Azucena González Sánchez

Expediente 2260/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2260/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Azucena González Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MEDIANTE OFICIO SE TIENE A LA AUTORIDAD ENCARGADA DEL CUMPLIMIENTO INFORMANDO QUE SE ENCUENTRA EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO, COMUNICADO QUE SE ORDENA AGREGAR A AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA.-

  2. Principal

    Del estado de autos se aprecia, que en proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el oficio remitido por el Coordinador de la Unidad de Concentradora de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en el que adjuntó entre otras constancias, copia certificada de los citatorios de quince de diciembre de dos mil veintidós y actas de los emplazamientos de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós realizados a los demandados dentro del juicio laboral ********************, a lo que se provee: En efecto, el sobreseimiento ha sido conceptualizado por la doctrina como el acto a través del cual se da por concluido un proceso sin que se haga un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo por falta de alguno de sus elementos constitutivos de carácter fundamental, o bien, por el surgimiento de una circunstancia que hace imposible o innecesario el análisis de la acción ejercitada (juicio de amparo). También debe precisarse que en las diversas ramas procesales el sobreseimiento se decreta en el momento mismo en que se actualiza la causal correspondiente, ya que ésta impide la continuación del procedimiento relativo, lo cual significa que el sobreseimiento da por concluido el procedimiento sin que se haga pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo debatida. El juicio de amparo no es la excepción para decretar el sobreseimiento en el momento mismo en que se actualice una causal de improcedencia, con la única condicionante de que ésta sea notoria, manifiesta e indudable, pues como se ha mencionado, el sobreseimiento da fin al procedimiento y, por ello, debe decretarse tan luego como aparezca la causal correspondiente, ya que ningún objetivo práctico tendrá continuar con un procedimiento que ha muerto. Se hace indispensable puntualizar que el sobreseimiento en el juicio de garantías se encuentra contemplado en la fracción XIV del artículo 107 Constitucional y de manera más específica en los artículos 63 y 81, fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo. Por su parte, del texto de la fracción I incido d) del artículo 81 antes referido, se advierte que el sobreseimiento puede ser decretado, inclusive, a través de un auto y no necesariamente a través de la sentencia que se emita una vez celebrada la audiencia constitucional. Ahora bien, las causales de improcedencia se dice que son notorias, manifiestas e indudables cuando saltan a la vista de la simple lectura de las constancias de autos y por más elementos de pruebas que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerán. De explorado derecho resulta que para decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, las causales que sirvan de apoyo para ello, necesariamente, deben reunir tales características, es decir, deben ser manifiestas, notorias e indudables, pues de lo contrario el juzgador estará obligado a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada. De igual manera, del contenido de la fracción I inciso d) del artículo 81, se revela que el sobreseimiento del juicio de garantías, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la audiencia constitucional, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Con lo que se evidencia la intención del legislador de que los Jueces no continúen con un juicio que no va rendir frutos cuando se actualicen causales con las características antes precisadas. De lo que se sigue que el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional, es legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley. Luego, es evidente que resulte factible decretar el sobreseimiento del juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, con la única condición de que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de las pruebas que pueda aportar al juicio el reclamante de garantías no se altere el resultado del fallo. Lo anterior es así, ya que en casos como el que se alude ningún efecto práctico tiene obligar al Juez de Distrito esperar a que se celebre la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se tenga que emitir una sentencia en sentido diverso. En las relatadas circunstancias debe arribarse a la conclusión de que en los casos en que, como en la especie, las causas de improcedencia son notorias, manifiestas e indudables, de suerte que con ningún elemento de prueba se pueda desvirtuar esa situación, es procedente decretar el sobreseimiento del juicio de garantías sin necesidad de esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia; además de que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y como se ha dicho con anterioridad, obligar al juzgador a esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De aplicación al caso resulta la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 10/2003, consultable en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, bajo el rubro y texto que rezan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Precisado lo anterior, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando exista un cambio de situación jurídica y que el acto reclamado se considere consumado de modo irreparable. De un análisis integral de la demanda relativa a este juicio de amparo, se