Bacilio Gonzalez Alcocer
Expediente 1261/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1261/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Nava Hernandez
- Bacilio Gonzalez Alcocer
- Miguel Angel Peña Saldaña
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *********, apoderado legal de los quejosos ********Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de **********, apoderado legal de los quejosos Miguel Angel Peña Saldaña, **********, mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos. Causa de improcedencia. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo, precepto que enseguida se transcribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia I.13o.A. J/61, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, la parte quejosa, señala como acto reclamado el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio laboral **********, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que decretó auto de requerimiento de pago en contra del ayuntamiento demandado, aduciendo que la autoridad responsable fue omisa en apercibir a la demandada en términos del artículo 124, fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para el caso de no verificarse el pago y cumplimiento del laudo condenatorio. Al respecto se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" El primero de los preceptos reseñados refiere que no procede el juicio de amparo en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia; por su parte, el diverso dispositivo legal establece que el juicio biinstancial procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, precisando que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De lo expuesto se obtiene que el medio de regularidad constitucional de que se trata es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de ejecución de sentencia que no reúnan las características apuntadas. Es claro que la intención del legislador, al instaurar la regla de procedencia del juicio de amparo analizada, fue evitar, entre otras cosas, el abuso de la promoción de la acción constitucional, con el propósito de facilitar y hace más rápida la tramitación de las controversias jurisdiccionales, por eso, en el caso de las sentencias definitivas, privilegió su ejecución en observancia a la existencia de la cosa Juzgada, cuyo cumplimiento es de orden público, ya que estableció que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en esa fase. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.32/2001, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Se debe precisar que el criterio reseñado parte del estudio del artículo 114 de la legislación de la materia abrogada, empero, aun así es orientador en este caso dado que en la Ley de Amparo vigente, en específico en la fracción IV del artículo 107, el legislador de igual manera condicionó la procedencia de la acción constitucional hasta el dictado del último acto de ejecución, precisamente, con el objetivo de evitar abusos en la tramitación de la acción constitucional y mantener la disposición de orden público en el cumplimiento de las sentencias. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio laboral ********, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual se decretó requerimiento de pago contra el Ayuntamiento demandado, con la imposición de una segunda multa de 15 unidades de medida y actualización, para el caso de no verificarse el pago y cumplimiento del laudo condenatorio. Ahora bien, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, como ya se vio, debe de entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo que el acto combatido en este juicio constitucional no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, por no ser las que determina, aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquella que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de una actuación que forma parte de la ejecución de una sentencia, contra la cual sólo procede el amparo ante un juzgador constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. De tal manera que el acto reclamado no es autónomo del laudo emitido dentro del procedimiento laboral, pues el acuerdo que se reclama está directamente relacionado con la ejecución del fallo, ya que se trata de un proveído de mero trámite que no afecta materialmente derecho sustantivo alguno del quejoso para que sea considerado de imposible reparación; como consecuencia, sólo se trata de una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. De tal manera que el auto en el que la autoridad responsable requiere de pago, así como el cumplimiento de las demás prestaciones a que se condenó en el laudo en el procedimiento de origen y se apercibe con la imposición de una multa en caso de incumplimiento, establecida en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que se combate, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino por el contrario, es una actuación tendente directamente a la ejecución del laudo. De ahí que el acto mencionado no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente. Se debe precisar que, en el presente caso, no se actualiza la excepción de procedencia del amparo indirecto contra el acuerdo del presidente del tribunal responsable en que requirió de pago al demandado con apercibimiento de imponer las medidas de apremio del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado, si se considera que para calificarse como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que pudiese reclamarse como violación durante el procedimiento de ejecución que hubiere dejado sin defensa al impetrante y trascendido al resultado de la resolución conclusiva; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente al situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, la resolución de requerimiento de pago con el apercibimiento de mérito no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Tiene aplicación la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L, del Pleno del Decimoctavo Circuito, número de registro 2010430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Materia Común, Página: 1492, de rubro y texto: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Criterio que resulta de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 217, párrafo segundo de la Ley de Amparo, toda vez que fue emitido por el Pleno del Decimoctavo Circuito, con residencia, Cuernavaca, Morelos, Entidad Federativa en la que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. Asimismo se debe precisar que de la ejecutoria de amparo que dio origen a la jurisprudencia por contradicción de tesis en cita, se advierte que los asuntos analizados fueron promovidos por la parte actora en los juicios laborales de origen, como parte quejosa, en los que se señaló como acto reclamado el retardo injustificado en el cumplimiento del laudo dictado en el juicio natural, así como la omisión de decretar apercibimientos en contra de la parte demandada para dar cumplimiento al laudo respectivo. Por lo anterior, al actualizarse en el presente asunto la misma hipótesis, ya que fue la parte actora la que promovió el juicio de amparo en contra del acuerdo, por el cual se decretó auto de requerimiento de pago en contra del ayuntamiento demandado, dentro del expediente laboral 01/453/15, del índice de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aduciendo que la autoridad responsable fue omisa en apercibir a la demandada en términos del artículo 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; es así que este órgano jurisdiccional resuelva el presente asunto en los términos precisados en párrafos anteriores. Por otra parte, tiene aplicación al caso por identidad de razones, la jurisprudencia número I.6o.T. J/89, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo de 2008, Materia(s): laboral página 1482, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto". Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia I.9o.T. J/34, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 1999, página 668, cuyo rubro y texto a la letra indican: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL. De conformidad con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado el recurso de revisión contra actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no es la última dictada en ejecución del laudo ni está encaminada a cumplirlo, sino, por el contrario, remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación; por ende, el mencionado acto no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente." Además, la tesis I.13o.T.13 K, emitida por los tribunales colegiados de circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en la que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra dentro de los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución". El presente criterio es acorde con lo establecido por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver la queja 130/2019 y el amparo en revisión 841/2017, respectivamente, mediante ejecutorias dictadas el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve y veinte de febrero de dos mil veinte, en las que se resolvió atendiendo a las mismas consideraciones sostenidas en el presente asunto. En las relacionadas condiciones es evidente que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa IV, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Notificaciones electrónicas. Finalmente, dígasele que se esté a lo acordado en auto que antecede, en el que se proveyó respecto a la autorización del usuario, correo electrónico y número telefónico que proporciona; no obstante, como lo solicita, se autoriza que las notificaciones se le realicen de manera electrónico, en el nombre de usuario que señala. Notifíquese personalmente vía electrónica.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otra parte, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que la autoridad responsable, no ha dado cumplimiento al fallo amparador. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias con las que acredite el cabal cumplimiento del fallo amparador; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica, con evidencia criptográfica que certifica la firma de ****************, quien se ostenta como apoderada legal de **********, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, personalidad que refiere tiene acreditada en el expediente laboral de donde emana el acto reclamado, asimismo, anexa la constancia relativa. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1261/2020 y fórmese expediente. Reserva. Ahora bien, es de precisarse que el veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, emitieron la Circular CAP/3/2020, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", derivado de la situación por la que se atraviesa respecto de la pandemia, donde se determinó que se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Por lo que únicamente se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad y aquellos que atendiendo a su naturaleza se consideren de trámite prioritario o se presenten en el línea y que permitan que el procedimiento se desahogue de esa manera. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se determinó que se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia y que esta medida tendrá vigencia del veintiuno de diciembre de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Adicional a ello, es de precisarse que en el mencionado Acuerdo General 13/2020, en el capítulo IV denominado: "Reglas específicas para los órganos jurisdiccionales que conozcan de asuntos penales", el artículo 4, en su parte final, y el artículo 24, disponen: "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. La calificativa de "urgente" constriñe a los órganos jurisccionales a continuar con la tramitación y eventual decisión de un expediente mientras ésta se mantenga. Para ello, serán las y los titulares quienes califiquen la urgencia de un asunto para continuar su conocimiento bajo ese supuesto, con independencia de que eventualmente pudiera cesar el sentido de inmediatez que haya justificado la admisión de la solicitud, demanda, recurso o promoción bajo el supuesto que se desarrolla, y sin que esto impida que, de ser el caso, ese expediente pueda eventualmente encontrarse en el supuesto de resolución de los asuntos tramitados físicamente y listos para sentencia, o en el de tramitación y resolución de los juicios en línea." "Artículo 24. Dentro de los asuntos ya radicados y que conforme al artículo anterior deberán continuare atendiendo pese a no calificarse como urgentes en términos del artículo 4, se destacan enunciativamente algunos que se deben priorizar: ".II. En los juzgados de Distrito que conozcan de amparo penal, los asuntos donde se reclamen: a) Órdenes de aprehensión; b) Aseguramiento de cuentas; c) Actos que impliquen una afectación directa o indirecta a la libertad personal dentro del procedimiento (tales como los derivados de solicitudes de revisión de medida cautelar de prisión, de libertad provisional, o para hacer efectivo un beneficio de ejecución de pena que suspenda la privación de libertad); d) Actos que impliquen una afectación a los derechos de menores de edad o de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria; y e) Aseguramiento de bienes y actos que priven de la posesión de un inmueble, que constituyan el hogar del quejoso." En consecuencia, tomando en consideración que en la demanda que nos ocupa se reclama de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, relativo al requerimiento de pago con apercibimiento de multa y no de destitución del cargo a la parte demandada, dictado dentro del juicio laboral de origen, se estima que el presente asunto no se encuentra en algunos de los supuestos de urgencia o que pudiese considerarse prioritario, y si bien se promovió la demanda vía electrónica, no se dan los supuestos que permitan que el procedimiento se desahogue de esa manera (juicio en línea), ya que el promovente no solicitó que se le practicaran las notificaciones de manera electrónica en algún usuario debidamente registrado en el Sistema del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 12 del citado Acuerdo General 13/2020; por tanto, se reserva proveer sobre su admisión o desechamiento, hasta en tanto se reanuden las actividades jurisdiccionales y los plazos a que se refiere la circular anteriormente invocada. Notifíquese.
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