Azul Analay Benitez Pérez
Expediente 142/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Azul Analay Benitez Pérez
- Juez Primero de Distrito En el Estado de Zacatecas
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda el oficio 3544/2016 que suscribe el actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Zacatecas, mediante el cual transcribe el proveído de veintisiete de abril del año en curso, emitido en los autos del amparo directo civil 365/2016-1, del que se desprende que acusa recibo del juicio de amparo 142/2016, del índice de este juzgado y que dicho Tribunal asumió el conocimiento de dicho juicio. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico; por ende destruible.
- Principal
Vista; la demanda de amparo presentada por Azul Analay Benítez Pérez, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales, el Juez acuerda: De la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, reclama la promovente, la sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, emitida por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, dentro del juicio oral mercantil 38/2015. Así las cosas, se afirma que contra dicha determinación es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la Protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas; por lo que, en el presente asunto, el acto reclamado consistente en la sentencia definitiva emitida por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dentro del juicio oral mercantil 38/2015, es una determinación que pone fin al citado juicio y, respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada, en virtud que el artículo 1390 bis del Código de Comercio, es claro al establecer que contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el precepto constitucional ya mencionado y el 170, de la Ley de Amparo, procede contra ella el juicio de amparo directo. Apoya las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.6o.C.21 C (10a.), publicada en la página tres mil trescientos cincuenta y tres del Libro 26, enero de dos mil dieciséis, tomo IV, materia Constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL PREVER QUE CONTRA LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN AQUÉL NO PROCEDE RECURSO ORDINARIO ALGUNO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EXPEDITEZ CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI EL PRECEPTO 1, NUMERALES 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Conforme al artículo 1390 Bis del Código de Comercio, las resoluciones que se emiten durante el procedimiento oral no son impugnables a través de un recurso ordinario. Sin embargo, esta disposición no vulnera el principio de expeditez contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el contrario, ante la celeridad que requiere el juicio oral, el legislador consideró dar firmeza a las resoluciones del Juez, para que el procedimiento no se vea detenido por la interposición de recursos ordinarios; sin que las partes queden en estado de indefensión, ni se viola el derecho a contar con un recurso sencillo y eficaz contra las resoluciones jurisdiccionales, pues finalmente las partes, en los juicios orales, tienen acceso al juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa que resulta eficaz para restituir a los gobernados en el goce de los derechos que se les hubieren violado. Así, el hecho de que las normas que rigen al juicio oral mercantil dispongan que en este tipo de procedimiento no procede recurso ordinario contra las resoluciones emitidas en él, no transgrede los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna, ya que para impugnar la sentencia definitiva que se emita en esta clase de juicios, el particular cuenta con el juicio de amparo directo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, así como 170 a 191 de la Ley de Amparo. De manera que si en la legislación mexicana se encuentra previsto el mencionado medio extraordinario de defensa para impugnar el fallo emitido en el juicio oral mercantil, tampoco se infringe el artículo 1, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En efecto, en virtud de que el Estado Mexicano, al contemplar el amparo directo para impugnar la sentencia definitiva que se emita en el juicio oral mercantil, cumple con la responsabilidad de suministrar recursos judiciales efectivos y, consecuentemente, con la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la indicada convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado es una determinación que pone fin al juicio oral mercantil de origen, por lo que se declara incompetente de plano para conocer de la demanda de amparo en cuestión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso a) de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda promovida por Azul Analay Benítez Pérez, contra actos de la Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle del Ángel número treinta y ocho guión "A" (38-A), zona centro, en Guadalupe, Zacatecas y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Adrián Alejandro Domínguez Rubio.
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