Azuriel Martínez Alonso
Expediente 399/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Azuriel Martínez Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Vistos; por cuanto de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada hubieran interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días, es de estimarse que consintieron tácitamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta, signado por José Espinoza Gutiérrez, en su carácter de autorizado del quejoso Azuriel Martínez Alonso, en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo; en atención a su contenido y como lo solicita, téngasele revocando el domicilio que tiene señalado en autos para oír y recibir notificaciones, así como a las personas autorizadas en su escrito inicial de demanda, proporcionando como nuevo domicilio para los referidos efectos oír y recibir, el ubicado en calle cinco de febrero, número trescientos uno, letra "A", interior 2, colonia Cinco Señores, en la ciudad de Oaxaca. Ahora bien, no ha lugar a tener por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, en virtud que de conformidad con el citado numeral, no está legitimado para delegar facultades en otra persona. Cierto, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Amparo, la autorización en materia de amparo tiene fines estrictamente procesales, ya que como la norma lo dispone, el quejoso puede autorizar a cualquier persona para que actúe en su representación y desarrolle los actos que resulten necesarios para la defensa de sus derechos. Así, las facultades conferidas al autorizado en amparo son solamente para la representación procesal del quejoso, sin que la autorización se traduzca en una delegación de los derechos del justiciable. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, que aparece publicada en la página 372 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Por otra parte, en el escrito de cuenta el mencionado autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, promueve incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, relacionado con el cumplimiento que el juez responsable dio a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, por notoriamente improcedente, no ha lugar a tramitar dicho incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión. En efecto, el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, regulado por los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, tiene como objeto determinar si la autoridad responsable dio cumplimiento o no a la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; no así analizar si la ejecutoria de amparo fue cumplida por la responsable en sus términos. Lo anterior, pues para ello se encuentra estipulado en la ley de la materia, un diverso incidente. Por lo tanto, por notoriamente improcedente, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha de plano el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta, signado por José Espinoza Gutiérrez, en su carácter de autorizado del quejoso Azuriel Martínez Alonso, en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo; en atención a su contenido y como lo solicita, téngasele revocando el domicilio que tiene señalado en autos para oír y recibir notificaciones, así como a las personas autorizadas en su escrito inicial de demanda, proporcionando como nuevo domicilio para los referidos efectos oír y recibir, el ubicado en calle cinco de febrero, número trescientos uno, letra "A", interior 2, colonia Cinco Señores, en la ciudad de Oaxaca. Ahora bien, no ha lugar a tener por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, en virtud que de conformidad con el citado numeral, no está legitimado para delegar facultades en otra persona. Cierto, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Amparo, la autorización en materia de amparo tiene fines estrictamente procesales, ya que como la norma lo dispone, el quejoso puede autorizar a cualquier persona para que actúe en su representación y desarrolle los actos que resulten necesarios para la defensa de sus derechos. Así, las facultades conferidas al autorizado en amparo son solamente para la representación procesal del quejoso, sin que la autorización se traduzca en una delegación de los derechos del justiciable. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, que aparece publicada en la página 372 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Por otra parte, en el escrito de cuenta el mencionado autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, promueve incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, relacionado con el cumplimiento que el juez responsable dio a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, por notoriamente improcedente, no ha lugar a tramitar dicho incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión. En efecto, el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, regulado por los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, tiene como objeto determinar si la autoridad responsable dio cumplimiento o no a la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; no así analizar si la ejecutoria de amparo fue cumplida por la responsable en sus términos. Lo anterior, pues para ello se encuentra estipulado en la ley de la materia, un diverso incidente. Por lo tanto, por notoriamente improcedente, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha de plano el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, residente en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en su carácter de tercero interesado en el presente juicio, mediante el cual manifiesta su conformidad con el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que las partes quejosa y tercera interesada, no realizaron manifestación alguna respecto a la vista otorgada con el cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, y este órgano jurisdiccional procede a analizar si la ejecutoria de amparo, se encuentra o no cumplida. Ahora bien, toda vez que de las constancias de autos revelan que en la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional resolvió: ". ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso Azuriel Martínez Alonso, en contra del acto que reclama del juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Región de la Cuenca con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el siete de julio de dos mil veinte, en la causa penal 110/2020, únicamente en la parte en que la responsable consideró que el hecho que la ley señala como delito de extorsión fue cometido bajo la agravante contemplada en el artículo 383 Bis, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, esto es, por la vía telefónica; así como en contra de la resolución de la misma fecha, en que se impuso al quejoso como medida cautelar la prisión preventiva de carácter definitiva; para el efecto que se precisa en el último considerando de esta resolución.." Los efectos precisados en el fallo protector fueron concedidos para que la responsable, juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Región de la Cuenta, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, procediera en los términos siguientes: ". Lo antes expuesto, impone conceder el amparo solicitado por el quejoso José Alfonso Padilla Rodríguez, para los siguientes efectos: 1. Que el juez responsable reitere los razonamientos que realizó en donde estimó acreditado el hecho que la ley señala como delito de extorsión, en la causa penal 110/2020, del índice del Juzgado de control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Región de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 2. Tomando en consideración los razonamientos expuestos en la última parte del considerando cuarto de esta resolución, con libertad de jurisdicción, funde y motive porqué el medio comisivo en la ejecución de la acción rectora del tipo penal, fue la vía telefónica, y no una conducta ulterior y accesoria, o actos secundarios. 3. Una vez realizado lo anterior, con libertad de jurisdicción, dicte nuevamente la resolución relativa a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el agente del Ministerio Público. ." El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió a la responsable su cumplimiento. En acatamiento a la ejecutoria de mérito, mediante oficio PJEO/CJ/JCMPTU/1011/2021-J, de trece de abril de dos mil veintiuno, el juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, informó que en esa misma fecha, en la causa penal 110/2020, se celebró la audiencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en la que luego de analizar si el hecho que la ley señala como delito de extorsión, fue cometido por la vía telefónica, concluyó que el citado hecho se cometió, pero no en su modalidad telefónica, por lo que decretó auto de vinculación a proceso a AZURIEL MARTÍNEZ ALONSO, por el hecho que la ley sanciona como constitutivo del delito de EXTORSIÓN, cometido en perjuicio patrimonial de la víctima de identidad reservada con iniciales V.M.V. Asimismo, el trece de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable dictó nuevamente la resolución relativa a la imposición de una medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada a AZURIEL MARTÍNEZ ALONSO, en la causa penal 110/2020, solicitada por el agente del Ministerio Público, resolviendo lo siguiente: ". PRIMERO. Se impone como medida cautelar al imputado AZURIEL MARTÍNEZ ALONSO la prisión preventiva de manera justificada y a petición de parte y de carácter definitiva, la cual durará el tiempo que dure su proceso sin que ello pueda exceder del plazo previsto por el artículo 20 apartado B fracción IX de la Constitución Federal, salvo que su prolongación se deba al ejercicio de su defensa de dicho imputado. SEGUNDO. Tomando en consideración que dicho imputado se encuentra privado de su libertad en el centro penitenciario varonil de Tanivet, Oaxaca, siendo dicho reclusorio que fue proporcionado la anuencia de cupo por parte del Director General de Reinserción Social, es por ende que la medida cautelar que se ha impuesto en esta audiencia a dicho imputado, este deberá de continuar en el referido centro penitenciario, esto en atención a los argumentos y fundamentos que se han hecho patente en esta audiencia. ." En las relatadas consideraciones, debe estimarse cumplida la sentencia ejecutoria pronunciada en el presente juicio de control constitucional, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, 192 y 196 de la Ley de Amparo en vigor. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, para los efectos legales consiguientes; asimismo, realícense las anotaciones en el libro respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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