Azol Rossainzz Estrada, apoderado legal

Expediente 786/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
786/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
29/09/2017

Partes del expediente

  • José Paz Reyes Palacios
  • Azol Rossainzz Estrada, apoderado legal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer el recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201, fracción I, de la ley en comento, contra el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (1721 a 1725); por tanto, se declara que el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo promovido por el apoderado legal de José Paz Reyes Palacios, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es depurable por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo, deberá desincorporarse materialmente la demanda y sentencia que obran en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Por otra parte, aun y cuando los documentos exhibidos por el apoderado del quejoso José Paz Reyes Palacios, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele comparezca a este Juzgado Federal para que en término de noventa días, comparezca en día y horas hábiles a recoger los documentos exhibidos en su libelo constitucional, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del cauerdo del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Visto el estado procesal de autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer el recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201, fracción I, de la ley en comento, contra el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (1721 a 1725); por tanto, se declara que el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo promovido por el apoderado legal de José Paz Reyes Palacios, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es depurable por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo, deberá desincorporarse materialmente la demanda y sentencia que obran en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Por otra parte, aun y cuando los documentos exhibidos por el apoderado del quejoso José Paz Reyes Palacios, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele comparezca a este Juzgado Federal para que en término de noventa días, comparezca en día y horas hábiles a recoger los documentos exhibidos en su libelo constitucional, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  3. Principal

    El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: ... El plazo que se concede a la autoridad responsable para acatar el fallo protector obedece a que el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo permite considerar un tiempo prudente para que se ejecuten las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, pues señala que siempre que "la naturaleza del acto lo permita" se lleven a cabo dentro de la temporalidad de veinticuatro horas, lo que significa, en sentido contrario, que si la naturaleza del asunto requiere un mayor esfuerzo, podrá concederse discrecionalmente un plazo superior a las veinticuatro horas; de ahí que se justifique que en el presente caso, ante la naturaleza del acto, la autoridad responsable cuente con tres días hábiles para cumplir a partir de que cause ejecutoria este fallo constitucional. ... En auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete se tuvo al representante legal del quejoso José Paz Reyes Palacios. interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, remitiéndose en el recurso de referencia al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito el trece de febrero de dos mil diecisiete y, en auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete la superioridad informó que se admitió dicho recurso radicándose bajo el número 96/2017. En siete de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito remitiendo copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, en el expediente auxiliar R-427/2017 de su índice, que deriva del recurso de revisión 96/2017 remitido por el aludido Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, así como el original del juicio de amparo 786/2016-II, del índice de este Juzgado Federal. Consecuentemente, se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo al Tribunal responsable, en cumplimiento al fallo protector dictado en autos, remitiendo copia certificada de la resolución de once de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 01/2002-A de su índice, en ese contexto, en la misma fecha, se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Ahora, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en el acuerdo de referencia; con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. En ese sentido, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 11766, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución dictada el once de agosto de dos mil diecisiete en el expediente laboral 01/2002-A; el cual, en la parte que interesa menciona: ... Documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En las relatadas circunstancias, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el tribunal responsable: Dejará insubsistente la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/2002-A, de su índice; y en su lugar, dictara una nueva interlocutoria de liquidación de laudo, en la que: Reitere lo que no es materia de la concesión del amparo y, una vez que realizara las operaciones aritméticas correspondientes, condenara a las demandadas al pago de la cantidad de $173,304.99 (ciento setenta y tres mil trescientos cuatro pesos 99/100 moneda nacional), por concepto de aumento retroactivo de la pensión por cesantía otorgada a José Paz Reyes Palacios. Y del anexo que remitió el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que: En la resolución de once de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral 01/2002-A de su índice, dejó insubsistente la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/2002-A, de su índice; y en su lugar, dictó una nueva resolución, en la que: Reiteró lo que no es materia de la concesión del amparo y, una vez que realizó las operaciones aritméticas correspondientes, condenó a las demandadas al pago de la cantidad de $173,304.99 (ciento setenta y tres mil trescientos cuatro pesos 99/100 moneda nacional), por concepto de aumento retroactivo de la pensión por cesantía otorgada a José Paz Reyes Palacios; y, Como consecuencia, al existir aumentos generados desde la resolución interlocutoria de liquidación (treinta de mayo de dos mil dieciséis) a la fecha en que dicto el incidente de liquidación de mérito, se calculó el aumento retroactivo de la pensión que se le viene pagando al actor en el juicio natural José Paz Reyes Palacios; conforme a la proporción a los aumentos porcentuales al salario mínimo, establecidos por el tabulador de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que serán aplicados al concepto de Salario Base mensual; arrojando un total $3,061.83 (tres mil sesenta y un pesos 83/100) por concepto de pensión por vejez, por lo que de la suma de dichas cantidades, arrojó un total por concepto de aumento retroactivo de pensión por la cantidad de $205,022.41 /doscientos cinco mil veintidós pesos 41/100 M.N.); En consecuencia, condenó a las demandadas Secretaria de Gobierno, Dirección de Vialidad y Seguridad Pública, Departamento o Unidad Administrativa de la Policía Industrial Bancaria, Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y a Pensiones Civiles del Estado a pagar a favor del actor José Paz Reyes Palacios la cantidad de $205,022.41 /doscientos cinco mil veintidós pesos 41/100 M.N.), por concepto de aumento retroactivo de pensión, así como a las prestaciones que fue condenado en el laudo de veintiuno de septiembre de dos mil siete; Por tanto, resulta evidente que se acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes quejosa y terceros interesados la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