precisa que el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en: La falta de emplazamiento en los términos marcados por la Ley Federal del Trabajo a las fuentes de trabajo demandadas en el juicio de origen. Lo que en la especie ya aconteció, como se advierte de las constancias certificadas que remitió la autoridad responsable y de las que destacan: copia certificada de los citatorios de quince de diciembre de dos mil veintidós y actas de los emplazamientos de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós realizados a los demandados dentro del juicio laboral ********************. Documentales que, ponderadas a la luz de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria a la Ley de Amparo, merecen valor probatorio pleno, en virtud de tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, se arriba a la convicción de que al haber emitido el auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós se ordenó el archivo del expediente 082/2021-K como asunto concluido, resulta evidente que existe un cambio de situación jurídica; por lo que se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis XIV.1o.13 K publicada en la página mil doscientos treinta y cinco, del tomo XII, correspondiente al mes de abril del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia comprendida en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo con fundamento en el numeral 63, fracción V de la legislación de amparo. En mérito de lo anterior, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que estaba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    (AVISO PRINCIPAL) POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL PERITO OFICIAL EL AUTO DE DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE PROVEYÓ: Téngase por recibido el escrito suscrito por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, a través del cual exhibe pruebas en el presente juicio de garantías constitucional, consistentes en la publicación del nueve de mayo de 1941 del Diario Oficial, a través del cual se emite en el apartado "Departamento Agrario" el decreto en donde se dota de ampliación de tierras a favor del Ejido "El Colly", así como el plano certificado que abarca dichas tierras y la publicación de dos de junio de 1939 del Diario Oficial, a través del cual se emite en el apartado "Departamento Agrario" el decreto en donde se dota de ampliación de tierras a favor del Ejido "El Colly", así como el plano certificado que abarca dichas tierras; en consecuencia; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tienen por anunciadas en tiempo y forma las pruebas que indica en su ocurso, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se ordena dar vista con el escrito de cuenta y las documentales allegadas al perito oficial , a fin de se imponga de su contenido. En el entendido de que del estado de autos se advierte que se encuentran pendientes de recibir las documentales por parte del Registro Agrario Nacional.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó diferir la audiencia constitucional y por un error involuntario este Juzgado señaló como nueva fecha las diez horas con treinta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el presente procedimiento y se DIFIERE la audiencia constitucional que fue señalada para el día veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Ahora bien, téngase por recibido el oficio signado por el Coordinador de la Unidad de Concentradora de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual se rinde el informe justificado requerido; en consecuencia, agréguese a los autos para conocimiento de las partes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el aludido informe, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley que rige la Materia, se le tiene ofreciendo como prueba documental, la copia certificada que adjunta a su oficio de cuenta, lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Con el contenido del informe justificado y las constancias de mérito dese vista a las partes, por el término de ocho días, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso concreto, la tesis número XX.I.2°.16 K, de la Novena Época, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia(s): Común, página 1081, cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." Igualmente, resulta ilustrativa por las consideraciones que la contienen, la Tesis Aislada número I. 5°.C.2 K, de la Novena Época, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, cuyo rubro señala: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.". Ahora bien, toda vez que de las documentales que acompañó al oficio previamente recibido, se advierte que el presente juicio de amparo pudiese encuadrar en la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, con relación a la diversa fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable remite copias certificadas de las actas y citatorios del quince de diciembre de dos mil veintidós y los emplazamientos realizados el dieciséis de diciembre del mismo año, dentro del juicio laboral 685/2021/1-F, cuya omisión constituye el acto reclamado en esta instancia; consecuentemente, con fundamento con el numeral 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena dar vista a la parte quejosa con las referidas constancias, a efecto de que dentro del término de tres días, que alude el artículo 64, segundo párrafo, de la ley de la materia, exprese lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no formular manifestación alguna al respecto, se le tendrá por conforme con lo manifestado por la autoridad responsable y proveerá lo conducente.

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