Azucena del Rocio Medina Orellana
Expediente 2390/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2390/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Azucena del Rocio Medina Orellana
- Azucena del Rocio Medina Orellana y Otros.
- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ciudad de mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 41458, remitido por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual rinde informe en relación al estado procesal del juicio de amparo 1979/2022 de su índice; en tal virtud, agréguese solo para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se archivaron las actuaciones del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 61995/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual se le remitió el original del presente asunto y lo registro bajo el número 1979/2022 de su índice, proveyendo lo conducente. En virtud de lo anterior, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, fracción I, inciso j), de dicho Acuerdo, al haberse declinado competencia para conocer del juicio; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Nora Hilda Luna Lugo, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, ténganse por recibidos los oficios 66458/2022 y 67865/2022 procedentes del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, por medio de los cuales remiten las constancias relativas al exhorto 300/2022/V/A, con número de orden 410/2022; en tal virtud, téngase a la autoridad oficiante devolviendo diligenciado el exhorto de trato al localizar en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, a los quejosos Azucena del Rocío Medina Orellana, Ronny Francisco López Sánchez, Orlando Roberto Castro Carrasco, Claudio Josué Barzola Esquivel, Rubén Anselmo Piedra Herrera, Jefferson Javier Víctor Argudo y Gilson Fernando Lazo Sánchez; por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro cuatro de juzgado correspondiente al registro de comunicaciones oficiales enviadas y dese de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, visto el estado que guardan los autos y de la demanda de garantías promovida por Fernando Romero Malpica Aguilar, en favor de Azucena del Rocío Medina Orellana, Ronny Francisco López Sánchez, Orlando Roberto Castro Carrasco, Claudio Josué Barzola Esquivel, Rubén Anselmo Piedra Herrera, Jefferson Javier Víctor Argudo y Gilson Fernando Lazo Sánchez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, y otras autoridades; registrada la misma en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 2590/2022-V, por ser el ordinal progresivo que le correspondió. Previo pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el juicio de amparo indirecto por el numeral 37 de la Ley de Amparo, lo correcto es establecer si este órgano de control constitucional tiene competencia para conocer del asunto. Es conveniente precisar que los preceptos 37 y 48, párrafo primero de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." De los artículos transcritos, se puede advertir que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. El concepto de competencia en sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de nuestra Carta Magna, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo expuesto y la doctrina, podemos distinguir los siguientes criterios de competencia: 1. Por materia. 2. Por territorio. 3. Por cuantía. 4. Por grado. 5. Inicial. 6. Derivada. Así las cosas, en el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se estima aplicable al presente asunto. La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. En las relatadas condiciones, se estima que de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, tratarse de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que dicha ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107 del tomo I, junio de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Debe destacarse que en el caso a estudio, la parte quejosa reclama las violaciones en que incurren las autoridades responsables en la detención en la estación migratoria de la Ciudad de México, quienes fueron localizados en acciones de verificación Migratoria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En esas condiciones, con apoyo en lo establecido por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta y por ende se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en turno, con sede en Ciudad de México, por considerar que es quien debe conocer del asunto, mismo que de conformidad con lo señalado por el numeral 48 antes citado, deberá informar si acepta o no la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda que se ordena remitir; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio 1872/2022, signado por la responsable Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Río Bravo, por medio del cual informó el cumplimiento dado al fallo protector, por su parte Antonio Juárez López, representante especial del menor quejoso de iniciales X.O.M., mediante escrito recibido en auto de treinta de agosto del año en curso, manifestó estar conforme con dicho cumplimiento; sin que el resto de las partes hayan realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Bajo esa premisa normativa, el seis de junio del año en curso, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, la cual tuvo como trascendencia jurídica que la responsable Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Río Bravo, realizara lo siguiente: La autoridad responsable deje sin efecto el acto reclamado, y dice otro en el que observe el siguiente lineamiento. Partiendo de la consideración que en acatamiento del interés superior del menor, la convivencia no se pueden suspender, salvo por los motivos y condiciones establecidas por la ley, se pronuncie nuevamente respecto de la solicitud de la quejosa con relación a la celebración de las convivencias ordenadas, así como con relación a la falta de cumplimiento a las mismas y la solicitud de hacer efectivos los medios de apremio decretados en su contra debido al incumplimiento señalado; con libertad de jurisdicción resuelva lo correspondiente a derecho sobre lo peticionado. Bajo los lineamientos de la ejecutoria mencionada, mediante oficio 1872/2022, signado por la responsable Juez de Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Río Bravo, remitió las copias certificadas relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las copias certificadas a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintidós de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable en cita, emitió un acuerdo dentro del juicio ordinario civil sobre perdida de patria potestad y custodia definitiva 742/2018, en el que dejó insubsistente el acto reclamado de cuatro de mayo del año en curso y se pronunció respecto a la celebración de las convivencias ordenadas en dicho juicio, así como respecto a las medidas de apremio que se harán efectivas en caso de incumplimiento. Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad responsable ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos en que le fue requerido, pues se le restituyó en el pleno goce del derecho violado, y se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido.
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