  4. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: ... El plazo que se concede a la autoridad responsable para acatar el fallo protector obedece a que el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo permite considerar un tiempo prudente para que se ejecuten las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, pues señala que siempre que "la naturaleza del acto lo permita" se lleven a cabo dentro de la temporalidad de veinticuatro horas, lo que significa, en sentido contrario, que si la naturaleza del asunto requiere un mayor esfuerzo, podrá concederse discrecionalmente un plazo superior a las veinticuatro horas; de ahí que se justifique que en el presente caso, ante la naturaleza del acto, la autoridad responsable cuente con tres días hábiles para cumplir a partir de que cause ejecutoria este fallo constitucional. ... En auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete se tuvo al representante legal del quejoso José Paz Reyes Palacios. interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, remitiéndose en el recurso de referencia al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito el trece de febrero de dos mil diecisiete y, en auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete la superioridad informó que se admitió dicho recurso radicándose bajo el número 96/2017. En siete de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito remitiendo copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, en el expediente auxiliar R-427/2017 de su índice, que deriva del recurso de revisión 96/2017 remitido por el aludido Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, así como el original del juicio de amparo 786/2016-II, del índice de este Juzgado Federal. Consecuentemente, se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo al Tribunal responsable, en cumplimiento al fallo protector dictado en autos, remitiendo copia certificada de la resolución de once de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 01/2002-A de su índice, en ese contexto, en la misma fecha, se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Ahora, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en el acuerdo de referencia; con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. En ese sentido, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 11766, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución dictada el once de agosto de dos mil diecisiete en el expediente laboral 01/2002-A; el cual, en la parte que interesa menciona: ... Documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En las relatadas circunstancias, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el tribunal responsable: Dejará insubsistente la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/2002-A, de su índice; y en su lugar, dictara una nueva interlocutoria de liquidación de laudo, en la que: Reitere lo que no es materia de la concesión del amparo y, una vez que realizara las operaciones aritméticas correspondientes, condenara a las demandadas al pago de la cantidad de $173,304.99 (ciento setenta y tres mil trescientos cuatro pesos 99/100 moneda nacional), por concepto de aumento retroactivo de la pensión por cesantía otorgada a José Paz Reyes Palacios. Y del anexo que remitió el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que: En la resolución de once de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral 01/2002-A de su índice, dejó insubsistente la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/2002-A, de su índice; y en su lugar, dictó una nueva resolución, en la que: Reiteró lo que no es materia de la concesión del amparo y, una vez que realizó las operaciones aritméticas correspondientes, condenó a las demandadas al pago de la cantidad de $173,304.99 (ciento setenta y tres mil trescientos cuatro pesos 99/100 moneda nacional), por concepto de aumento retroactivo de la pensión por cesantía otorgada a José Paz Reyes Palacios; y, Como consecuencia, al existir aumentos generados desde la resolución interlocutoria de liquidación (treinta de mayo de dos mil dieciséis) a la fecha en que dicto el incidente de liquidación de mérito, se calculó el aumento retroactivo de la pensión que se le viene pagando al actor en el juicio natural José Paz Reyes Palacios; conforme a la proporción a los aumentos porcentuales al salario mínimo, establecidos por el tabulador de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que serán aplicados al concepto de Salario Base mensual; arrojando un total $3,061.83 (tres mil sesenta y un pesos 83/100) por concepto de pensión por vejez, por lo que de la suma de dichas cantidades, arrojó un total por concepto de aumento retroactivo de pensión por la cantidad de $205,022.41 /doscientos cinco mil veintidós pesos 41/100 M.N.); En consecuencia, condenó a las demandadas Secretaria de Gobierno, Dirección de Vialidad y Seguridad Pública, Departamento o Unidad Administrativa de la Policía Industrial Bancaria, Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y a Pensiones Civiles del Estado a pagar a favor del actor José Paz Reyes Palacios la cantidad de $205,022.41 /doscientos cinco mil veintidós pesos 41/100 M.N.), por concepto de aumento retroactivo de pensión, así como a las prestaciones que fue condenado en el laudo de veintiuno de septiembre de dos mil siete; Por tanto, resulta evidente que se acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes quejosa y terceros interesados la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

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