Azcuy Delgado Yobanys

Expediente 403/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
403/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Azcuy Delgado Yobanys

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido... este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden... háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA II. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE CRHISTOPHER MICKELL LAVOIGNET BRIZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AZCUY DELGADO YOBANYS, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por ***, al estimar que el acto reclamado es de naturaleza penal; al respecto, se acuerda: COMPETENCIA... se acepta la competencia declinada por la autoridad suscriptora para conocer de la demanda de amparo presentada por ***, contra actos de la Comisionado del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, la suscrita se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo. RADICACIÓN... regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 403/2019-II-A, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE..." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que ***, señala como acto reclamado: "[.] la amenaza de detención ilegal y arbitraria, orden de detención, deportación, o inminente expulsión, del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, a *** [.] Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el promovente señala lo siguiente: ". 1.- El quejoso ***, de nacionalidad cubana ingresó a esta Ciudad, el día de ayer veintiuno de mayo del presente año. 2.- El día de ayer veintiuno de mayo del presente año, se encontraba transitando por las calles de la Roma de esta Ciudad, cuando personal del Instituto Nacional de Migración le pidió de forma violenta que se identificara, lo cual hizo con el pasaporte mencionado, en párrafos anteriores, al percatarse que era de nacionalidad cubana, sin ninguna explicación ni justificación, lo amenazaron si lo volvían a ver sería deportado sin importar su situación migratoria era de turista." Así debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual manera el artículo 6 del citado ordenamiento legal estable: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". En ese orden de ideas, debe decirse que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, consiste en que éste nunca puede iniciarse oficiosamente, sino que es indispensable que lo promueva la persona que vea afectada su esfera jurídica con motivo del acto de autoridad, esto es, que sólo puede surgir a la vida jurídica mediante el ejercicio de la acción, que en el caso es la acción constitucional. Este principio fundamental está contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el cual como se precisó dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley o acto que se reclame, en la inteligencia que esa persona puede actuar por sí misma o por medio de alguien que adquiere la calidad de parte formal. Por tanto, los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial (presentación de la demanda y ampliación de la misma si la hubiera), son exigibles al actor, esto es, al titular del derecho de acción o a su representante legal (no autorizado), la cual solamente puede ser instaurada directamente por la parte quejosa o por su representante legal, en los casos que específicamente señala la ley. En el caso, lo que se reclama es la amenaza de detención ilegal y arbitraria, orden de detención, deportación, o inminente expulsión, del territorio nacional, a ***. Y si bien, tratándose de este tipo de actos (deportación o expulsión), el artículo 15 de la Ley de Amparo, menciona que el juicio de amparo podrá promoverse por cualquier otra persona en su nombre, incluso menor de edad; esto será siempre que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. El artículo en cita establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Sin embargo, en el caso, del contenido íntegro de la demanda de amparo, no se advierte dato alguno que evidencie que el directo quejoso o agraviado se encuentre imposibilitado para promover el juicio de amparo, incluso, de los antecedentes narrados, se advierte que el quejoso transita libremente por la Ciudad, pues señala que tiene la calidad de turista. Así las cosas, si la demanda fue promovida por ***, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra los actos consistentes en la amenaza de detención ilegal y arbitraria, orden de detención, deportación, o inminente expulsión, del territorio nacional, a *** y no se advierte dato alguno que revele la imposibilidad del directo quejoso para acudir por propio derecho a pedir el amparo y protección de la Justicia Federal y tampoco se acredita que el promovente ***, tenga el carácter de apoderado legal de ***; por lo que, resulta inconcuso que el promovente carece de legitimación para ocurrir en amparo en su nombre. Lo anterior es así, ya que como se itera, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, además de contar con la firma autógrafa de la quejosa o, en su caso, de su representante legal (circunstancia que tampoco acreditó el promovente) y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo. Al respecto, no se soslaya que si bien el promovente manifiesta que el directo quejoso se encuentra imposibilitado para hacerlo, lo cierto es que no manifiesta algún dato objetivo que permita acreditar dicha circunstancia y así presumir que se encuentra en los supuestos de excepción previstos en el artículo 8 y 15 de la Ley de amparo. Por tanto, es indudable que el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, pues como se dijo, el promovente no está legitimado para promover en nombre de Azcuy Delgado Yobanys, ni se advierte que el directo quejoso esté imposibilitado para firmar la demanda. Por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, promovida por Crhistopher Mickell Lavoignet Briz, en representación de Azcuy Delgado Yobanys, por los motivos expuestos. DOMICILIO DEL PROMOVENTE Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para recibir notificaciones del promovente la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado y como autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos a Crhistopher Mickell Lavoignet Briz, Manuel Valencia Luna y Julia Anell Martínez Merino, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la ley de la materia, de la ley de la materia, por no contar con registro ante el sistema descrito en la certificación secretarial de cuenta. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales...

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