedimiento de condición de refugiados, lo cual genera diversas consecuencias legales que se ven reflejadas en la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese tenor, es aplicable por las consideraciones que la rigen, la tesis I.11o.C.61 K (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4390, Undécima Época, con registro digital 2025083, del rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. (..)." En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto en lo que respecta a la parte quejosa ***, sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados. Conforme lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- (...)". Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las doce horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, comuníquesele a la autoridad responsable, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubiera requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad las remita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y a la Procuradora Regional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia adscrita al DIF Chiapas en Materia de Migrantes, y por oficio a la autoridad responsable.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para sólo que obre como corresponda el informe previo del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en esta Ciudad; toda vez que el mismo fue presentado con posterioridad a la celebración de la audiencia incidental de diez de octubre de dos mil veintitrés (fojas 47-59). DOMICILIO Respecto del domicilio procesal que señala el oficiante, no ha lugar a tenerlo por designado, en virtud que la autoridad responsable que representa tiene su domicilio oficial en esta ciudad. DELEGADOS De conformidad con el artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que indica la autoridad oficiante. MEDIOS ELECTRÓNICOS De igual manera, como lo solicita la responsable, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos de este expediente. Ello, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.T.15 K (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2007298, Libro 9, agosto de dos mil catorce, Tomo III, pagina 1560, de rubro: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).(..).". Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos. 1. Expediente Destruible. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados; este expediente es DESTRUIBLE en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que como se dijo, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I2, y 93 del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior, deberán seguirse los lineamientos establecidos en los numerales 21, 22 y 234, del acuerdo multicitado. 3. Se ordena estampar el sello de DESTRUIBLE en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 345 del acuerdo en comento. 4. Incidente conservable. El cuaderno del incidente de suspensión (negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), se considera como CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b)6 del citado Acuerdo General, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el cuaderno incidental respectivo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, será transferido al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 9 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 287 , todos del acuerdo multicitado. 5. Hágase constar en la carátula del incidente de suspensión, la leyenda "CONSERVABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 34 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia; asimismo, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, María Margarita Domínguez Vásquez, quien certifica que el presente proveído se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio que remite el Director del Área en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México; por el que remite las constancias requeridas en auto de tres ** y veintiocho *** ambos de agosto del año en curso. En consecuencia se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en sendos acuerdos. Sin que sea el caso hacer mención sobre la autorización de consulta del expediente electrónico que solicita la autoridad oficiante, toda vez que en proveídos de tres y veintiocho de agosto del presente año ***, se acordó lo conducente. Ahora bien, en atención a que el anexo remitido se ubica en el supuesto previsto en el artículo 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública1, se provee: Se ordena el resguardo de las constancias remitidas en la caja de valores que se tiene en este órgano jurisdiccional; y ordénese su registro en el control interno de documentos importantes; sin perjuicio de que dichas documentales sean valoradas en el momento de dictar la sentencia que a derecho corresponda, por lo que no serán digitalizadas dado su carácter de información clasificada; quedando su acceso restringido. Hágase del conocimiento al quejoso de la presente determinación, en el lugar de su reclusión, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social número quince "CPS CHIAPAS" y entréguesele copia de la misma. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico ****. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; al licenciado ***, Defensor Público Federal. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, Jair José Luis Mejía Corona, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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