Badir Abuchard Fagoaga

Expediente 1437/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1437/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Badir Abuchard Fagoaga

Actuaciones

  1. Principal

    EN ATENCIÓN A LAS RAZONES ACTUARIALES LEVANTADAS EL DOS DE ENERO Y OCHO DE MARZO, AMBAS DE DOS MIL VEINTITRÉS Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE PASADO, NOTIFICO ALA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la queja ********************de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión ordinaria virtual número seis de diecisiete de febrero del año en curso, resolvió: ".ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 759, al que se anexó el testimonio autorizado de la ejecutoria de mérito, así como un sobre cerrado con una memoria USB; lo anterior, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. SE DEJA MEMORIA USB A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se desprende que dentro del presente juicio obra glosada una memoria USB, que la parte quejosa anexó con su escrito presentado en fecha el veintiséis de diciembre del año próximo pasado; con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo del acuerdo antes mencionado, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger lo antes mencionado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la destrucción total de las constancias antes descritas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIEBNTE AUTO: Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés.********************Autoridad responsable informa cumplimiento********************Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro del incidente de liquidación de laudo relativo al juicio laboral número ********************.********************Vista a la parte quejosa.********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector.********************Notifíquese personalmente. ********************Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintitrés. RAZÓN ACTUARIAL Vista la razón levantada por el actuario judicial de la adscripción, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del presente juicio de amparo, por lo que se le notificó por medio de lista de tres de enero del año en curso. En consecuencia, se ordena efectuar la notificación del presente proveído, así como los subsecuentes, por medio de lista, que se fije en los estrados de este Órgano de Control Constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    EN ATENCIÓN A LA RAZÓN ACTUARIAL LEVANTADA EL DOS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO Y Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE PASADO, NOTIFICO ALA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta signado por Badir Abuchard Fagoaga; regístrese bajo el número l-1437/2022 en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán y otras autoridades, se provee sobre la procedencia de la misma. Los artículos 61, fracción XVIII, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En tanto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". (Énfasis añadido) De la interpretación de los numerales transcritos, se colige la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sea susceptible a impugnación, mediante algún medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificado, revocado o nulificado dicho acto. También, que las determinaciones del Ministerio Público relativas a la abstención de investigar, al archivo temporal de una investigación, la aplicación de un criterio de oportunidad y de no ejercer la acción penal pueden impugnarse ordinariamente a través del recurso innominado previsto en el citado numeral del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo conocimiento corresponderá a un juez de control, el cual convocará a audiencia pública en la que resolverá sobre la pertinencia de la decisión. En el particular, de manea esencial reclama la dilación y omisión de dar seguimiento a la debida integración de la carpeta de investigación 1006-2020-05665 por el delito de secuestro iniciada por la desaparición del padre del quejoso; a efecto de solicitar la orden de aprehensión en contra de los imputados Roberto Romero González y Fernando Vilchis Garfías, no obstante que existen datos de prueba que acreditan dicho delito, como la responsabilidad penal de éstos y que hasta la fecha ya han transcurrido más de dos años siete meses sin que se haya avanzado en la obtención de datos de prueba; por tanto, quien suscribe estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento al principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de defensa consistente en el recurso innominado, a través del cual podría lograrse la revocación, modificación o anulación del acuerdo impugnado. Dicho medio de defensa puede ser interpuesto por cualquiera de las partes, pues de su contenido no se desprende que su interposición esté reservada para algún contendiente en particular, como sucede en otros supuestos. La finalidad del citado medio ordinario de defensa es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; de ahí válidamente se puede concluir que la quejosa está en aptitud de inconformarse en contra de ella. No se soslaya que en el caso se trata de una omisión, sin embargo, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe encaminar la indagatoria a que se reanude y se practiquen todas las diligencias necesarias para su prosecución. Ahora, del contenido íntegro del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa no agotó el mencionado recurso, es decir que acudió directamente al juicio de control constitucional sin agotar previamente el medio ordinario de defensa. Luego, en la especie, la parte promovente del amparo tenía la carga de observar el principio de definitividad porque ya se dijo que la codificación de la materia dispone expresamente que la víctima u ofendido se encuentran legitimados para impugnar la determinación del agente del Ministerio Público ante el Juez de Control; sin que en el caso se actualice algún supuesto de excepción al principio aludido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, que refiere lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Asimismo, sustenta lo anterior, en sentido contrario, la diversa jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (11a.), también emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1841, de siguiente contenido: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley, o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta". Máxime, que sobre el acto que se combate no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Ello es así, pues en la especie no se alegan violaciones directas a la Constitución, ni el acto se reclama por falta absoluta de fundamentación, tampoco se actualiza el supuesto relativo a que no existe la obligación de agotar el recurso o medio de defensa si se encuentra previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia, porque en el caso, el medio de defensa señalado se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, no debe perderse de vista que la circunstancia que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al haberse incumplido con el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo; por tanto, se determina sobreseer en el presente juicio, con base en el diverso 63 fracción V, del propio ordenamiento legal. No pasa inadvertido para el suscrito, el contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA"; sin embargo, no es el caso de proceder en los términos que plantea ese criterio, pues como ha quedado de manifiesto, existe un recurso ordinario procedente en contra del auto que se reclama y, de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si al substanciarse el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. Por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Badir Abuchard Fagoaga, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que se indica en la demanda; asimismo, dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene como su autorizado con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la ley de la materia, a Julio Villana Ángeles, ya que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, en cambio en lo que respecta a Aurora Correa García y Antonio Canale García, no se encontró registro alguno, por lo que únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL , QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO." y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NO PROCEDE NOTIFICAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO Sin que proceda autorizarle las notificaciones a través del correo electrónico lawjuridicoviasoc@gmail.com y lawjuridicoviasoc@hotmail.com que precisa en su escrito de demanda, en atención a que la ley de la materia no contempla tal situación. No obstante, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 3, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, este órgano jurisdiccional toma nota de la dirección del correo electrónico, a fin de que el actuario de la adscripción esté en posibilidad de realizar una cita previa con el promovente a fin de que se le notifique aquellas determinaciones que lo ameriten. SE TIENE POR RECIBIDA MEMORIA USB Por último, se tiene por recibida la USB que adjuntó a la demanda de amparo, misma que se ordena resguardar en sobre, el cual se glosará en los presentes autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste..

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